Los ilícitos admitidos van desde la estafa hasta la usurpación agravada y el nombramiento indebido de cargo público.  (Ilustración: El Comercio)
Los ilícitos admitidos van desde la estafa hasta la usurpación agravada y el nombramiento indebido de cargo público. (Ilustración: El Comercio)
Ana Bazo Reisman

Al menos 8 personas que postulan a gobiernos regionales para las han declarado una o más sentencias penales en sus hojas de vida. Se trata de candidatos a las jurisdicciones de Lima, Ica, Madre de Dios, Moquegua, Tacna, Tumbes, Junín, Ucayali y Puno.

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Originalmente, 13 figuran con este tipo de procesos, pero dos candidatos declararon haber sido absueltos y tres precisaron que hubo reserva de fallo condenatorio. Los ilícitos admitidos van desde la estafa hasta la usurpación agravada y el nombramiento indebido de cargo público. Otros 17 aspirantes declararon demandas civiles.

Regulación y filtros

La especialista en temas electorales Ana Neyra Zegarra explicó que si bien la impide desde el 2020 la postulación de condenados en primera instancia por delito doloso, existen excepciones por las cuales la restricción no les afecta. Es el caso de quienes ya cumplieron la pena, siempre que esta no corresponda a delitos de violación sexual, corrupción, narcotráfico o terrorismo. Cabe recordar que la , del 2018, agregó candados para que condenados y rehabilitados por esos delitos graves no puedan aspirar a cargos de elección popular.

“Los únicos casos en los cuales el impedimento se mantiene luego de cumplida la pena es cuando son casos de corrupción o de ciertos delitos graves que ha definido la norma. Entonces, quienes han cumplido la pena, si no son esos delitos graves, no tienen ningún impedimento para postular. También están los casos que se llaman ‘de reserva del fallo condenatorio’. Ahí lo que ocurre es que el juez determina que no tiene que haber propiamente una condena porque encuentra otro mecanismo de remedio”, precisó Neyra.

Entre los candidatos que registraron condenas, uno no consignó la información en el campo requerido por el formato de hoja de vida que establece el Jurado Nacional de Elecciones. Dimas Aliaga, postulante del sillón regional de Junín por el movimiento Caminemos Juntos por Junín, colocó los datos poco detallados sobre su sentencia penal por “daños al Estado” en el campo de “información adicional”. Dicha práctica se produce también en algunos candidatos con sentencias civiles.

“Como no hay una regulación y es un espacio en blanco, en realidad los candidatos ponen lo que sea en ‘información adicional’. Hay que tomar en cuenta que los procesos en trámite, incluso penales, no tienen que ser declarados obligatoriamente. Por eso, a veces, lo incluyen ahí, pero sin necesariamente un detalle. Las sentencias firmes no deberían ir en información adicional, sino en el campo de condenas”, dijo Ana Neyra a este Diario. La especialista añadió que todos los procesos penales, incluidos los que no estuviesen sentenciados, debería pasar al campo obligatorio por una cuestión de transparencia.

Al respecto de lo señalado, identificamos el caso de Wilfredo Oscorima, exgobernador que postula por la región Ayacucho y que fue sentenciado en el 2015 a cinco años de prisión por el delito de negociación incompatible. En su hoja de vida para el próximo proceso electoral, Oscorima Núñez no indicó haber tenido ese proceso, del que fue absuelto dos años después de recibir condena.

De otro lado, en Amazonas figura como candidato Gilmer Horna, quien fuera gobernador de esa misma región y cuyas empresas fueron intervenidas por la Fiscalía en el 2018, en el marco de una investigación por el delito de lavado de activos. Horna tampoco consigna haber sido investigado en ningún campo de su declaración ante el JNE.

La precariedad en los partidos

Para el director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta Castilla, el filtro moral debería tener un peso importante a nivel de organizaciones políticas para definir listas de candidatos. Recordó el caso de Jaime Rodríguez Villanueva, quien fue sentenciado por nombramiento indebido del cargo público cuando era gobernador regional de Moquegua, puesto y región a los que postula nuevamente para el 2022 con el movimiento político Kausachun.

“Aunque se trate de personas rehabilitadas, preocupa la calidad de los estándares que manejan los partidos. También qué va a pasar con el electorado, que puede terminar acogiendo a personas con registros tan serios en su pasado. Recordemos cómo respondió el electorado con el candidato Rodríguez, cuando este en la campaña del 2014 dijo que ‘robaba en carretilla’ y aun así fue elegido. La precariedad de las organizaciones políticas y la responsabilidad del electorado son dos elementos clave”, estimó.

De los 17 postulantes a gobernadores que declararon sentencias civiles, 11 de ellos especificaron que estas fueron impuestas por omisión de asistencia familiar o pensión de alimentos. Para Rotta, resulta necesario un debate sobre si este tipo de situaciones debería ameritar restricciones o impedimentos para las postulaciones.

“Es algo recurrente y serio. La hoja de vida ha tratado de recogerlo de manera informativa, pero hasta ahí llegó. Pero sí ameritaría una mayor reflexión o discusión que ahí apliquen impedimentos. En tanto, estamos hablando de restringir un derecho político, requiere un amplio debate. Creo que es algo que no se debería pasar por alto”, estimó.

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