“El poder ha sido tomado por personas que han venido a saquear al Estado”

— Un día después de autorizar la formación de un equipo especial de Inteligencia en la PNP, que tenía como tarea buscar y capturar a los prófugos allegados al presidente Castillo, Mariano González fue retirado del cargo de ministro del Interior. ¿Esta medida constituye una obstrucción a la justicia de parte del mandatario?

En realidad, la forma como se dio la salida del exministro del Interior y el haber hecho público, en un medio de comunicación, las razones por las que se le había retirado del cargo han merecido una enérgica comunicación de la Defensoría del Pueblo, porque el presidente de la República tendría que explicar en qué circunstancias se dio. El hecho de designar ministros es una facultad presidencial, es un acto discrecional, pero no puede ser un acto arbitrario. Y por eso exigimos que legal y moralmente, el presidente explique [al país sus razones]. Nosotros saludamos que la fiscal de la Nación ya haya iniciado una investigación, luego de oír la declaración del exministro. Este es un tema grave porque se une a una serie de hechos de corrupción, en el que están involucrados familiares [de Castillo], el ex secretario general de la Presidencia [Bruno Pacheco] y el exministro de Transportes y Comunicaciones [Juan Silva] que son muy cercanos al presidente de la República.

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—¿El equipo especial de la PNP, que coordina el coronel Harvey Colchado, debe continuar funcionando y no ser alterado en su composición? ¿Por qué?

En realidad para la Defensoría del Pueblo es una garantía que estos oficiales, que tienen expertise en la materia, puedan dar una colaboración al Ministerio Público para cumplir con su objetivo. Y el objetivo ha sido la captura de estas personas que están involucradas con actos de corrupción. En ese sentido, podría reforzarse el equipo, pero de ninguna manera desarticularlo. Una desarticulación ya podría ser entendida como una señal de no querer que realmente se cumpla con el objetivo, que es la captura de estas personas y que, finalmente, puedan cumplir con dar cara a la justicia.

—El presidente Castillo, lejos de brindar explicaciones sobre la salida de González, ha referido que “ministro o ministra que no trabaja, se tiene que ir a su casa”. ¿Cómo evalúa el manejo de esta nueva crisis de parte del Ejecutivo? ¿Ha sido transparente?

Para la Defensoría del Pueblo, hubiera sido aconsejable, habiendo salido el exministro González minutos después [de su remoción a denunciar], que el presidente dé una explicación al país sobre las razones por las que esta persona fue retirada, el país merecía una explicación de parte del presidente, la han dado los ministros, y en algún momento el abogado del mandatario, pero esto deja una sensación de mayor estela de dudas sobre lo que podría estar tratándose. Ya son siete ministros del Interior y el tema crucial en el país es la inseguridad ciudadana. Por ahí también han venido las explicaciones de que [González] no habría cumplido con acciones de lucha contra la inseguridad. Sin embargo, el propio exministro ha dado cuenta que en una sesión [del Gabinete] trató de explicar cuál era su plan.

—González acusó de obstrucción a la justicia al presidente. También dijo que no tenía dudas del “compromiso” que tiene Castillo “con la corrupción”. ¿Comparte esta postura?

Es una acusación gravísima la que hace el exministro del Interior en contra del presidente, sabemos que el Ministerio Público ha cambiado su posición respecto a la investigación que se le debe seguir [a Castillo] desde el fiscal Pablo Sánchez, ahora con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y eso dará la garantía de que realmente se pueda hacer una investigación al presidente en funciones, y se reserve —cuando Castillo deje [el poder]— la acusación si es que hay elementos. Como es una acusación tan grave, los recaudos que vayan a darse, las pruebas que vayan a generarse, tienen que estar dentro de estos procesos penales. Y hay que señalar que no son procesos desvinculados, porque el exministro cuenta que habría una injerencia [del presidente] para obstruir las acciones de la Policía Nacional en apoyo al Ministerio Público en las pesquisas sobre el Puente Tarata, la reuniones en la casa de Sarratea, y el ascenso en las Fuerzas Armadas, Entonces, sí, es absolutamente grave lo que ha señalado el exministro [González].

—Durante los últimos seis meses, el gobierno de Castillo destituyó al procurador general y luego presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo sancionar penalmente la difusión de información de una investigación. Esto último en el contexto en que se le abrió una pesquisa por presunta organización criminal. ¿El presidente está utilizando su poder como parte de su defensa legal?

Bueno, en el tema del exprocurador Soria, la Defensoría del Pueblo lo ha señalado firmemente, era la persona que estaba haciendo las investigaciones como le corresponden por encargo de sus funciones y fue cesado. En la elección de los procuradores, el estándar del mérito debe primar, porque la actual procuradora [María Aurora] Caruajulca no tiene esa actividad proactiva para ejercer su rol. Para resolver el tema de fondo desde la Junta Nacional de Justicia se debería elegir a los procuradores del Estado.

[…] Evidentemente hay un correlato en lo que estas medidas significan respecto a las investigaciones por actos de corrupción [del presidente]. Y no estamos hablando de actos de corrupción que estén alejados de Palacio de Gobierno, sino son actos de corrupción que engloban a la familia del presidente, a su secretario general, a ministros, e, inclusive, a algunos congresistas. Es una situación muy grave y todo lo que se pueda hacer desde el Ejecutivo puede ser leído como un aprovechamiento del poder.

—La Defensoría del Pueblo ha realizado un informe de balance sobre el primer año del mandato de Castillo. Y una de sus conclusiones es que el “principal problema” del gobierno “es el escaso esfuerzo para erradicar la corrupción”. ¿Esto no deslegitima a la administración al mandatario?

Ese es un tema que la Defensoría del Pueblo, incluso, lo advirtió, en un pronunciamiento, antes de que el señor Castillo [jure como] presidente. El 21 de julio de 2021 salió un pronunciamiento, donde se le saluda y felicita por haber sido elegido presidente de la República, pero al mismo tiempo le hacíamos referencia a que tenía que contar con personas idóneas [para su gobierno], que tenía que encarnar la lucha contra la corrupción, y que tenía que dirigir las políticas públicas por el bien común de todos. Lamentablemente, a un año de aquel pronunciamiento, vemos que los ministros, por ejemplo, no han sido elegidos bajo parámetros de idoneidad, meritocracia, muchos de ellos han estado vinculados a investigaciones por pertenecer a Sendero Luminoso, o por haber hecho proclamas [a favor de este grupo terrorista]. Otros tenían sentencias por haber incumplido con [sus] niños, niñas y adolescentes, o por maltrato a las mujeres.

Hemos llegado a un año con cerca de 60 ministros y la población le ha exigido [al presidente] la salida de personas que no tenían competencias, pero muchas veces quiénes los reemplazaban tenían peores credenciales. Y [el problema] no solo es idoneidad, porque, por ejemplo, Silva dijo que tenía credenciales para ser ministro de Transportes y Comunicaciones, porque tenía su licencia de conducir. Y esta persona, luego hemos visto está involucrada en gravísimos hechos de corrupción. Entonces, sí, nos hace pensar que el poder ha sido tomado por un conjunto de personas que han venido a saquear al Estado.

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—Y desde el inicio del gobierno de Castillo, su institución ha advertido que el Ejecutivo no cumple con “los requisitos de idoneidad” para designar a altos funcionarios. Pese a ello, continúan con esta tara. ¿El gobierno no tiene capacidad de autocrítica?

Efectivamente, el 4 de agosto [del año pasado], enterados ya de su primer Gabinete, se le hace llegar una comunicación, en la que se le hace ver que la lucha contra la corrupción es el primer ámbito que tiene el presidente para encarnar, es la persona que debía liderar esta lucha, y no lo hizo. Hemos visto como sucesivamente se ha ido nombrando a ministros que no han dado la talla para conducir las políticas. Entonces, advertimos que la lucha contra la corrupción no ha sido un tema prioritario para el presidente. Es más, hoy, a casi un año [del inicio de su mandato] estamos viendo que el presidente está involucrado en actos de corrupción, y eso es muy dañino para la democracia y para la institucionalidad.

[…] También tenemos otros temas que están en rojo. Por ejemplo, no ha habido una estrategia nacional para el manejo de la conflictividad social. Tenemos 207 conflictos, 56 son nuevos, de su gestión, la mayoría por temas mineros. No ha habido grandes proyectos de inversión que puedan salir en este año, Las Bambas sigue en una negociación difícil, el corredor minero del sur es un problema que está latente. Los principales problemas del país no están siendo tratados.

—El Ministerio de Agricultura ha sido incapaz de llevar a cabo con éxito un proceso de licitación para la compra de urea. Están en la tercera convocatoria. ¿Cuál será el impacto de la crisis alimentaria en el Perú? ¿Estamos mínimamente preparados?

Va a ser un impacto brutal y eso lo hemos advertido hace unos meses, cuando el primer ministro [Aníbal Torres] señaló que acá no íbamos a pasar hambruna y que estemos tranquilos. Obviamente, hay una crisis mundial, y esta se asocia a la pandemia. Y a esto se une la crisis institucional de no tener la capacidad de responder a estos problemas, vamos en el tercer proceso, que si sale exitoso, podríamos tener la urea, los fertilizantes para fines de agosto, o inicios de setiembre, meses en los cuales la campaña agrícola 2022-2023 ya ha iniciado. Estamos hablando de personas que se dedican a la agricultura pequeña, de sobrevivencia, también de aquellos nutren los mercados nacionales y si no tenemos una campaña, no solamente va a impactar sobre ellos, sino en la alimentación de la población. Se estima que en el país 15 millones de personas vamos a tener que sufrir el hambre. Y esta segunda reforma agraria [impulsada por Castillo], a la fecha, no tiene ningún norte y vemos como el agro es sacudido por esta crisis mundial y la falta de decisiones objetivas que resuelvan el problema.

—¿Existe un deterioro de la libertad de expresión? ¿Le preocupa esta situación?

Sí, definitivamente existe un deterioro y creemos que la mayor muestra ha sido justamente el planteamiento de este proyecto de ley [mordaza], frenar que la información de una investigación sea fuente para los medios de comunicación, penalizar ello ya es una expresión de cómo es que todo aquello que la Defensoría del Pueblo iba viendo, los ataques a los hombres y mujeres de prensa, no dar conferencias, tener una actitud hostil, se [convirtió] en un tema concreto.

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—El Congreso, bajo la conducción de María del Carmen Alva, aprobó una contrarreforma a la Sunedu, y ha blindado al excontralor Edgar Alarcón, al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, y también a Manuel Merino. Incluso, a este último lo homenajeó. ¿Cómo evalúa el rol del Parlamento?

Nosotros hemos visto que hay muchos retrocesos en materia de derechos humanos que vienen precisamente del Congreso, uno de ellos es la llamada Ley Sunedu. En este caso en concreto, el Ejecutivo sí hizo las observaciones para que no se promulgue esta ley, sin embargo y habiendo un amparo que salió [el último miércoles], se ha publicado la norma. Un grupo de congresistas va a presentar una acción de inconstitucionalidad, también hay una iniciativa ciudadana en ese camino, nosotros estamos trabajando en un amicus curiae, que es un escrito, a través del cual, damos argumentos al Tribunal Constitucional para que pueda pronunciarse. Y si nos preocupa cómo esta contrarreforma va a impactar en la calidad de la educación universitaria.

—¿Y cuál es su postura sobre el blindaje y homenaje a Merino?

Antes del homenaje al señor Merino, nosotros hemos sido muy críticos sobre cómo lo han blindado en el Congreso para que él no sea incluido en la investigación fiscal por la posible cadena de mando en los hechos ocurridos el 14 de noviembre de 2020. Este tema se va a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nosotros vamos a intervenir, va a haber una petición de los ciudadanos. El día 21 de julio me he reunido con las personas que quedaron afectadas en su salud [a raíz de las protestas del 14-N], ellos también quieren ir por esa vía. Ahí hay un tema de fondo, porque es el Ministerio Público el que debía determinar si hubo o no responsabilidad penal y no tener esa definición en el Congreso. Dicho esto, hacer un homenaje a una persona que ha estado en una gestión que ha sido bastante controvertida por estos hechos del 14 de noviembre [de 2020], es un homenaje que para nosotros no tiene ningún sentido.

—Proética consideró que se debe dar una salida, por vías constitucionales, del presidente Castillo y convocar de inmediato a elecciones generales. ¿Es esta la ruta para salir de la crisis?

En realidad sobre la ruta [de salida a la crisis] estamos hablando hace mucho tiempo en el país, se ha hablado de la renuncia, que es una posibilidad que no ha tomado el presidente de la República, hay [una nueva moción de] de vacancia [que se busca] plantear, hay una acusación constitucional, el tema está en el Congreso. Obviamente, un adelanto [de elecciones generales] necesitaría de un acuerdo político. Sin embargo, también desde la Defensoría del Pueblo advertimos que un adelanto en las propias condiciones en las que está el sistema político, no garantizaría en lo inmediato una salida para tener una mejor elección.

Pero sin duda, las cosas han llegado a tal nivel a un año del gobierno del señor Castillo que tiene que buscarse una salida dentro de los mecanismos legales y constitucionales que existen, porque si no, se estaría poniendo en riesgo es no tengamos la capacidad de resolver en democracia una crisis tan grave como la que tenemos.

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—Cuando usted asumió el cargo de defensor del Pueblo en funciones dijo que la sola renuncia de Castillo era la solución. ¿Al día de hoy, continúa pensando eso?

No, en realidad, yo señalé que la sola renuncia no era la solución, porque había que ver la sucesión [constitucional] y precisamente hoy en día que claro, estamos al cierre de una legislatura [en el Congreso] y de un cambio en la Mesa Directiva, ese es el tema de fondo. Si el señor [Castillo] renunciará o lo vacarán, ¿quién quedaría de presidente? ¿La señora Boluarte, quien también tiene una acusación constitucional, que ya le han dado luz verde en el Congreso? Sale ella, ¿quién entra? ¿Vamos a esperar a que entre la próxima Mesa Directiva? Ahí nuestro consejo institucional es que las decisiones se tomen por el país, desligándose de los intereses personales, partidarios, y que haya esa grandeza de quienes tienen que decidir y que se decida lo mejor por el país.

—Un sector de la oposición en el Congreso rechaza el discurso “que se vayan todos”. Pretenden, ante una eventual salida de Castillo y Boluarte, que solo se realicen elecciones de una nueva fórmula presidencial. ¿Qué tipo de consecuencias puede traer este escenario? ¿Se puede repetir un 14-N con mayor magnitud?

Yo partiría por lo último que dije, las decisiones se tienen que pensar por el país, por el interés general y no con los acomodos políticos, hoy el país lo que necesita es una mirada mucho más grande, no de quiénes se quedan, quiénes se van, porque efectivamente la población tiene tal nivel de frustración y degaste por la falta de una salida es tan amplio que muchas voces se pronuncian por eso, “que se vayan todos”, el cambio de la Constitución, pero en el fondo estamos en una situación en la que no hay un curso de acción. Entonces, si hay un curso de acción tiene que ser pensando en el interés general de la población, en cómo vamos a salir de esta crisis, y si se tienen que ir todos, tendrían que tomar la decisión de hacerlo, de hacerlo por el país y muchos congresistas se han pronunciado en esa línea. Sin embargo, el escenario es tan complicado, que lo que necesitamos en el Congreso y, en este momento en que hay un tránsito a una nueva Mesa Directiva, es que haya mucha prudencia, mucha ponderación, mucha serenidad para poder tomar la mejor decisión por el país.

— ¿El primer paso es la salida del presidente Castillo? ¿O tiene que ser un paso conjunto, tras un acuerdo político entre el Ejecutivo y el Congreso?

Mira, la renuncia [del presidente Castillo] siempre es una posibilidad que está abierta, es un acto de voluntad, porque si el señor renuncia destraba las posibilidades para resolver la crisis, pero se lo han pedido en todos los tonos y no lo hace suyo. Más bien, él cree que hay una afectación hacia su persona, que hay un sector que está en contra de él. Si no hay ello [la renuncia], nosotros sí creemos que hay mecanismos constitucionales y legales que están en el Congreso.

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—¿Estaría abierta a respaldar una eventual vacancia presidencial?

En realidad, a nosotros no nos corresponde respaldar la vacancia, hay un anuncio [de una nueva moción] de vacancia con lo que ha denunciado el exministro González. Sin embargo, ahí en la vacancia hay un tema muy difuso, la vacancia por incapacidad moral permanente, entonces lo que nosotros vemos es que hay una sucesión de hechos que lindan con temas graves de corrupción que van con la criminalidad, pero ahí habría que buscar fórmulas que le den la legitimidad al Congreso, o sea las investigaciones preliminares que está haciendo la fiscal de la Nación, porque esas las va a tener que reservar. Sin embargo, cómo es que esos actos podrían comprometer a una decisión de una vacancia presidencial […] No es un solo hecho, hay varias investigaciones que se están dando, y la última tendría que ver, más bien, con actos del propio presidente que estarían influyendo en que estas investigaciones no vayan.

—La fiscal de la Nación ordenó abrir una nueva investigación preliminar al presidente Castillo. Esta vez por el presunto delito de encubrimiento personal. Es la quinta pesquisa activa que enfrenta el mandatario en menos de un año en el poder. ¿Su permanencia en Palacio de Gobierno es insostenible?

En realidad es una sucesión de hechos, no es un hecho que nos haga ver que no hay una continuidad, ya son cuatros pesquisas y ahí nosotros valoramos bien que el Ministerio Público lo haya investigado, porque la fiscal Zoraida Ávalos señaló que todo eso se debía investigar al final del mandato [de Castillo, en el 2026]. Entonces, esto abre una posibilidad de investigación y de reserva de la acusación para cuando deje de ser presidente, esa es la vía penal. Pero lo que tiene que construir el Parlamento es si esas cinco pesquisas, con los informes que podría tener el Ministerio Público, ya darían pie para una vacancia.