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El abogado Erasmo Reyna difundió ayer una “carta de Alan García a la opinión pública, sobre las razones del pedido de asilo a la República Oriental de Uruguay”. En ella, su patrocinado ─el ex mandatario─ insiste en que en el Perú hay una supuesta “persecución política” y califica de abusivos los procedimientos penales.
La misiva está suscrita con el nombre del ex jefe de Estado, quien se encuentra desde la noche del sábado 17 de noviembre en la residencia del embajador de Uruguay en Perú, Carlos Barros, a la espera de una respuesta a su solicitud de asilo diplomático a ese Gobierno.
Para el ex canciller Eduardo Ferrero, Alan García, en su condición de protegido del gobierno uruguayo, “no debería estar haciendo pronunciamientos políticos”, como el difundido ayer por el abogado del ex mandatario.
El artículo XVIII de la Convención sobre Asilo de Caracas (1954) dice explícitamente que “el funcionario aislante no permitirá a los asilados practicar actos contrarios a la tranquilidad pública, ni intervenir en la política interna del Estado territorial”.
Ferrero remarcó a El Comercio que, si bien García aún no tiene la condición de “asilado”, puesto que todavía no se resuelve su pedido, ya se encuentra precisamente bajo la protección del gobierno uruguayo y por tanto las autoridades peruanas no tienen injerencia alguna sobre él.
“El espíritu es que, estando ya en esa situación, él no debe hacer actividades políticas [y] su pronunciamiento es político, y en consecuencia está alterando ─por lo menos─ el principio básico de que el asilado no puede hacer pronunciamientos”, sostuvo Eduardo Ferrero al respecto.
El ex canciller indicó que “si uno es protegido” por un determinado gobierno “no puede estar al mismo tiempo haciendo política” puesto que “se contradice”. “Se supone que está protegido por el gobierno extranjero, pero no para que haga política en territorio o en residencia del gobierno extranjero”, acotó Ferrero.
Similar posición tuvo el internacionalista Juan Velit, quien destacó que de llegar a confirmarse que la misiva es de autoría de Alan García se estaría yendo contra este artículo. Velit subrayó que una vez que una persona solicita asilo “no puede dirigir ningún documento que esté en contra de la situación política interna del país”.
“Y una vez que se le otorgue el asilo, él no puede dar declaraciones políticas. Eso es explícitamente el convenio de 1954”, advirtió.
La carta pública fue difundida ayer en la cuenta de Twitter del abogado de Alan García, Erasmo Reyna.
Velit hizo hincapié en que internacionalmente la figura jurídica del asilo “busca preservar la situación política de los asilados físicamente y también ideológicamente”.
“Pero, además de ello, ─refirió─ se tiene la intención de que el país en el cual ha vivido el asilado no sea afectado porque el asilado puede empezar una campaña en el extranjero contra el país para volver”.
“Entonces, la manera de preservar al país es que [el asilado] ya no realice una comunicación ni de tipo oral ni de tipo escrita”, complementó.
El ex canciller Eduardo Ferrero y el internacionalista Juan Velit coincidieron en que la carta pública de ex presidente Alan García ─difundida ayer─ iría contra la Convención de Asilo de Caracas. Y que esto, a su vez, podría jugarle en contra frente a su solicitud de asilo diplomático.
“Puedo creer que el gobierno uruguayo va a tomar de manera prolija toda la documentación que le acerque el gobierno peruano y toda la información que tenga a través de su embajada. Y si evidentemente este documento lo ha firmado el señor García, ello podría conspirar en contra”, aseveró Velit.
“Le puede jugar en contra. [Uruguay] Debe tomar en cuenta que al hacer pronunciamientos políticos [García] está violando un principio establecido en la misma Convención de Caracas del 54, que usa el Gobierno de Uruguay para así tener derecho de calificar como país asilante”, aseveró Ferrero.
El Comercio intentó comunicarse con el abogado de Alan García, pero no respondió los mensajes.
