Tuesta sostiene que inmunidad no debe ser para protección de delitos

El presidente de la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política, Fernando Tuesta, aseveró que la inmunidad parlamentaria "no debe ser para la protección de delitos", sino para el ejercicio de la función parlamentaria. El también ex jefe de la ONPE dijo ser partidario de regular y acotar esta prerrogativa de los congresistas.

"Hay que hacer los ajustes en la inmunidad parlamentaria para que realmente sea una inmunidad para el ejercicio de la función y no para la protección casi genérica, arbitraria, de delitos como estamos viendo ahora", sostuvo en una entrevista con RPP la noche de este miércoles. 

"Creo que sería bueno regularla, acotarla y que no quede como una protección indebida que además daña la imagen del Congreso", agregó.

Tuesta indicó que el grupo de trabajo que preside no busca ir contra el Congreso ni contra los partidos políticos. Explicó que se busca plantear proyectos que permitan mejorar el sistema político y para ello se hará uso de diversos informes trabajados en el Parlamento con este fin en los últimos años.

"Nosotros, como metodología, en primer lugar, vamos a revisar todas las propuestas y proyectos que han sido presentados en nuestro país, digamos, desde el informe del Gobierno de Transición de Reforma de Henry Pease el 2001 hasta el proyecto de reforma de la congresista Patricia Donayre hace un par de años. Todo eso son insumos para nuestro trabajo", manifestó.

"Nosotros no vamos a hacer una reforma contra el Congreso, contra los partidos; al contrario", indicó.

Como se recuerda, el sábado el Gobierno oficializó la creación de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política con el objeto de proponer las normas orientadas a la implementación de la reforma política.

La Resolución Suprema Nº 228-2018-PCM nombra al politólogo Fernando Tuesta como presidente de la Comisión de Alto Nivel, que estará integrada además por los académicos Paula Muñoz, Milagros Campos, Jessica Bensa y Martín Tanaka.

Cabe destacar que este grupo de trabajo tiene el encargo de entregar al jefe del Estado diversas propuestas de reforma política que puedan ser enviadas al Congreso en la siguiente legislatura que arranca en marzo del 2019, para lo cual tendrán poco más de dos meses de trabajo.