Consejo para la Reforma de Justicia: ¿Cuáles son los principales puntos del acta suscrita?

Las autoridades del Consejo para la Reforma de Justicia, que se reunieron el último martes por casi tres horas en Palacio de Gobierno tras haber sido convocados por la presidenta Dina Boluarte, suscribieron al final de la sesión la “Declaración por la justicia”. En este documento incluyeron compromisos y cuatro acuerdos a mediano plazo.

En la reunión, además, de Boluarte Zegarra participaron los titulares del Poder Judicial, Javier Arévalo; fiscalía de la Nación, Juan Carlos Villena; Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia; Junta Nacional de Justicia (JNJ), Antonio de la Haza; Contraloría, Nelson Shack; y Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor.

También estuvieron presentes el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, y el ministro de Justicia y DD.HH., Eduardo Arana.

El presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), no estuvo presente, a pesar de integrar el consejo. El parlamentario se encuentra en Cusco cumpliendo con la semana de representación.

Fuentes del Ejecutivo indicaron a El Comercio que Soto envió un oficio excusándose de asistir, pero no precisaron el motivo.

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En un breve pronunciamiento, tras el encuentro, la presidenta Boluarte dijo esperar que se pueda alcanzar “esa reforma de justicia de acceso a la población, quienes son los que exigen celeridad en los casos que se llevan a cabo dentro de la Fiscalía y el Poder Judicial”.

Este miércoles, El Comercio tuvo acceso a la “Declaración por la justicia”, que fue suscrita por todos los integrantes del consejo, excepto el titular del Parlamento.

En este documento, las altas autoridades del Estado reafirmaron su “respeto a la autonomía e independencia del Poder Judicial y de los organismos constitucionales autónomos” que forma parte del conclave.

Esto da en el marco de un conflicto que aún está latente entre la JNJ y el Congreso. Un sector de este poder del Estado intenta llamar a un pleno extraordinario para someter a debate y votación una moción de la bancada Renovación Popular que tiene como objetivo destituir a los siete integrantes de la junta por haber suspendido a Patricia Benavides, ex fiscal de la Nación.

También cabe recordar que el Ministerio Público, a fines de diciembre, rechazó las nuevas facultades que el Ejecutivo otorgó a la Policía Nacional para que puedan investigar delitos por cuenta propia.

En aquella oportunidad, la institución, que dirige Villena, por medio de un comunicado remarcó que es la fiscalía la titular de la acción penal y criticó que no haya sido convocada por el gobierno para emitir una opinión institucional.

“El Ministerio Público precisa que la potestad policial de la investigación del delito, consagrado en el artículo de 166 de la Constitución Política, no puede ser interpretado aisladamente y está vinculado con el inciso 4 del artículo 159 de la citada norma, la cual expresa que la Policía Nacional del Perú está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público”, subrayó.

Y hace una semana, el presidente del Poder Judicial advirtió que le preocupaba las propuestas de reforma del sistema de justicia en el Congreso.

En la “Declaración por la justicia” se acordó emitir un informe de diagnóstico general y específico por parte de las “instituciones integrantes del consejo”.

Además, al cierre del primer semestre de este año, el consejo deberá presentar una serie de “propuestas articuladas para combatir la corrupción en el sistema de justicia” que apunte a “reducir drásticamente las pérdidas que tiene nuestro país a consecuencia de la corrupción”.

También le encargó a la secretaría técnica del consejo la formulación de un proyecto de ley que modifique la norma N°30942 para establecer que la presidenta de la República será la titular del Consejo de la Reforma del Sistema de Justicia “con carácter permanente”.

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Nueva reunión en marzo

El ministro de Justicia y DD.HH., Eduardo Arana, informó en RPP Noticias, en la víspera, que la próxima reunión del consejo se realizaría a más tardar en la primera o segunda semana de marzo.

Reconoció que este organismo había caído en “un congelamiento temporal”, tras no haber sido convocado durante dos años.

“Lo que queremos es que la justicia no espere, como otros años, a que se haga trabajos de dos o tres años”, aseveró.

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Arana remarcó, además, que “la reforma de justicia no es solamente del Congreso”, al ser consultado sobre la moción multipartidaria que busca formar un grupo que realice una propuesta en ese sentido.

“La reforma de justicia no es solamente del Congreso y tampoco es solo de los órganos de justicia. El sistema tampoco lo es el Poder Judicial y el Ministerio Público, debe estar la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional, debe merecer el aporte de todas las instituciones y poderes del Estado, debe ser un trabajo complementario”, sostuvo.