Manuel Merino: La seguridad policial como expresidente demandó más de S/277 mil al Congreso

A pesar de que solamente ejerció la Presidencia de la República entre el 10 y 15 de noviembre de 2020, el acciopopulista Manuel Merino de Lama tiene un amplio resguardo de la Policía Nacional. Esta protección comenzó en mayo de 2021, cuando aún era parte del Congreso complementario que funcionó hasta julio de ese año.

Desde entonces hasta octubre último, el Congreso ha desembolsado S/277,962 (S/9,233 en promedio por mes) para cubrir la movilidad y el racionamiento de los 10 agentes PNP que cuidan a Merino de Lama, quien aún es investigado preliminarmente en la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de homicidio en agravio de Inti Sotelo y Bryan Pintado.

Ambos fallecieron en las protestas del 14-N de 2020 en contra de la breve administración del acciopopulista.

El exlegislador tumbesino también afronta pesquisa por el presunto delito de lesiones graves y leves contra 78 personas.

La Policía Nacional, cabe recordar, cubre el salario de cada uno de los agentes asignados al también ex titular del Congreso.

Anteriormente, El Comercio reveló que la Dirección de Seguridad del Estado de la PNP ha destinado 55 policías en total para resguardar a los exmandatarios Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Francisco Sagasti y Merino de Lama. Y que este servicio ha demandado al Parlamento, hasta setiembre último, un gasto de S/1′429,827.

En aquella oportunidad, el Congreso no remitió a este Diario la cifra respecto al acciopopulista, que líneas arriba se da a conocer.

El Poder Legislativo ha desembolsado un total de S/1,707,789 para seguridad de cinco exmandatarios, sin contar el último trimestre de este año en el caso de Humala, Kuczynski, Vizcarra y Sagasti.

¿Cuánto es el gasto que genera la protección policial a los expresidentes de la República?

*Tras su mandato radicó en los EE.UU., hasta que fue extraditado en abril de este para responder a la justicia por el Caso Odebrecht.

**No cuenta con servicio de seguridad de la Policía Nacional por encontrarse cumpliendo dos órdenes de prisión preventiva.

Para el ex viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior Ricardo Valdés, la protección policial para los expresidentes solo debe aplicar de manera automática para aquellos que sí cumplieron un gobierno de cinco años, mientras que para los que no, se debe requerir de una evaluación de la Dirección de Seguridad del Estado de la PNP.

“La norma [Dirección de Seguridad del Estado de la PNP], en la actualidad, no distingue si estuvo cinco años o cinco días, eso es lo que se debe corregir para establecer a quiénes les corresponde la seguridad. Es momento de establecer nuevos parámetros”, manifestó en comunicación con El Comercio.

Lee también: Patricia Benavides: los nuevos implicados y el otro gran objetivo de su presunta red criminal

Valdés refirió que, por ejemplo, un ex jefe de Estado que promovió normas para frenar la criminalidad podría ser objeto de venganza.

“A mi modo de ver [para contar con seguridad] un presidente debería haber ejercido el periodo completo, a menos que durante su gobierno se haya apresado a los Quispe Palomino [cabecillas terroristas en el Vraem], se haya desbaratado a grandes bandas, a la gran corrupción, ahí corresponde”, remarcó.

“Los que no cumplieron su mandato no deberían tener protección automática, sino luego de una minuciosa evaluación. Quizás se les pueda dar el trato de un exministro, es decir que seis meses de resguardo tras dejar el cargo”, agregó.

Un debate a fondo

Al respecto, la portavoz alterna de la bancada Cambio Democrático, Ruth Luque, refirió que, si bien se entiende que una persona que ha ocupado la jefatura de Estado está expuesta a riesgos, es necesario que desde el Congreso y el Ejecutivo se realice una valoración “para determinar lo que es más justo y coherente a la realidad”.

“¿Cuáles son los criterios? ¿Una persona que fue presidente por pocos días merece [contar con seguridad]? ¿Si esta persona está siendo investigada por vulneraciones a los derechos humanos, lo merece? Con Boluarte puede pasar lo mismo [cuando deje el cargo]. Este es un debate de fondo necesario”, manifestó a El Comercio.

Lee también: Patricia Benavides le ordenó a su principal asesor “desaparecer” su celular y documentos, afirma Villanueva

El congresista Luis Aragón (Acción Popular) indicó que la seguridad a Merino y a otros expresidentes “debería ser racionalizada”.

“Estos deberían contar con un resguardo mínimo, algo muy simbólico y muy discreto. No deberían tener a tantos policías”, añadió.

Aragón refirió que los parlamentarios, que no tienen cargo en la Mesa Directiva, cuentan solo con dos policías y que esto se debería replicar para los ex jefes de Estado.

Por su parte, el legislador Guido Bellido (Perú Bicentenario) señaló que es al Ejecutivo al que le corresponde evaluar la seguridad que se les da a los exmandatarios.

Lee también: Congreso blinda a trabajadores de Alejandro Soto que atacaron a rivales | INFORME

¿Qué dice la norma?

El Decreto Supremo N°004-2022-IN promulgado en mayo del año pasado por el entonces presidente Pedro Castillo y ministro del Interior, Alfonso Chávarry- actualizó el Reglamento de Seguridad y Protección a Funcionarios Públicos, Dignatarios y Personalidades. En su artículo 7.3 establece que los expresidentes gozan de protección semi integral.

Este servicio es brindado por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Seguridad del Estado.

El artículo 7.2 indica que la protección semi integral comprende el resguardo personal “permanente, así como la seguridad en el inmueble donde la persona protegida fija su residencia”. “El servicio excluye la protección de su cónyuge, padres e hijos y la seguridad del inmueble donde labora”, agrega.

Y en su segunda disposición transitoria el DU N°004-2022-IN señala que a los ex jefes de Estado les corresponde esta protección durante cinco años, después de haber dejado el cargo.

“Posterior a ello, se les brinda el servicio de seguridad y protección personal. Excepcionalmente, pueden continuar con el servicio de seguridad y protección Semi Integral, previa evaluación de riesgos”, remarca el documento.

El inciso G del artículo 12 del referido mecanismo subraya que entra las opciones para la conclusión del servicio de seguridad y protección están la “solicitud expresa” y cuando “la Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional considerando la evaluación de riesgo que corresponda, determine que no es necesario continuar” con este.

Más información

Merino de Lama también tiene un trabajador, cuyo salario es cubierto por el Parlamento. Se trata de Norfolk Gamarra Osco, quien se desempeña como técnico desde el 28 de marzo de 2022. Es decir, durante la conducción de la congresista María del Carmen Alva (Acción Popular) de la Mesa Directiva.