Cuatro especialistas proponen mejoras para el sistema de justicia en el Perú

Ha vuelto a escena el problema de la justicia, o mejor del “sistema de justicia”, término que ha descartado al arcaico de “administración de justicia” que venía desde el siglo XIX. Y es que, en puridad, todo lo que sucede en este tema tiene su punto de partida en la década de 1960, cuando se iniciaron proyectos en serio y uno muy radical con el gobierno militar. Y sin olvidar el gran intento del Ceriajus. Pero hay que lamentar que no se ha avanzado gran cosa.

De hecho, los mejores alumnos de nuestras facultades de Derecho no van al Poder Judicial ni al Ministerio Público. Y la legislación procesal constitucional ha prescindido del Ministerio Público, pues su presencia no ayudaba en nada.  

Uno de los problemas que se abordó en décadas anteriores era las remuneraciones. Y la falta de recursos para infraestructura. Y otros  sobre los que ahora no me extiendo. 

Pero en el aspecto formativo de los jueces, el problema es clamoroso: su falta de conocimiento en materias que tratan o resuelven. Por cierto, hay excepciones que solo confirman la regla. Pero en jueces y fiscales se advierte que no tienen idea de lo que es el derecho público, y en especial de lo constitucional. Y por eso debe crearse la carrera judicial, pero de verdad. Y consiste en que al Poder Judicial se ingrese a través de un período de estudios de dos años a tiempo completo con alumnos becados. Eso implica reestructurar la Academia de la Magistratura, con exámenes rigurosos de ingreso, con cursos impartidos durante el día. No estaría mal hacer el intento.

Resulta sorprendente que millones de ciudadanos, al recurrir al Poder Judicial para pedir la protección de un derecho, estos se tornan en un expediente, envuelto en normas, preceptos y plazos del debido proceso, pero que en realidad son auténticas barreras de acceso a la justicia, que al no resolverse en forma pronta y oportuna, genera decepción respecto del sistema judicial. 

El Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia debe comenzar por lo mas simple, urgente y menos polémico: los procesos no penales, especialmente aquellos referidos a alimentos y pago de beneficios sociales, que representan una abrumadora ruma de expedientes en los juzgados. Para lograr estos cometidos se requiere, más que nuevas normas, una decisión que promueva las acciones necesarias pues, en el papel, los procesos actuales sobre la materia lucen simples y sencillos. 

Un elemento paralelo es el de la conciliación. En la actualidad se esperan largos meses para la única audiencia prevista y cuando llega la fecha, esta comienza y termina con la frase “no concilio” por parte del demandado, situación que únicamente lo favorece, pues espera hasta el dictado de la sentencia que lo obliga a cumplir y no pasada nada. Hace falta mejorar la norma para aplicar severas multas, por la mala fe procesal exhibida al no cumplir con los pagos. 

Toca al consejo hacer realidad el precepto constitucional “la justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial con arreglo a las leyes”.

En el 2004 la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus) analizó por primera vez la necesidad de una reforma de la administración de justicia, y tuvo como una de sus principales propuestas un nuevo código procesal penal que corregía los defectos del Código de Procedimientos Penales desde una mirada del ciudadano; por ejemplo, la duración interminable de los procesos penales.

Años después, y con dicho proceso aún inconcluso (pues la reforma procesal penal iniciada en el 2004 recién culminaría su implementación en el 2021), se aprobó la creación del consejo para la reforma del sistema de justicia postulando objetivos que, si bien contribuyen en algo al sistema de justicia penal, dejan de abordarse desde la perspectiva del ciudadano que es víctima o imputado de un delito, el directamente interesado en que el sistema de justicia penal funcione. 

Ello se evidencia cuando la prioridad de la reforma se orienta a mejorar infraestructura, implementar laboratorios, incrementar personal, adquirir vehículos, etc., en lugar de comprender que el proceso penal debe resolver un conflicto a través de reglas claras, predecibles y eficaces para todas las partes, solo así se gana la confianza del ciudadano en el sistema de justicia. De nada sirve que la ley prevea plazos si no existen herramientas del propio sistema que permitan un control efectivo sobre estos, pues mientras la justicia tarde, será un valor al que muy pocos podrán acceder.

En mayo del 2019 se creó el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, a fin de impulsar mejoras con las instituciones del sistema de administración de justicia. Como suele suceder en nuestro país, el consejo no pasó de ser un gesto simbólico que no aportó nada relevante a la justicia, hoy inmersa en una grave crisis.

A decir del ministro de Justicia, lo sacaron de su “congelamiento temporal de dos años”, citando a una reunión que culminó con la firma de la “Declaración por la Justicia”. Bajo este título grandilocuente, los lugares comunes de siempre: acceso a la justicia por la población, celeridad procesal, respeto a la independencia de organismos autónomos y combate a la corrupción judicial.

Resulta irónico que esta declaración venga de un gobierno que despachó arbitrariamente al procurador general de la República, que ha promulgado una ley inconstitucional que le arrebata al Ministerio Público la conducción de la investigación penal, que ha venido jugando en pared con la suspendida fiscal de la Nación y el Congreso en su afán por cooptar instituciones autónomas y que se sacude por acusaciones de corrupción. 

Antes que declaraciones simbólicas, hubiera sido bueno un mea culpa y la adopción de algunos acuerdos concretos sobre el respeto irrestricto a la independencia de los órganos del sistema de justicia, la asignación de recursos suficientes, y la dotación de tecnología para contar con una justicia del siglo XXI.