Publican ley, aprobada por insistencia en el Congreso, que dispone periodo de dos años para comandante de PNP

Este viernes fue publicada la ley que establece un periodo obligatorio de dos años en el cargo para el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), así como causales específicas para su remoción, que fue aprobada por insistencia en el Congreso la semana pasada. La demora en su promulgación y puesta en vigencia había sido cuestionada por especialistas en temas parlamentarios.

La norma establece que tras ser designado por el presidente, el Comandante General de la PNP tendrá un periodo de dos años en el cargo, ampliable por uno más. Además, se fijaron seis causales objetivas por las que puede ser removido, entre ellas una falta muy grave o la comisión de un delito.

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La propuesta fue aprobada por el Pleno en junio. Sin embargo, el presidente Pedro Castillo la observó en julio, alegando que afectaba la separación de poderes, que era innecesaria y que generaba sobrerregulación.

Por entonces, Pedro Castillo ya había cambiado tres veces al jefe de la PNP. Con la ley todavía sin ser reevaluada por el Legislativo, hizo un cuarto cambio el 27 de agosto.

De vuelta en el Congreso, el texto fue visto nuevamente por el pleno el 1 de septiembre y fue aprobado por insistencia con 84 votos a favor y 25 en contra. Las oposiciones fueron de bancadas afines al oficialismo.

El lunes, en una de sus últimas acciones como titular del Congreso, Lady Camones firmó la autógrafa y la envió al Despacho Presidencial, donde fue recibida ese mismo día por la tarde.

Autógrafa remitida al Ejecutivo, con cargo del lunes 5 de septiembre

El congresista José Williams (Avanza País) advirtió ante el pleno sobre esta demora el último miércoles, luego de la interpelación del ministro del Interior, Willy Huerta.

César Delgado Guembes, exoficial mayor del Congreso, explicó que el Ejecutivo solo tiene que asignarle un número a la ley para disponer su publicación. Indicó además que hay antecedentes de demoras en publicaciones de leyes de parte del Ejecutivo, con algunas que se extendieron por meses.

“Mucho depende de quién es el presidente del Congreso. Si es del mismo partido que el presidente, las medidas coactivas [para que se publique la ley] van a ser mucho más débiles”, dijo.

Alejandro Rospigliosi, especialista en Derecho Parlamentario, señaló que la responsabilidad es de la PCM. “Es una mala práctica de años atrás: cuando hay una ley con la que el Ejecutivo no está de acuerdo, busca demorarla. Ha habido casos en que esa demora ha sido de muchos días (...) No tiene por qué demorar: solo es ponerle número y mandarla a ‘El Peruano’. Eso demora horas, no días. Debió salir el martes. Eso es directamente una obstaculización”, dijo.

Según dijo, si esto persiste, la presidencia de la Mesa Directiva puede llamar directamente al jefe del Gabinete para pedir una explicación; pero también se podría promover una citación al pleno e incluso plantear una denuncia constitucional.

El Comercio consultó a la oficina de comunicaciones de la PCM sobre los motivos de la demora, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta. En tanto, fuentes de este Diario indicaron que el Congreso maneja la versión que el Ejecutivo finalmente publicaría la ley este viernes.

El exministro del Interior Rubén Vargas dijo que el Congreso podría pedir directamente a ‘El Peruano’ la publicación y remarcó que si bien “claramente, el Ejecutivo no está de acuerdo con esa ley”, esta ya fue aprobada por insistencia, por lo que “un trámite administrativo no puede ser un obstáculo”

Consultado sobre por qué el Gobierno se opondría a esta ley, Vargas respondió que fuentes ligadas al sector Interior manejan información sobre un presunto plan para cambiar al actual jefe de la Policía, Raúl Alfaro, y “asegurarse la cooptación total del sector y la institución policial”. Pero esta norma, una vez publicada, dificultaría otro cambio abrupto en la Comandancia General.

Detrás de Alfaro hoy están Vicente Álvarez, jefe del Estado Mayor General, quien ha sido vinculado al caso ‘Escuadrón de la Muerte’; y Segundo Mejía, Inspector General, natural de Chota (Cajamarca). Según fuentes de El Comercio, Mejía es muy cercano al presidente.