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El Poder Judicial ordenó el levantamiento del secreto de las comunicaciones del expresidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola y dos de sus coinvestigados por el presunto caso de colusión que se le sigue por contrataciones de una amiga suya, Rosa Rivera, en Devida.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo de Juan Carlos Checkley, admitió el pedido que hizo el Área Especializada en Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación contra Otárola, Martín Augusto Villafuerte Kanemoto y Rosa Rivera Bermeo.
El Ministerio Público había solicitado específicamente levantar el secreto de las comunicaciones, modalidad tiempo o registro histórico.
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El Poder Judicial aprobó todos los extremos del peiddo, por lo que ordena que las empresas de telecomunicaciones entreguen a la Fiscalía de la Nación reportes de llamadas entrantes, salientes, perdidas, mensajes de texto y voz, datos de comunicaciones, routers utilizados y otros aspectos registrados a los tres números de celulares de los investigados, así como información sobre otros números vinculados a sus respectivos DNI.
Según el juzgado supremo, esta es una medida idónea, necesaria y proporcional porque permitirá obtener información exacta respecto a las llamadas telefónicas y comunicaciones entre los investigados para buscar pruebas necesarias y datos objetivos.
“El Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones, en la modalidad solicitada, reviste urgencia, puesto que la investigación se encuentra en fase de investigación preliminar, sujeta a un plazo en el cual es necesario recabar la información necesaria para los fines de la investigación, y una vez recabada dicha información, tendrán que elaborarse los informes de tráfico de llamadas, ubicación de antenas y otros que surjan de la información recopilada, para determinar si se formaliza y continúa la investigación preparatoria o si se procede al archivo”, señala la resolución.
El plazo de la medida es para obtener toda la información registrada entre el 1 de enero y 30 de abril del 2023.
En este planteamiento fiscal, Alberto Otárola se había allanado al pedido fiscal, así como Villafuerte. Sin embargo, Rosa Rivera se opuso y el Poder Judicial declaró infundada su objeción.
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El exprimer ministro es investigado luego que, en setiembre del 2023, un reportaje de Panorama revelara que visitantes de su despacho recibieron contratos con el Estado en el Ministerio de Defensa y en Devida.
En este caso específico, Rosa Rivera visitó a Alberto Otárola el 2 de marzo del 2023 en la sede de la PCM y, al día siguiente, acudió a la oficina de Carlos Figueroa, presidente de Devida. El 10 de marzo, se oficializó su contratación por una orden de servicio que ascendió a unos 27 mil soles.
