Betssy Chávez: ¿qué sigue en el proceso contra ella, Roberto Sánchez y Willy Huerta tras aprobarse la acusación constitucional?

El Congreso de la República aprobó el miércoles por la noche acusar constitucionalmente a los exministros Betssy Chávez (PCM), Roberto Sánchez (Mincetur) y Willy Huerta (Mininter) por su presunto rol en el golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. Con ello, el caso pasará a una etapa en la que la Fiscalía de la Nación deberá evaluar si pide prisión preventiva para los investigados o si opta por medidas menos graves para asegurar que se sometan a la investigación.

Previamente, los tres exministros fueron investigados preliminarmente por rebelión y conspiración por la Fiscalía de la Nación junto a Pedro Castillo y a Aníbal Torres. En diciembre pasado, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, denunció constitucionalmente a los exministros con el objetivo de que sus indagaciones puedan seguir más allá de esa etapa.

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Pedro Castillo, Betssy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta, como altos funcionarios, tenían la protección del antejuicio, que impide que la fiscalía los pueda investigar más allá de la fase preliminar sin que el Congreso lo autorice. Por ello, era necesario que se aprueben las denuncias contra ellos para que el caso pueda avanzar. En el caso de Aníbal Torres, como solo era asesor de la PCM cuando ocurrieron los hechos, ya no tenía antejuicio y no era necesario pasar por el Congreso.

En el caso del expresidente, por haber sido detenido en flagrancia luego del golpe de Estado cuando se dirigía a la embajada de México, su antejuicio se levantó en diciembre y la fiscalía pudo luego pedirle prisión preventiva. Pero para los exministros mencionados, la denuncia constitucional tuvo que pasar por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión Permanente y por el pleno, proceso que tomó más de tres meses.

Con la aprobación constitucional aprobada, esta se notifica a la Fiscalía de la Nación y se publica en el diario oficial “El Peruano” la resolución legislativa que levanta el antejuicio político a los acusados. En el caso de Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez, sus resoluciones no llegaron a ser publicadas en la edición ordinaria de este jueves.

Con ello, el desarrollo del caso pasa a depender nuevamente del Ministerio Público. En un plazo de cinco días, la Fiscalía de la Nación deberá formalizar la investigación preparatoria a los tres exministros por los delitos autorizados por el Congreso. Esto se remite luego al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del juez Juan Carlos Checkely, para su aprobación.

Allí, la fiscalía deberá comenzar a evaluar qué medidas se pedirán para asegurar que cada uno de los investigados se someta al proceso: una comparecencia simple o sin restricciones, una comparecencia con restricciones -que puede incluir el impedimento de salida del país- o una prisión preventiva, la más grave de todas.

En otro plazo de cinco días, el juez deberá aprobar la formalización y devolverle la investigación a la fiscalía. Se prevé que luego de que esto ocurra, la carpeta fiscal donde se investiga a los exministros se acumulará con la de Pedro Castillo y Aníbal Torres, que desde diciembre ya está en fase de investigación preparatoria.

Fue como parte de esta investigación penal, que dirige el fiscal supremo provisional Uriel Terán, que se pidió la primera prisión preventiva de Pedro Castillo en diciembre pasado; y que este jueves se allanó la casa de Aníbal Torres, quien es investigado bajo comparecencia con restricciones.

Con la formalización aprobada, la fiscalía podría formular allí su requerimiento de prisión preventiva, en caso opte por esa medida. También se podrían pedir otras medidas de investigación, como el levantamiento del secreto de comunicaciones o el secreto bancario de los involucrados, siempre que sus necesidades se justifiquen para que el Poder Judicial las apruebe.

Cuando la acusación constitucional aún estaba en proceso, la Fiscalía de la Nación recordó al Congreso que era posible pedir un impedimento de salida del país contra los investigados mientras se procesaba una denuncia constitucional. Tras ello, el Congreso pidió esta medida contra Betssy Chávez y Roberto Sánchez. Finalmente, la semana pasada, el juez Checkley dictó esa medida por 15 días solo para la exministra.

En una entrevista en Canal N antes de que se vote la acusación constitucional, el fiscal Marco Huamán dejó abierta la posibilidad de que pidan prisiones preventivas a los investigados: “[Si la acusación se aprueba] nos habilita a formular la formalización de la investigación preparatoria y, dentro de ello, pedir una prisión preventiva. [...] Emitida la acusación constitucional, evaluaremos rápidamente. Si ocurre, inmediatamente haremos uso de todas las herramientas legales para asegurar el resultado de la investigación y, si fuera necesaria, la presencia de los investigados. Siempre es una posibilidad”.

Pero ya con la acusación constitucional aprobada, ¿qué medidas serían las más adecuadas para los investigados? Para el penalista Julio Espinoza, “es altamente probable que la fiscalía pedirá prisión para Betssy Chávez y comparecencia para Willy Huerta y Roberto Sánchez”.

“Es un análisis que la fiscalía hace de manera individual, tiene que discriminar la situación específica de cada investigado, quién tiene mayor o menor riesgo”, dijo a El Comercio el abogado. A su criterio, algo que juega en contra de Betssy Chávez es su falta de arraigo laboral, debido a que -a diferencia de Roberto Sánchez- fue suspendida de su rol en el Parlamento.

“El congresista que deja de estar en funciones ya no tiene arraigo laboral de calidad, no tiene un trabajo. Betssy Chávez ya no es congresista, mientras que Roberto Sánchez sí. Allí hay una diferencia de menor calidad de arraigo laboral para ella y mayor para él. Por eso la situación debe ser diferenciada, se evaluará los factores y la fiscalía tendrá que hacer un pedido”.

Julio Espinoza , abogado penalista

Espinoza opinó que “la fiscalía va a tener mayores elementos para pedir un mandato de prisión para Betssy Chávez que para los otros dos exministros. No solo por su menor calidad de arraigo laboral, sino porque se evaluará las acciones de los que han participado en este hecho que pretenden asumir que este es un caso de persecución política y no judicial”

Añadió que si bien estas “pueden ser declaraciones políticas, en el contexto de la libertad de expresión, pero evaluadas en este contexto, junto al propósito del discurso de Pedro Castillo de disolver la fiscalía, el Poder Judicial y la Junta Nacional de Justicia, evidencia que había un propósito de evitar el desarrollo de las investigaciones”.

También indicó que si bien las acciones de la defensa de la exministra en las últimas semanas para manifestar su colaboración y asegurar su sometimiento a las investigaciones le pueden servir, esto no siempre es suficiente para librarse de que el Poder Judicial dicte medidas contra un investigado.

Augusto Linares, penalista y socio de Estudio Linares, recordó que una prisión preventiva es una medida excepcional, no es la regla para todos los casos y todos los investigados: se aplica solo cuando existe una sospecha fuerte de que el investigado intervino en un delito grave y cuando también hay “peligrosismo procesal”, que consiste en el peligro de fuga o de obstaculizar las indagaciones.

"Esa es una de las consecuencias necesarias e importantes que se logra con la aprobación de la denuncia constitucional, tal como ocurrió en el caso del expresidente Pedro Castillo: la fiscal de la nación evaluará si corresponde y se cumplen todos los elementos para la solicitud de una prisión preventiva".

Augusto Linares , abogado penalista

“La calificación de los hechos ya fue evaluada por el Poder Judicial, tanto así que incluso ordenó la prisión preventiva contra el expresidente. Ahora lo que corresponderá es evaluar la participación de los ex ministros en estos hechos”, indicó el abogado. Por ello, serán importante cómo la fiscalía evidenciará que existe ese riesgo de fuga o de obstaculización.

Así, en cuanto a los exministros, Linares advirtió que la decisión de pedir y de que se finalmente se dicte una prisión preventiva contra todos ellos dependerá de los elementos adicionales con los que cuente el Ministerio Público. “Respecto a los hechos, creo que el conocimiento de ellos es incuestionable, incluso la participación activa de la exministra Chávez Chino quedó registrado en video y en el caso de los otros denunciados, con la declaración de testigos”.

“Solo quedará analizar el peligro procesal: bien por una eventual fuga, que es razonable pensar por el temor que genera estar recluido en un penal, tanto más si el principal implicado ya está padeciéndola; o el peligro de perturbar la actividad probatoria, que podría ocurrir desapareciendo pruebas a través de las distintas personas vinculadas a ellos que aún se mantienen en el Gobierno, o intentando manipular la versión de nuevos testigos”, manifestó.

Añadió que si el Ministerio Público no logra acreditar estos elementos de peligro procesal o si el Juzgado de Investigación Preparatoria no los considera suficientemente fuertes, “sólo quedarán medidas de comparecencia restringida, tales como regla de conducta, impedimento de salida del país, etc”.

El penalista Andy Carrión coincidió en que la defensa de Betssy Chávez tuvo una buena estrategia al intentar adelantarse a posibles pedidos en su contra y al anunciar que se somete a las investigaciones. Para esto, consideró, ha seguido el mismo camino que el exministro Geiner Alvarado, para quien la Corte Suprema negó una prisión preventiva el pasado 9 de marzo en buena parte por su actitud de someterse al proceso judicial.

En esa línea, opinó que si se pide una prisión preventiva contra la exministra, no es seguro que el Poder Judicial acceda a imponérsela. “No es muy claro [...] Es un poco incierto, tendría que tener algo potente la fiscalía respecto al peligro de obstaculización: algún contacto con los coinvestigados, si sus visitas con el presidente hacen prever una situación de fuga como la que tuvieron sus familiares. Si no lleva algo potente la fiscalía, no le van a dar la prisión”.

“El antecedente más inmediato de alguien de su estatus de exministro contra quien pidieron una prisión preventiva y no se la dieron es de Geiner Alvarado. Y es el mismo juez de ese caso quien tendría que decidir en esta ocasión si la fiscalía solicita la prisión preventiva contra Betssy Chávez. Uno como abogado sabe que el precedente más inmediato es de aplicación inmediata, el juez tampoco puede deshacerse de sus razonamientos”.

Andy Carrión , abogado penalista

En cuanto a Roberto Sánchez, recordó que el mismo juez Checkley rechazó la semana pasada darle impedimento de salida del país: “El impedimento de salida, dentro los estándares, es la medida más leve. Si ya el juez dijo que la imputación es relativa, aún no tiene los suficientes elementos, es complicado que luego vaya a contradecirse, salvo que la fiscalía lleve algo potente”.

“¿Por qué a Geiner Alvarado no se le dio prisión preventiva? Ese es el antecedente principal a analizar. ¿Por qué sí debería darle a Betssy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta? Además, Willy Huerta ha negado haber participado y su versión sirvió para incluir a Betssy Chávez y Aníbal Torres. Con él no creo que soliciten prisión preventiva, quizás sería a Chávez y Sánchez”, comentó.

También consideró que a Roberto Sánchez le servirá para justificar su arraigo laboral el no haber sido suspendido en sus funciones como congresista, lo que además podría ser interpretado como que “el Congreso está reconociendo, de manera indirecta, una participación relativa”. Esto, si bien no impide que se le pida una prisión preventiva u otras medidas, sí podría ser un argumento usado a su favor por su defensa durante el debate.

Consecuencias en el Congreso

Bancada de Betssy Chávez desparece y sus miembros se suman a Cambio Democrático

La suspensión de Betssy Chávez de sus funciones como congresista tuvo otra consecuencia: en el Congreso, Perú Democrático se quedó con solo cuatro miembros, por lo que desapareció como bancada. Sin embargo, en lugar de pasar a engrosar las filas de los no agrupados (que actualmente son once), sus excompañeros pasaron a otra bancada de izquierda: Cambio Democrático-Juntos por el Perú.

A esa bancada, en la que Roberto Sánchez sí logró librarse de la suspensión, se sumaron Guillermo Bermejo, Nieves Limachi, Roberto Kamiche y Hamlet Echevarría. Así, Cambio Democrático pasó de 5 a 9 integrantes y pasó a ser la quinta bancada con más miembros, empatada con el Bloque Magisterial, Renovación Popular y Avanza País.

En tanto, se espera que el accesitario de Betssy Chávez, Issac Mita Alanoca, se incorpore a la bancada de Perú Libre, por la que la suspendida congresista fue originalmente elegida y de la que formó parte hasta diciembre del 2021.