Bruno Pacheco y Karelim López: expresidente de comité licitador declaró ante la fiscalía que hubo irregularidades

El expresidente de la Comité de Selección de la Licitación Pública del proyecto Puente Tarata III, Miguel Ángel Espinoza, declaró ante la Fiscalía Anticorrupción que se cometieron irregularidades en dicho proceso de selección que terminó entregando la buena pro al consorcio asesorado por la empresaria Karelim López.

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Dicha declaración la brindó el pasado 30 de noviembre ante el despacho de la fiscal Karla Zecenarro, que investiga al ex secretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco y Karelim López por el presunto delito de tráfico de influencias en Provías-MTC.

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La versión de Espinoza Torres fue tomada en cuenta por el juez de investigación preparatoria Manuel Chuyo, al momento de dictar impedimento de salida del país por ocho meses contra ambos investigados, según la resolución a la que accedió El Comercio.

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“Otra circunstancia que abona con dicha hipótesis incriminatoria serían las presuntas irregularidades advertidas en el respectivo proceso de contratación como son la ampliación de la fecha para presentar las ofertas (calificada como injustificada), la calificación favorable de la experiencia por parte de los postores y el beneficio que habrían obtenido los miembros del comité que habrían actuado con el objetivo de que el “Consorcio Puente Tarata III” obtenga la buena pro”, se reseña como parte de lo manifestado por Espinoza Torres, en su declaración del 30 de noviembre de 2021.

Además, se consigna que cinco días después de otorgada la buena pro Víctor Elfren Valdivia Malpartida habría sido designado director ejecutivo de Provías Descentralizado -es decir titular de la entidad-, mientras que Edgar Vargas Mas, luego fue designado por éste como gerente de Obras.

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A ello, se suman las visitas que realizó López Arredondo su co-investigado Bruno Pacheco y al presidente de la República, Pedro Castillo, antes de la buena pro y de la firma del contrato.

“Conforme a lo expuesto, este juzgador concluye que los hechos postulados por el Ministerio Público revisten apariencia ilícita y se encuentran debidamente sustentados conforme al estadio de diligencias preliminares”, resaltó el magistrado Chuyo.

Obstaculización

En su resolución, el magistrado coincidió con la defensa de los investigados en que, de las primeras indagaciones, “no se evidencia algún dato objetivo o concreto” que permita sostener que puedan sustraerse a la justicia. En todo caso, sostiene que ello es una “posibilidad genérica en abstracto”.

SIn embargo, el juez remarcó que es cierto que según la fiscalía se habría tratado de obstaculizar la investigación. Ello, en referencia a que López Arredondo habría entregado un celular con información que solo tendría tres días de antigüedad al acto de poner su equipo móvil ante la fiscalía.

“El Ministerio Público ha esgrimido la posibilidad que López Arredondo haya hecho entrega de un celular que no contiene información relevante para el esclarecimiento de los presuntos hechos ilícitos, incurriendo de esta forma en actos de obstaculización de la averiguación de la verdad, así lo alegó en audiencia, lo que ratifica la imposición de la medida”, anotó el magistrado.

La defensa legal de López Arredondo se allanó al pedido de impedimento de salida del país, solicitado por la fiscalía.

Chuyo Zavaleta puntualizó que si bien se afecta la libertad de tránsito de los investigados, ello es en salvaguarda del interés estatal de la persecución y sanción penal, puesto que los hechos ilícitos materia de investigación corresponden a delitos que afectan gravemente la administración pública, lo que permite proceder con la imposición de la medida de impedimento de salida del país.

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