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“El Procurador General y los procuradores públicos actúan defendiendo los intereses del Estado y de sus instituciones. No son abogados defensores del gobierno de turno (…)”, se lee en un comunicado al que se adhirieron cerca de 60 procuradores públicos de todo el país, ante una posible destitución del procurador general del Estado, Daniel Soria.
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La alerta había surgido días antes. Luego de que Soria presentara una denuncia ante el Ministerio Público para que se inicie una investigación preliminar contra Pedro Castillo por presuntas irregularidades en las reuniones de la casa de Breña, Eduardo Pachas, abogado del presidente declaró que el procurador no cumplía los requisitos para el cargo. Tras ello, el ministro de Justicia Aníbal Torres señaló que evaluaría el expediente del funcionario. Luego de la polémica que generó la declaración, sin embargo, Torres negó que se daría una destitución y aseguró que sería la contraloría quien se encargaría de evaluar la idoneidad del funcionario.
Pero las tensiones entre el Ejecutivo y la Procuraduría no son cosa nueva. Si bien el decreto legislativo que crea la Procuraduría General del Estado señala que la entidad es autónoma, pues tiene la potestad de “ejercer sus funciones libre de influencias e injerencias”, a lo largo de la historia los intentos de interferencia del Gobierno en la labor de los procuradores ha sido frecuente.
“(La interferencia del Ejecutivo en la labor del procurador) es muy común, porque el sistema de procuradurías depende del Ministerio de Justicia”, asegura el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado.
El mismo Maldonado recuerda haberse visto en una situación de presión semejante. Era el año 2005, y él se encontraba a cargo de la Procuraduría ad hoc para los casos Fujimori-Montesinos cuando investigaba el caso del salvataje del Banco Wiesse. Según recuerda, en aquel entonces fue citado a Palacio de Gobierno, pero en lugar de conducirlo al Despacho Presidencial –donde se reunía formalmente con el mandatario–, lo llevaron a una “oficina deshabitada”. Allí se encontró con el entonces ministro de Economía, Fernando Zavala, y el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Pablo Kuczynski. Este último, cuenta Maldonado, le reclamó en un tono “poco amigable” por un escrito en el cual había pedido iniciar diligencias contra Susana de la Puente y otros involucrados en el caso.
“Mi respuesta fue que estábamos haciendo lo que corresponde en nuestro papel”, relató Maldonado.
No fue ese el único intento de injerencia durante la gestión toledista. En el 2004, la Procuraduría Anticorrupción, liderada por Luis Vargas Valdivia, investigaba al asesor del gobierno César Almeyda Tasayco por presuntamente haber cobrado una coima de la empresa Bavaria. En ese contexto, solicitó una ampliación de sus facultades para indagar presuntos delitos de corrupción en el gobierno, pero —según fuentes del Ministerio de Justicia— el Ejecutivo demoró el pedido debido a que no tenía personal de confianza dentro de la procuraduría. En aquel entonces, la Unidad de Investigación de El Comercio reveló que el propio Almeyda había abogado para que nombraran a una amiga suya en la Procuraduría ad hoc.
La discusión sobre la importancia de la independencia de las procuradurías volvió a encenderse en el segundo gobierno de Alan García, cuando se conoció que 15 procuradores del Consejo de Defensa Judicial del Estado (CDJE) eran apristas, entre ellos Ricardo Castro Belapatiño (procurador de la PCM) Juan Luján Vargas (procurador del MTC) y Julio Merodio Llanos (procurador adjunto del Minagri). En ese entonces, juristas como Raúl Ferrero, Enrique Bernales y Juan Monroy Gálvez hicieron un llamado a preservar la independencia de la entidad.
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Años después, en el gobierno de Ollanta Humala, la procuradora de Lavado de Activos Julia Príncipe fue removida tras permanecer 12 años en el cargo, cuando esta investigaba a la entonces primera dama Nadine Heredia. El motivo alegado fue una “inconducta funcional” por haber hecho declaraciones públicas sobre el caso. Semanas antes, Príncipe había entregado a la fiscalía las agendas de Heredia que daban cuenta del manejo irregular de los fondos de campaña del Partido Nacionalista. La polémica por la salida de la procuradora fue tal que generó la renuncia del ministro de Justicia Gustavo Adrianzén.
En el mandato de Pedro Pablo Kuczynski, la decisión de la entonces titular de Justicia Marisol Pérez Tello de retirar del cargo a la procuradora ad hoc del caso Odebrecht Katherine Ampuero generó debate. El motivo de la destitución fue que, de acuerdo al Gobierno, las decisiones tomadas por Ampuero en relación al proyecto Olmos perjudicaban los intereses del Estado peruano, así como de los trabajadores y proveedores del proyecto.
En el 2020, durante la gestión de Martín Vizcarra, el procurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, fue retirado del cargo luego de que se conociera que este y dos ministros de Estado se reunieron con representantes de la empresa Odebrecht. La controversia ocasionó, también, la renuncia de los titulares de Energía y Minas y Justicia. El entonces mandatario negó haber interferido en la destitución del procurador.
Una controversia reciente ocurrió en noviembre del 2020, durante el breve mandato de Manuel Merino. En ese entonces, la ministra de Justicia, Delia Muñoz, le pidió su renuncia a Soria el mismo día que asumió la cartera. Según denunció Soria, Muñoz le informó que el Gobierno tenía una nueva estrategia frente a la demanda competencial presentada ante el Tribunal Constitucional sobre la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, presentada en el mandato de Vizcarra. Soria se negó a renunciar.
Como consecuencia, más de 30 procuradores emitieron un pronunciamiento similar al publicado por el caso de Aníbal Torres.
En defensa del Estado (no del Gobierno)
Para Maldonado, estas constantes interferencias del Ejecutivo responden a que “no se entiende a cabalidad el papel de los procuradores ni su relación con el gobierno”. Según explica el exprocurador, la defensa de los intereses del Estado no debe ser confundida bajo ninguna circunstancia con la defensa de los intereses del gobierno de turno, los cuales pueden ser en ocasiones, incluso, contradictorios.
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Según el exprocurador, polémica ocurrida por las declaraciones del ministro torres Torres sobre Daniel Soria es “la más grotesca” de los últimos tiempos.
“No hay una actuación de buena fe de parte del gobierno del señor Pedro Castillo ni del ministro de Justicia Aníbal Torres. Sería bastante ingenuo no creer que estaba buscando una excusa para sacar a Soria porque había incomodado a Castillo. Nuevamente se repite el mismo problema de todos los procuradores en los diferentes gobiernos”, sostiene.
La idoneidad como pilar
Para el exprocurador anticorrupción José Ugaz, el titular de la Procuraduría “debe gozar de idoneidad profesional, experiencia en gestión pública o políticas públicas, y tener una trayectoria en la defensa del Estado”. A ello, además, “debe agregarse la condición de que sea una persona íntegra en todo el sentido de la palabra y que tenga las condiciones necesarias de liderazgo”, considera.
Maldonado coincide en que la integridad “es fundamental” para el ejercicio del cargo, además de tener “conocimiento técnico especializado en la materia” de cada procuraduría.
Legislación
En el año 2017, a través del decreto legislativo 1326, se creó la Procuraduría General de la República. Con dicha norma, todo el sistema de defensa jurídica del Estado quedó bajo competencia de la nueva entidad. Antes de ello, cada poder del Estado y sector contaban con su propia procuraduría.
¿A quién defienden los procuradores?, por José Ugaz*
*Exprocurador anticorrupción
En días pasados hemos sido testigos de un preocupante evento, a raíz de que el Procurador General de la República promoviera una investigación penal por hechos que involucran al Presidente de la República, quien mantiene una extraña y cercana relación con la señora Karelin Lopez, persona que pagó el cumpleaños de su hija, se reunió con él en varias oportunidades -dentro y fuera de Palacio de Gobierno- y, finalmente, logró que se adjudicara a su cliente la licitación del Puente Tarata III a los pocos días de haberse realizado estas reuniones.
¿Existen razones fundadas para promover una investigación por estos hechos? Por supuesto que sí. Se conjugan sobrados elementos que sustentan una sospecha (más que leve en este caso), criterio que, de acuerdo a la jurisprudencia peruana, justifica cuando menos, una investigación preliminar.
La respuesta presidencial a este acto, propio de la función del procurador, es lo preocupante. Su abogado cuestiona la calidad profesional del procurador y pide su destitución, luego se reúne con el ministro de Justicia, quien acto seguido realiza declaraciones públicas afirmando que se va a evaluar la idoneidad del procurador para ocupar ese cargo, como si este hubiera cometido un acto irregular al presentar la denuncia (de hecho, si no lo hubiera hecho, habría incurrido en el delito de omisión de función).
Es necesario recordar que los procuradores, según lo dispone el decreto legislativo N° 1326, son los responsables de la defensa jurídica del Estado, es decir, son abogados del Estado (que para todos los efectos es “su cliente”), no del presidente o el poder ejecutivo. Precisamente por ello, resulta de máxima trascendencia garantizar su independencia de los poderes del Estado, pues de lo contrario, se convertirían en defensores del gobierno de turno. Para garantizar esa independencia, se dio la norma antes mencionada, la misma que en su artículo 6° establece que es uno de los principios rectores de esta institución, organizar y ejercer sus funciones “… libre de influencias e injerencias, en concordancia con los demás principios rectores.”
En su momento, fue necesario dictar esta norma debido a los contantes intentos del gobierno de turno de subordinar a las procuradurías a sus intereses subalternos, convirtiéndolos en sus abogados, antes que erigirse en los defensores del Estado. No han sido pocas las veces que hemos visto a procuradores en los medios de comunicación ejerciendo la defensa de los funcionarios del régimen de turno, lo que implica una clara distorsión de su función, que impacta negativamente en el Estado de Derecho.
Sin autonomía funcional en el ejercicio de la actividad de las procuradurías, puede llegarse al absurdo de tener procuradores que se dedican a defender a “sus mandantes” -sean estos el presidente, sus ministros u otros altos funcionarios de un determinado gobierno-, contra los intereses del Estado, si es que estuvieran bajo sospecha o hubieran incurrido en actos de corrupción. Situación que, lamentablemente, como lo registra la historia del Perú, y en particular la de los últimos lustros, ocurre con inusitada frecuencia.
En tal sentido, podemos afirmar que la autonomía funcional de la Procuraduría es inherente a su naturaleza, y quien atenta contra ella está, en esencia, atentando contra los intereses del Estado peruano.
Es por estas razones que el perfil de quien ejerce tan importante función en su condición de Procurador Genera de la República es muy relevante y viene definido en la propia ley que reestructura el sistema administrativo de defensa jurídica del Estado: debe gozar de idoneidad profesional, experiencia en gestión pública o políticas públicas, y tener una trayectoria en la defensa del Estado. A ello debe agregarse la condición de que sea una persona íntegra en todo el sentido de la palabra y que tenga las condiciones necesarias de liderazgo.
Creemos que la trayectoria del actual Procurador General avala su designación para tan delicada función, y que la decisión que ha motivado el malestar en el gobierno, al punto de soltar el globo de ensayo de su destitución, lo confirma.
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