Una agenda que en una de sus páginas tiene la inscripción “existe presión del presidente / ministro”, encontrada durante el allanamiento del inmueble del exgerente de Obras de Provías Descentralizado Alcides Villafuerte, es una de las nuevas evidencias que la Fiscalía Anticorrupción ha incorporado en sus pesquisas sobre el Caso Puente Tarata, por el que se investiga a sobrinos del mandatario Pedro Castillo, al exsecretario presidencial Bruno Pacheco, a la lobbista Karelim López, así como a empresarios y otros exfuncionarios.
Según información a la que accedió El Comercio, el cuaderno fue hallado el lunes 28 de marzo último en el departamento de Villafuerte en Miraflores, cuando la fiscal especializada Karla Zecenarro dirigió la operación de detención preliminar y registro domiciliario contra 11 presuntos implicados en los hechos ilícitos. El exfuncionario estuvo prófugo hasta el jueves 31, día en el que se puso a disposición de las autoridades en Cusco.
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La anotación fue detectada el domingo pasado por el equipo del Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Anticorrupción, instancia a cargo del referido caso, que tiene su origen en una investigación realizada por este Diario (la cual empezó a publicarse el 28 de noviembre) respecto a irregularidades en la adjudicación de un contrato por S/232,5 millones a un consorcio vinculado a Karelim López.
Alcides Villafuerte es considerado integrante del “brazo ejecutor del delito” en una supuesta red criminal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la cual tiene como “líder” al presidente Castillo, de acuerdo con la hipótesis fiscal basada en las declaraciones de la gestora de intereses y otros elementos de convicción.
Interrogado sobre lo que consignó en su agenda, el exfuncionario adujo que el apunte “corresponde al año 2022″.
Sin embargo, el testimonio de un aspirante a colaborador eficaz (identificado con la clave CE-01-5D-2FPCEDCF-2022) respalda lo señalado en la anotación: “Existían requerimientos o exigencias de parte del ministro Juan Silva para que Villafuerte lleve a cabo acciones relacionadas con los procesos de adjudicaciones de obras a nivel de Provías Descentralizado”, se lee en el documento fiscal.
En octubre del año pasado, mes en el cual se otorgó la buena pro al consorcio Puente Tarata III, Alcides Villafuerte era el jefe de los miembros del comité de selección responsable de la licitación. Dos de ellos están incluidos en la investigación fiscal: Édgar Vargas y Víctor Valdivia.
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Ofrecimiento ilegal
El miércoles 6 de esta semana, el postulante a colaborador eficaz declaró ante la fiscalía que el empresario Luis Pasapera Adrianzén, ligado a Termirex S.A.C. y Grupo Arcose S.A.C., le había comentado que Villafuerte y Vargas iban a recibir el 0,5% del monto total del contrato, a cambio de favorecer al consorcio vinculado a los hermanos Pasapera Adrianzén, es decir, más de S/1,1 millones.
“[Conozco] que en setiembre del 2021, Karelim López se comunicó con Alcides Villafuerte por el aplicativo WhatsApp y le mencionó que era necesario reunirse con Bruno Pacheco para que le designen en un cargo en el MTC”, añadió el mismo colaborador con clave CE-01-5D-2FPCEDCF-2022.
Esta versión coincide con la que la lobbista dio ante la fiscal Zecenarro el 9 de marzo sobre que Bruno Pacheco le comentó que había evitado el nombramiento de Villafuerte como director ejecutivo de Provías Descentralizado, debido a que era alguien que respondía a los intereses del empresario Zamir Villaverde, cercano a los sobrinos del jefe del Estado Gian Marco Castillo y Fray Vásquez.
“Hasta Gian [Marco Castillo] me había llamado para que pase el nombre sugerido por Zamir [Villaverde]”, habría dicho Bruno Pacheco en octubre, según Karelim López.
De acuerdo con la gestora de intereses, esta oposición del entonces secretario general de Palacio de Gobierno se debía a que Villaverde supuestamente quería “copar” la entidad, pues ya había “sacado y colocado hasta tres funcionarios en Provías”.
Beneficios indebidos
No obstante, Alcides Villafuerte fue promovido a asesor de la Dirección Ejecutiva de Provías Descentralizado, en noviembre, luego de la adjudicación de la buena pro. Como gerente de Obras percibía S/7.000 mensuales. En su nuevo cargo pasó a recibir S/14.000.
Asimismo, la pesquisa fiscal encontró sospechosas operaciones bancarias por más de S/100.000 realizadas en diciembre pasado, cuando el exfuncionario tenía licencia laboral sin goce de haber.
Por otro lado, en el domicilio de Gian Marco Castillo, en San Juan de Lurigancho, se halló una agenda en la cual se apuntó: “Reunión con el director de Provías Descentralizado Lima”. Para la fiscalía, se trata de un indicio más sobre su participación en la presunta red criminal.
Este Diario trató de recoger sin éxito la versión de Alcides Villafuerte.
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