Caso Rolex: la historia de los aretes de Wilfredo Oscorima de US$ 5,500 y su presunto vínculo con Dina Boluarte

La decisión fue firmada por el magistrado Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Se hizo a pedido del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, quien dirigió la indagación del Caso Rolex por el delito de cohecho, hasta que formuló denuncia constitucional contra la presidenta a fines de mayo. Adicionalmente, la mandataria sigue siendo indagada por estos hechos, pero respecto a los delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de declaración

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La incautación fue durante una diligencia fiscal el pasado 8 de mayo, antes de que la investigación preliminar por cohecho se cierre y se presente la denuncia constitucional. Sin embargo, todavía requería ser confirmada por el Poder Judicial. Por ello, el juez Juan Carlos Checkley realizó la audiencia para evaluar el pedido el 28 de junio pasado y emitió su resolución el pasado viernes 19 de julio.

La resolución del juez Checkley, a la que accedió El Comercio, da luces sobre la investigación en torno a la compra de estas joyas y su presunto vínculo con Dina Boluarte. A diferencia de los relojes Rolex dados por el gobernador a la presidenta, que ambos han reconocido como un ‘préstamo’ a la mandataria, ambos investigados niegan que la entrega de los aretes se haya realizado.

La joya, un par de aretes argollas de oro amarillo con brillantes, fue comprada por Wilfredo Oscorima el 22 de junio del 2023, en la Casa Banchero por US$ 5,512. El pago se hizo mediante dos tarjetas de crédito y US$ 500 en efectivo, según información entregada a la fiscalía por la tienda de joyas.

En esa misma jornada, Wilfredo Oscorima ingresó a Palacio de Gobierno para reunirse con Dina Boluarte, según los registros oficiales de Palacio de Gobierno. El encuentro fue registrado entre las 10:02 am y las 11:15 am.

Y al día siguiente, el 23 de junio, se promulgó el Decreto de Urgencia N°020-2023 del Poder Ejecutivo. Allí, el Ejecutivo asignó partidas presupuestales a 19 gobiernos regionales y a la Municipalidad de Lima por un total de S/ 700 millones. De ese monto, S/ 66,640,252 fueron para el gobierno regional de Ayacucho, que lidera Wilfredo Oscorima. Fue el quinto monto más alto entre todos los gobiernos regionales.

Por ello, la fiscalía indagó la hipótesis de que Wilfredo Oscorima acudió a Palacio de Gobierno el 22 de junio “para donar” a la presidenta el par de aretes, “siendo que la continuidad de las donaciones (que incluyeron tres relojes Rolex y una pulsera Bangle) dadas por Oscorima Núñez y recibidas por la investigada Boluarte Zegarra, se concretaron con el propósito que ésta última realice actos propios de su cargo como presidenta de la República”. Ello por la posterior asignación de presupuesto mediante el Decreto de Urgencia.

Según el Ministerio Público, los aretes fueron la segunda joya comprada por el gobernador y luego entregada la presidenta. La lista completa es: un Rolex Datejust oro rosa (31 de mayo), el par de aretes (22 de junio); la pulsera bangle (25 de julio); el Rolex Datejust Oyster Perpetual (entre el 7 y el 18 de septiembre); y el Rolex Day President, (en 4 de enero del 2024 o el 6 de enero del 2024). El total está valorizado en US$161,700, según sostiene el Ministerio Público y cita el juez Checkley.

“La ejecución delictiva atribuida habría seguido un mismo patrón, un mismo modus operandi. Por un lado, el abuso de la función pública que ostentaba la investigada Boluarte Zegarra al recibir en donación diversos bienes; y por otro lado, las donaciones que entregaba Oscorima Núñez, en el curso de casi un año (marzo 2023 a marzo 2024), para lo cual presentaba diversas solicitudes de demanda adicional de presupuesto y en su mérito, luego, en alguno casos, obtenía lo requerido”, se lee en la resolución, que cita la hipótesis fiscal.

La postura de la defensa de Wilfredo Oscorima y de Dina Boluarte es que las entregas de relojes Rolex fueron préstamos fruto de su amistad y que la mandataria no aceptó las joyas como regalo. Ella se ha referido públicamente a él como su ‘wayki’ (amigo en quechua). Con ello, ambos también rechazan que sean un soborno. También niegan que las entregas hayan tenido que ver con asignaciones presupuestales.

Sin embargo, respecto a los aretes, la resolución judicial señala que la defensa de Wilfredo Osocrima indicó que “no fueron otorgados a Boluarte”. En respuesta, la fiscalía sostiene que “existen numerosas imágenes en el portal de la Presidencia de la República, donde aparece utilizándolos en más de una ocasión”. En sus declaraciones como investigada, la presidenta también ha negado haber recibido los aretes.

Para este informe, El Comercio consultó a los abogados de Dina Boluarte y Wilfredo Oscorima si sus defendidos reconocían la entrega de los aretes y qué respondían a la imputación sobre su vínculo con las asignación de presupuesto. Hasta el cierre de esta nota, no hubo respuesta.

La denuncia constitucional contra la presidenta por este hecho, que resume la investigación de la fiscalía, está hoy en manos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. El último jueves, el grupo la admitió a trámite. Sin embargo, mientras Dina Boluarte siga siendo mandataria, la denuncia no podrá derivar una acusación constitucional y no se le podrá levantar su inmunidad (antejuicio) para que la fiscalía la pueda seguir indagando.

Sin embargo, su investigación preliminar por enriquecimiento ilícito y omisión de declaración, desacumulada de la investigación por hecho, sí sigue su curso en el Área de Denuncias Constitucionales y Enriquecimiento Ilícito de la Fiscalía de la Nación. La indagación a Oscorima, en cambio, fue derivada a una fiscalía anticorrupción debido a que no tiene antejuicio (inmunidad), decisión que su defensa busca anular.

En la audiencia para evaluar la confirmación de la incautación de los aretes, el abogado de Wilfredo Oscorima, Humberto Abanto, se opuso. Alegó que solo se podía conceder una medida de este tipo si existía algún riesgo de que la propiedad desaparezca. A su criterio, la fiscalía no había dado ninguna evidencia de ese peligro. La defensa de Dina Boluarte no acudió a la sesión, por lo que se le dio un abogado público, quien se plegó a los argumentos de Abanto.

Checkley resolvió confirmar la incautación. Lo mismo había hecho meses atrás respecto a las otras cuatro joyas ligadas al caso: los tres relojes Rolex y la pulsera incautadas por la fiscalía.

El juez consideró que el par de aretes es un bien que, por sus características físicas, “podría ser fácilmente ocultado o destruido, lo que dejaría al proceso sin un bien catalogado como cuerpo del delito y considerado necesario para el esclarecimiento de los hechos investigados”.

Luego, recordó que la investigación también involucra a los relojes Rolex y pulsera Bangle, “que según la tesis fiscal, al igual que el par de aretes argolla de oro amarillo con diamantes, habrían sido entregados por el investigado Oscorima Núñe”. “Los primeros bienes mencionados, al disponerse su incautación y ejecutarse dicha medida, no pudieron ser hallados en posesión de quien se sabía los poseía; dejando en evidencia la facilidad para ocultar ese tipo de bienes”, explicó.

“Un bien considerado como cuerpo del delito y necesario para el esclarecimiento de los hechos, que fácilmente podría ser ocultado, por sus características físicas, no puede quedar bajo el exclusivo control del mismo investigado que pudiera ser incriminado en razón a él, pues ello implicaría dejar un bien relevante para el proceso penal a disposición de quien viene siendo investigado respecto a posibles delitos que dicho bien podría servir para acreditar”, agregó.

Checkley sostuvo por ello que la incautación era la medida idónea, necesaria y proporcional para este caso. “Es una medida que no sólo responde a parámetros legales sino también constitucionales; adicional a ello se tiene que el bien cuya confirmatoria de incautación se requiere no es esencial o vital, sino de lujo”, concluyó antes de declarar fundado el requerimiento de la fiscalía.

Para el abogado penalista Andy Carrión, la resolución de Checkley era tan previsible como adecuada. Previsible porque el mismo juez ya había confirmado la incautación de los relojes Rólex y la pulsera bangle, y porque había autorizado el allanamiento a la casa de Dina Boluarte para dar con estos bienes. Adecuada porque es necesario tener los bienes para asegurar los actos de investigación y que se puedan realizar pericias para verificar que son las que usó la presidenta.

Carrión consideró que las defensas de Dina Boluarte y Wilfredo Oscorima no han reconocido que ello recibió los aretes, como sí hicieron con los rolex, porque “los montos globales de donaciones de dádivas aumentarían significativamente”, así como por la cercanía entre la fecha de la presunta entrega de la joya y el citado decreto de urgencia.

“Creo que lo han pensado bien y han visto qué joyas sí serían muy comprometedor de aceptar, sobre todo para el cruce de información de las dádivas y demás. Creo que ahí, por estrategia de defensa, correspondí negarlo. La estrategia que han usado es que prestó pero devolvió las joyas, pero si se suma a ello el tema del cohecho (soborno), es más complicado. Creo que por ahí va”.

Finalmente, estimó que las cinco joyas incautadas (los tres Rólex, los aretes y la pulsera) permanecerán incautados hasta que este caso se resuelva de forma definitiva. “Hay procesos en que las incautaciones se mantienen hasta que culmine el caso en última instancia. Devolver las incautaciones se da solo cuando hay errores flagrantes [...] No hay un tiempo determinado, pero la experiencia dice que eso se va a quedar ahí por años”.