Fiscalía ejecuta medidas de incautación para proceder con extinción de dominio sobre tres inmuebles de PPK

El Ministerio Público informó que se ha procedido con la ejecución de medidas de inhibición e incautación de tres inmuebles que pertenecen al expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en el marco del proceso en su contra por el presunto delito de organización criminal en el caso Odebrecht.

La Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima consiguió la ejecución de estas medidas cautelares sobre los inmuebles ubicados en San Isidro y Cieneguilla.

Según el fiscal provincial Renzo Cayro Armejo, los bienes estarían vinculados al delito de lavado de activos y para ese fin son cautelados para el proceso de extinción de dominio.

El Ministerio Público sostiene que fueron adquiridos con dinero proveniente de actividades ilícitas que son considerados en el caso por organización criminal que se habrían perpetrado en los proyectos Camisea, Olmos e Interoceánica Sur.

Actualmente, dos de los bienes se encuentran administrados por el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) y sobre el tercero se ha aplicado un mandato de inhibición.

En declaraciones a El Comercio, el abogado Julio Midolo, defensa legal de PPK, indicó que no recibieron notificación alguna de estas medidas y precisó que, efectivamente, no implica ningún cambio sobre los inmuebles que fueron embargados desde el 2019.

“La figura de extinción de dominio se creó para ver reparaciones, pero de acá para llegar a ese punto, faltará un lustro por lo menos. Tiene que acabar el juicio”, resaltó.

Al respecto, negó que vaya a ocurrir algún cambio en el estado de los inmuebles, dos de ellos en manos de Pronabi y el tercero en el que todavía vive el expresidente PPK. También recordó que hay una acción de amparo que ganaron en la Corte Suprema en proceso de ejecución para que se vuelvan a evaluar a nivel judicial los embargos de los bienes.

Contra Kuczynski el Ministerio Público ha presentado una denuncia penal por 35 años de prisión por los delitos de organización criminal y lavado de activos.