El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, rechazó abrir investigación preliminar contra los congresistas María del Carmen Alva (no agrupada), Patricia Juárez (Fuerza Popular), Jorge Montoya, Alejandro Muñante (Renovación Popular), Norma Yarrow, Patricia Chirinos y José Williams (Avanza País) por los presuntos delitos de organización criminal, conspiración, rebelión y abuso de autoridad.
La misma medida adoptó para Carlos Anderson, José Arriola (no agrupados) y Lady Camones (Alianza para el Progreso).
Los 10 congresistas fueron denunciados por el expresidente Pedro Castillo el 18 de mayo del 2023, cuando este ya cumplía prisión preventiva en el penal de Barbadillo por presunta rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública, por el golpe de Estado que dio el 7 de diciembre del 2022.
El caso
Castillo los acusó de confabular en su contra para vacarlo y dar un golpe de Estado. Para ello - dijo - se habrían reunido de manera ilegal en las instalaciones del Hotel Casa Andina Premium, en el distrito limeño de Miraflores, el 9 de febrero del 2022.
Según denunció el expresidente, los congresistas “abusaron del cargo conferido por el pueblo”.
Como medio de prueba, Castillo adjuntó un artículo periodístico del semanario “Hildebrandt en sus trece”, denominado “Golpe de vista”.
El artículo en mención reveló una reunión entre los mencionados legisladores, así como diversos hechos vinculados a ese encuentro, como una conversación telefónica que sostuvo la entonces presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, presuntamente con el ejecutivo de un canal de televisión a quien reclamó por reportajes en su contra.
No obstante, la resolución de Villena recordó que en junio del 2022, el entonces fiscal de la Nación interino, Pablo Sánchez, determinó que no hubo mérito para promover una investigación preliminar contra Alva, en su calidad de presidenta del Congreso; Juárez, como presidenta de la Comisión de Constitución; Chirinos, Montoya, Muñante, Yarrow, Anderson, Camones y Arriola por presunta conspiración, organización criminal y abuso de autoridad, por el mismo hecho.
La denuncia señaló que los congresistas habrían cometido abuso de autoridad al presuntamente elaborar un plan para que Castillo sea acusado de delitos de corrupción y se consiga su inhabilitación política. Para ello, buscarían modificar los artículos 114 y 117 de la Constitución.
Aquella vez, Sánchez señaló que la reunión entre los congresistas no tuvo como objetivo un alzamiento en armas contra el gobierno, por lo que no hubo delito de rebelión.
El entonces titular del Ministerio Público precisó: “El delito de rebelión tiene como exigibilidad en la estructura del delito un ‘alzamiento en armas’ para deponer el gobierno legal y democráticamente constituido o suprimir el régimen constitucional”.
Además, mencionó que en la denuncia no se adjuntaron elementos o indicios que acrediten mínimamente que los congresistas denunciados habrían participado de manera dolosa para modificar los mencionados artículos constitucionales.
Sánchez también concluyó que las imputaciones no precisaron de forma coherente y lógica los supuestos hechos ilícitos.
“Resulta válido concluir que no existen indicios de la comisión de actos ilícitos, según los hechos comunicados por el denunciante a este despacho, dado que la sola sindicación de presuntas irregularidades en su condición de congresistas de la República, no generan una sospecha mínima idónea que justifique el inicio de una investigación preliminar”, concluyó Sánchez.
Meses después, en octubre del 2022, El Comercio reveló que los congresistas de oposición buscaban modificar el artículo 114 de la Constitución para regular la figura de la suspensión presidencial. Esto debido a que no alcanzaban los 87 votos que requerían para vacar a Castillo.
También en octubre del 2022, el Congreso buscó - mediante una demanda competencial - que el Tribunal Constitucional interprete el artículo 117 de la Constitución para dar pase a una denuncia constitucional contra Castillo por presunta corrupción y organización criminal, presentada por la Fiscalía de la Nación.
Luego, el 1 de diciembre del 2022; es decir, seis días antes del golpe de Estado que dio Castillo, la Comisión de Constitución y Reglamento, entonces presidida por Hernando Guerra García (Fuerza Popular), finalmente aprobó una resolución legislativa que buscaba regular el procedimiento de suspensión temporal del presidente.
La resolución
Villena destacó que la decisión de Sánchez de no formalizar y continuar con la investigación preparatoria en junio del 2022 contra los congresistas se basó en la falta de pruebas que los vinculen con hechos presuntamente ilícitos.
El fiscal de la Nación evaluó si el caso contaba con nuevos elementos de convicción que justifiquen revertir la decisión de Sánchez de archivarlo.
Concluyó que “no hay mérito” para iniciar una investigación preliminar porque Castillo no adjuntó nuevos elementos de convicción. Solo presentó un artículo periodístico que ya había sido evaluado por Sánchez.
La denuncia del expresidente también fue contra el entonces congresista Hernando Guerra García (Fuerza Popular). No obstante, el legislador falleció en septiembre del 2023.
El titular del Ministerio Público precisó en su resolución que una de las causas de extinción de la acción penal es la muerte del imputado.
En espera
La investigación fiscal que sí prosperó fue contra Castillo por el golpe de Estado.
El último 12 de enero, la fiscalía presentó formalmente la acusación ante el Poder Judicial contra el exmandatario. Pidió que se le condene a 34 años de prisión.
Por el delito de rebelión pide 25 años de cárcel; por abuso de autoridad, tres años; y por grave perturbación de la tranquilidad pública, seis años. De allí resultan los 34 años de prisión.
También solicitó 25 años de cárcel para la exprimera ministra Betssy Chávez, quien actualmente cumple prisión preventiva, los ministros Willy Huerta (Interior) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo) y 15 años para Aníbal Torres, exasesor de la PCM y exprimer ministro.
Por último, la fiscalía pidió 25 años de cárcel para tres oficiales de la policía, por presuntamente seguir las órdenes del golpe: Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón.
No obstante, el Poder Judicial aún no inicia el control de acusación, la fase previa al juicio oral.
