Nicanor Boluarte: ¿Quién es quién en la presunta red criminal ‘Los Waykis en la sombra’?

¿Quiénes son los otros operadores del “hermano presidencial”? ¿Según el Eficcop, qué roles cumplieron dentro de la presunta organización criminal? A continuación, los detalles:

1. Nicanor Boluarte Zegarra, “el hermano presidencial”

Delitos imputados: organización criminal y tráfico de influencias

El hermano de la presidenta Dina Boluarte- de acuerdo con la investigación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), dirigido por la fiscal superior Marita Barreto- es el presunto cabecilla de la organización criminal Los Waykis en la Sombra. Esta red es acusada de instrumentalizar a los prefectos y subprefectos regionales, provinciales y distritales para la formación del partido Ciudadanos por el Perú, entre otros.

En la resolución judicial que dispuso su detención preliminar y la de otros siete imputados, se subrayó que Nicanor Boluarte ejerció un “poder de facto” que le fue otorgado por su hermana desde que ella juró como jefa de Estado. Esto con el objetivo de “emprender un programa criminal para copar” la Dirección General de Gobierno Interior (DGIN) del Ministerio del Interior.

El Ministerio Público también le imputa al “hermanísimo” el cobro de cupos- a través de operadores en Cajamarca y San Martín- a diferentes personas que deseaban acceder a los cargos de prefectos y subprefectos.

Otro hecho por el cual es investigado el exviceministro de Promoción del Empleo es por presuntamente haber ejercido influencias ilícitas, a través de su amigo Víctor Torres Merino, para la designación de Juan Enciso Torres como director de Provías Descentralizado, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Y a pesar de sus gestiones, el nombramiento de Enciso Torres no se llegó a concretar.

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En contra de Nicanor Boluarte Zegarra- investigado por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias- existen 167 elementos de convicción.

Durante su traslado a la sede de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), en la prefectura de Lima, el hermano de la presidenta ha negado todos los hechos que se le imputan y ha referido que “no tengo ninguna organización criminal”.

2. Jorge Luis Ortiz Marreros, la carta en la DGIN

Delitos imputados: organización criminal y tráfico de influencias

Fue designado como director general de Gobierno Interior del Mininter el 28 de diciembre de 2022. Es decir, cuando la presidenta Boluarte tenía apenas 21 días en Palacio de Gobierno y en medio de las protestas sociales.

Ortiz Marreros, quien se entregó a la justicia la noche del último sábado, tenía como función en la DGIN “planificar y conducir el proceso de designación, capacitación y evaluación de autoridades políticas como funcionarios de confianza”. Él habría sido utilizado para nombrar a prefectos y subprefectos que previamente se hayan “alineado” a las órdenes del “hermano presidencial”.

De acuerdo con la hipótesis del Eficcop, el ingreso de Ortiz Marreros a la DGIN fue “el primer punto para buscar el copamiento” de las prefecturas y subprefecturas a nivel nacional por parte de Nicanor Boluarte, con el objetivo de lograr la constitución de su partido político Ciudadanos por el Perú.

El ex alto funcionario, además, “no adoptó” medidas correctivas, luego de que se denunciaran actos ilícitos por parte de los operadores regionales de Boluarte, entre ellos Noriel Chingay Salazar, prefecto regional de Cajamarca, y la profesora Griselda Herrera Vásquez, ex jefa de la Unidad Territorial de San Martín de Qali Warma.

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3. Griselda Herrera Vásquez, coordinadora en San Martín

Delitos imputados: organización criminal y tráfico de influencias

Herrera Vásquez- según la pesquisa del Eficcop- tuvo el rol de coordinadora y operadora de Los Waykis en la Sombra en la región San Martín. A pesar de no ser funcionaria pública, ella tuvo como facultad “elegir o seleccionar” a los prefectos y subprefectos de las regiones San Martín, Ucayali y Loreto, con el objetivo de utilizarlos para la recolección de firmas para el partido político Ciudadanos por el Perú (CPP).

La profesora era secretaria regional del CPP y conocía a Nicanor Boluarte porque había sido compañera en el colegio, a nivel primaria, de la esposa de este.

El Ministerio Público también detalló que Herrera Vásquez no solo tenía la potestad para direccionar los nombramientos, sino que estableció castigos si los prefectos y subprefectos “no cumplían la meta de rellenar entre 80 y 100 padrones” de afiliación a la agrupación política del “hermano presidencial”.

Además, dispuso que estas autoridades tenían la obligación de aportar mensualmente entre S/150 y S/200 para los gastos del local del CPP y viáticos para los viajes que realizaba a Lima, a donde llevaba personalmente las hojas de vida de candidatos a prefectos y subprefectos para que Boluarte Zegarra les dé el visto bueno.

Y según la declaración de una serie de testigos, Herrera Vásquez también habría tenido influencia en designaciones en Senasa y Qali Warma en San Martín.

En enero último, la profesora rechazó haber realizado cobro a los prefectos y subprefectos de San Martín. También indicó que Nicanor Boluarte no conoce a estas personas.

En diálogo con radio Exitosa, Herrera Vásquez reconoció que es amiga de la infancia de la esposa de Boluarte. “No veo cuál es el pecado de que yo los conozca, quién iba a saber que sería la cuña de la presidenta, no es un delito conocer a las personas”, acotó entonces.

En la audiencia de control de identidad, la docente no acreditó abogado, por lo que tuvo que ser asistido por Sara Burga Ramírez, letrada de la defensa pública.

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4. Noriel Chingay Salazar, el prefecto de Cajamarca

Delitos imputados: organización criminal y tráfico de influencias

Noriel Chingay Salazar es considerado como “coordinador y operador” de la presunta red criminal de Nicanor Boluarte. Él fue nombrado en febrero de 2023 como prefecto regional de Cajamarca y desde ese cargo, a través de Gilmer Flores Fernández, captó a una serie de personas de confianza para designarlos como subprefectos “para el copamiento” de esta institución en su región.

La hipótesis del Eficcop también apunta a que Chingay Salazar habría recaudado dinero ilícito, producto de cobro de cupos entre S/3.500 y S/5.000 a los interesados en ser nombrados prefectos provinciales. De este hecho tenían conocimiento el “hermano presidencial” y Ortiz Marreros, titular de la DGIN.

El prefecto regional de Cajamarca “ordenó” a Flores Fernández, subprefecto regional, “que desaparezca todas las pruebas de los cobros de dinero y que borre todos los mensajes” y que cambie de número, cuando se enteró que iba a salir un reportaje en “Cuarto Poder” sobre Boluarte Zegarra y la reunión que tuvo con el alcalde del distrito de Nanchoc, Nixon Hoyos Gallardo.

Chingay Salazar, incluso, designó como subprefectos “al mejor postor”. Esto luego de que a Hilmer Hernández Torres le devolviera su dinero- por intermedio de Flores Fernández, quien hacía de “cajero”-para elegir a amistades del alcalde de Nanchoc.

“En los peores de los casos se les hacía juramentar a personas en el cargo de subprefecto previa promesa de que en la semana iba llegar su resolución; sin embargo, salía a nombre de otras personas”, se lee en el expediente.

El Comercio se comunicó con Ronald Bautista Sánchez, quien estaba consignado como abogado del ex prefecto regional de Cajamarca. No obstante, este refirió que ha renunciado por motivos personales.

Durante la audiencia de control de identidad, la ex autoridad fue representada por su hermano Antonino Chingay Salazar, quien también es investigado en el mismo caso.

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5. Jorge Chingay Salazar, “el enlace”

Delito imputado: organización criminal

El Ministerio Público le atribuye el rol de operador y enlace en Los Waykis en la Sombra, debido a que “aprovechando el vínculo de amistad y proselitista” con Nicanor Boluarte “participó en coordinaciones ilícitas” para que su hermano Noriel Chingay Salazar sea designado como prefecto regional de Cajamarca “bajo las condiciones impuestas y órdenes” del hermano de la presidenta.

También habría propiciado “el vínculo” entre Nixon Hoyos Gallardo, alcalde de Nanchoc, y Boluarte Zegarra el día del cumpleaños de este último.

En la cita, de acuerdo con la pesquisa del Eficcop, se habría tratado de asuntos lucrativos “en beneficio” de la red criminal, puesto que se acordó la transferencia de S/20 millones desde el gobierno central a la municipalidad distrital para cinco proyectos de inversión pública.

Jorge Chingay Salazar respaldó la campaña de segunda vuelta en las elecciones del 2021 hecha por Dina Boluarte, entonces candidata a la primera vicepresidencia de la República. A ella la apoyó con alimentos, vehículos y dinero. Es el único sobre los que pesa orden de detención preliminar que está no habido.

Chingay Salazar denunció en RPP el 7 de mayo que estaba siendo objeto de seguimiento por parte de agentes de la Diviac y que esto sería por haber sido aportante a la campaña de Boluarte hace tres años.

Al ser consultado sobre la investigación que afronta, el hoy prófugo de la justicia evitó responder y señaló que todo lo que debía decir ya lo hizo ante el Ministerio Público.

“Oportunamente, ya declaré ante la fiscalía, no tengo nada que esconder”, manifestó.

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6. Víctor Hugo Torres Merino, el operador político

Delitos imputados: organización criminal y tráfico de influencias

Torres Merino- según la investigación del Eficcop- participa en la red criminal desde que Nicanor Boluarte empezó a gestar su plan de copamiento de las prefecturas y subprefecturas de San Martín y otras regiones. Al ser una persona de confianza del “hermano presidencial”, cumplió el rol de “operador político” de este.

Por ello, el docente jubilado se encargó de “acopiar” las hojas de vida de los candidatados a prefectos y subprefectos que le eran entregadas por Herrera Vásquez a Boluarte Zegarra.

Torres Merino también fue designado como coordinador nacional de Economía y Recursos Financieros del partido Ciudadanos por el Perú en noviembre de 2022.

El Ministerio Público, además, indica que esta posición en el partido de Boluarte le sirvió “para influir o interceder, sin ser funcionario público” en la búsqueda de una persona para que asuma la dirección ejecutiva de Provías Descentralizado. En esa línea, le ofreció el puesto a Juan José Enciso Torres.

Torres presentó a Enciso Torres con el “hermano presidencial” en la oficina de este último. No obstante, el nombramiento no se llegó a concretar.

En diciembre último, “Panorama” reveló que el docente, que también es amigo de la presidenta Dina Boluarte, fue contratado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) para ejercer como capacitador en gimnasia laboral por S/35 mil.

Hace apenas tres semanas, Torres reconoció en Cuarto Poder que la formación de los comités en Lima del partido Ciudadanos por el Cambio fue impulsado por Nicanor Boluarte y por que él. Agregó que la agrupación en proceso de inscripción es cercana a la presidenta y que “apoya la gobernabilidad”.

También refirió que el 83% de los prefectos y subprefectos del país pertenecen a otros partidos y que el 17% son personas cercanas a CPP. “[Son] lo que han estado en la campaña [de Boluarte Zegarra en 2021]”, remarcó.

En la audiencia de control de identidad, Torres no acreditó abogado, por lo que tuvo que ser asistido por Sara Burga Ramírez, letrada de la defensa pública.

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7. Edwin Ugarte Nina, el que compró el kit

Delito imputado: organización criminal

El abogado es señalado como la persona que adquirió el kit electoral para gestar la creación del partido Ciudadanos por el Perú. De acuerdo con la pesquisa del Ministerio Público, Ugarte Nina coordinó con los hermanos Chingay Salazar “el cobro de cupos” en Cajamarca y en otras regionales del Perú.

Por ejemplo, Teodoro Berrú Zurita, quien fue designado como prefecto de Lima, dijo, el 21 de abril último en su declaración testimonial ante el Eficcop, que Ugarte Nina le “sugirió” que entregue “un aporte” de S/10 mil para la referida agrupación política y que después de eso salía su resolución.

Berrú Zurita agregó que el letrado dejó en claro que la exigencia del pago era una orden del “hermanísimo”.

Ugarte Nina fue coordinador nacional de Asuntos Técnicos Legales de CPP y tenía como tarea “gestionar, orientar y de informar los procedimientos técnicos legales que demanden: el JNE, la ONPE, y Reniec, para los fines de registro e inscripción de la organización política”.

En la audiencia de control de identidad, Ugarte Nina no acreditó abogado, por lo que tuvo que ser asistido por Sara Burga Ramírez, letrada de la defensa pública.

8. Mateo Castañeda Segovia, el “protector legal”

Delitos imputados: organización criminal y tráfico de influencias

El abogado de la presidenta Dina Boluarte es señalado como integrante de Los Waykis en la Sombra, bajo la figura de “protector legal”. Según la tesis fiscal, Castañeda Segovia “buscó obtener el archivamiento” de las investigaciones a cargo del Eficcop en contra de Nicanor Boluarte y para ello habría ofrecido “acuerdos ilícitos” a los coroneles PNP Walter Lozano y Harvey Colchado. Ambos integraron el equipo especial de policía que daba respaldo a los fiscales.

El Ministerio Público remarcó que Castañeda también buscó obtener información que pueda involucrar a la jefa de Estado en algún hecho ilícito, con el objetivo de adoptar mecanismos de protección a su favor y generar impunidad no solo para ella, sino para los integrantes de la red criminal.

En entrevista con este Diario, el exministro del Interior Carlos Morán brindó detalles de las tres reuniones a las que fue convocado por el abogado, dos junto a Colchado y una en solitario donde participó la presidenta. “Las acciones de Boluarte son una intromisión en la labor de la policía y fiscalía”, subrayó.

El general PNP en retiro señaló que, en la última cita, que se realizó el 30 de abril, Castañeda le propuso a Colchado “un intercambio de figuritas”. Es decir, que este le brinde información que comprometa al fiscal de la Nación y le recordó que, en diciembre, el gobierno debía definir los pases al retiro en la Policía.

Al conocer que Colchado y Lozano no aceptaron su oferta, el Ministerio Público sostiene que el abogado de la presidenta y otras personas de altas esferas buscaron “defenestrar” el equipo especial de la Policía de apoyo al Eficcop, como finalmente sucedió.

Por medio de una carta, Mateo Castañeda indicó que él no es asesor de la presidenta Boluarte ni funcionario de su gobierno, sino “un abogado litigante en ejercicio”.

“No soy miembro de ninguna organización criminal. Por eso no conozco a ninguno de sus 21 supuestos miembros, excepto únicamente a Nicanor Boluarte, porque soy abogado de su hermana, la presidenta de la República. Me defenderé de estas ‘orquestadas’ imputaciones, en mi caso no hubo necesidad de detenerme”, remarcó.

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Más información

La organización criminal Los Waykis en la Sombra tienen otros 14 integrantes, de acuerdo con la resolución judicial que autorizó la detención de Boluarte Zegarra y otros. La mayoría de estos está ligado a Ciudadanos por el Perú.