El fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, informó que los fiscales Richard Rojas y Marita Barreto se encuentran “en la mira” de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y que podrían afrontar pedidos de suspensión, como le ocurrió al fiscal Rafael Vela Barba.
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“No solamente la fiscal Marita Barreto, sino también el fiscal Richard Rojas (están en la mira). Hay fiscales que están conociendo casos importantes y que lamentablemente hay una celeridad en las investigaciones disciplinarias. El objetivo será el mismo que le ha ocurrido al fiscal Rafael Vela, será seguramente lo que me va a suceder en algunos días, lo que va a implicar la suspensión en la función que estoy desempeñando”, expresó el fiscal en el programa “Octavio Mandamiento” de Canal N.
“Tenemos documentados varios casos de varios fiscales a nivel nacional que han declarado a medios de comunicación y solamente se han iniciado investigaciones con esta rigurosidad, celeridad al fiscal Rafael Vela y a mí, y entiendo que hay otras investigaciones que también afecta a otros equipos especiales y fiscales que están conociendo casos emblemáticos, importantes y sensibles a la opinión pública, me refiero a la doctora Marita Barreto, me refiero al doctor Richard Rojas, fiscales que también se encuentran bajo el ojo de la Autoridad Nacional de Control y que creo aún no se han atrevido a denunciar públicamente estos hechos”, agregó.
Además, José Domingo Pérez aseguró que muchos fiscales desean denunciar las acciones de las que son víctimas, pero enfatizó que las “actuales autoridades” del Ministerio Público pasarán y dejarán sus cargos, y puso de ejemplo el caso del exfiscal de la Nación Pedro Chávarry.
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“Muchos fiscales tendrían ese deseo o esa voluntad de denunciar lo que está pasando en el Ministerio Público, pero hay temor en que puedan ser suspendidos, separados de sus funciones, pero yo creo que hay vencer ese temor y hay que denunciar lo que está ocurriendo actualmente en la institución porque las personas van a pasar, pero la institución va a quedar. Así como pasó Pedro Chávarry, seguramente pasarán las actuales autoridades que se encuentran en el Ministerio Público”, manifestó.
En otro momento de la entrevista, José Domingo Pérez afirmó que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sí tenía conocimiento y autorizó el pedido de sanción contra Rafael Vela Barba por parte de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público.
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“En este momento está determinado que es Antonio Fernández Jerí (el que está detrás de la sanción), pero si usted me pregunta respecto a la suspensión del fiscal Rafael Vela Barba, no queda duda que el desplazamiento del fiscal que firma la suspensión del fiscal Rafael Vela Barba ha sido con conocimiento y autorización de la fiscal de la Nación”, precisó.
“Ningún personal de la Fiscalía se ha podido mover con la celeridad que ha dispuesto la fiscal de la Nación”, remarco. “No es posible que un día (Antonio Fernández Jerí) esté en una oficina y al día siguiente esté firmando la suspensión del fiscal coordinador de los casos más importantes que se conocen en el país por declarar a la prensa”, añadió.
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La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público decidió suspender del cargo por ocho meses y 15 días al fiscal superior Rafael Vela Barba, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, por unas declaraciones brindadas en el 2020 en el marco del proceso seguido contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
En la resolución se asegura que Vela cometió dos infracciones “muy graves”, por los cuales se decidió separarlo del cargo por cuatro meses en cada una; así como otra “grave”, por lo que se decidió suspenderlo por 15 días.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ratificó, a través de la resolución 64/2023, las medidas cautelares otorgadas en el 2021 al fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, las cuales tienen su origen en la situación de riesgo que experimenta dicho fiscal como consecuencia de su rol en la investigación de actos de corrupción.
El 12 de octubre, el fiscal supremo provisional Helder Terán Dianderas, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, solicitó al Poder Judicial la acumulación de cuatro casos vinculados a presuntos delitos cometidos durante el gobierno de Pedro Castillo, los cuales estaban a cargo de subgrupos del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop). El requerimiento tendrá que ser resuelto por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.
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