Susana Villarán ha sido acusada y piden 29 años de cárcel en su contra. (Foto: Difusión)
Susana Villarán ha sido acusada y piden 29 años de cárcel en su contra. (Foto: Difusión)
Redacción EC

El Poder Judicial revocó en segunda instancia el apercibimiento que se había dictado contra la exalcaldesa de Lima por no haber cumplido con el control biométrico que le requiere sus reglas de conducta en el proceso por lavado de activos que afronta por el caso Lava Jato.

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional publicó su resolución este sábado 17 de agosto, detallando que revocó el fallo en primera instancia que le había dado la razón al Ministerio Público en su pedido de que se ordene un apercibimiento contra Villarán de la Puente.

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En aquella oportunidad, se consideró que correspondía el pedido de la fiscalía porque la exalcaldesa no cumplió con el control biométrico en noviembre del 2023.

Sin embargo, la sala de apelaciones determinó que la resolución del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria vulneró los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica porque no consideró circunstancias previas y posteriores al incumplimiento del control.

También se consideró que el peligrosismo procesal no se vio activado por la conducta de Susana Villarán porque ella, hasta la fecha, sigue cumpliendo con las reglas de conducta en el marco del proceso por presunto lavado de activos.

“El apercibimiento judicial decretado no resulta idóneo ni necesario, dado que el peligro procesal se mantiene neutralizado por el comportamiento procesal de la apelante, quien informó que no pudo firmar su control biométrico por motivos de salud en el mes de noviembre, adjuntando la documentación que acreditaba su cita médica, la cual debió ser valorada considerando su condición etaria y los antecedentes del incidente”, evaluaron en su resolución.

La sala, por esto, revocó el fallo en primera instancia y lo reformuló declarando infundado el pedido de apercibimiento contra Villarán de la Puente.

La exalcaldesa es investigada por los presuntos sobornos que habría recibido por parte de las empresas brasileñas, Odebrecht y OAS para favorecerlos con adendas en el contrato del Proyecto Línea Amarilla en el 2012.

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