Vladimir Cerrón: Corte Suprema rechaza recurso de fiscalía para revisar condena por corrupción

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de la Fiscalía que buscaba cambiar a cuatro años y ocho meses de cárcel efectiva la condena dictada, en el 2019, contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por el delito de negociación incompatible. En consecuencia, el también exgobernador de Junín seguirá bajo prisión suspendida.

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El 5 de agosto del 2019, el Quinto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancayo condenó a Vladimir Cerrón, por su actuación en el cargo de Gobernador Regional de Junín y a otros, por negociación incompatible en agravio del Estado.

En ese momento, el Poder Judicial impuso a cada uno cuatro años y ocho meses de pena privativa de libertad (condena efectiva), un año de inhabilitación y el pago solidario de S/ 850 mil por concepto de reparación civil.

Cerrón fue hallado culpable por emitir la Carta N° 117-2011-GRJ/PR, el 15 de diciembre de 2011, solicitando a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) el pago de mayores gastos generales (S/ 850 mil) a favor de una empresa contratista encargada de ejecutar una obra de saneamiento en La Oroya.

Sin embargo, el 18 de octubre del 2019, la Sala Penal De Apelaciones Transitoria de la Corte Superior de Junín, revocó la condena efectiva y rebajó la sentencia a pena suspendida.

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La fiscalía apeló la decisión y luego de varios recursos de queja y casación, en agosto del 2020 finalmente el Ministerio Público logró que la Corte Suprema ordene a la Corte Superior de Justicia de Junín que eleve el expediente para revisar el caso.

Sin embargo, el expediente recién fue elevado casi un año después, el 11 de junio del 2021, y ocho meses después se programó la fecha de calificación del recurso de casación recién para marzo del 2022.

La fiscalía buscaba que se analice adecuadamente la proporcionalidad de la condena que se le impuso a Vladimir Cerrón, pues considera que la Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Junín no tuvo en cuenta su condición de funcionario público al momento de rebajarle la sentencia.

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