La fiscal, el presupuesto y el ‘Chino’, por Fernando Vivas

"La colisión ha zamaqueado al Congreso y a Palacio de Gobierno, pero el golpe ha sido, en lo esencial, absorbido por la propia Patricia. La institucionalidad del MP es la que más presiona por la purga y está atenta al desenlace"

Dos trenes chocaron en la madrugada del lunes dentro del Ministerio Público (MP). El Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (EFICOOP) apuró –viendo amenazada su supervivencia- su pedido de investigación contra los asesores de Patricia Benavides, la fiscal de la nación. No podían investigar a su jefa pero bastaba mencionar en el pedido al juez, que tres colaboradores de Benavides (Jaime Villanueva, Miguel Girao y Abel Hurtado) son miembros de una organización criminal liderada por ella, para que se desatara el terremoto.

El tren de Benavides, desde que firmó la remoción de la fiscal Marita Barreto, la cabeza de Eficoop en la madrugada del lunes; hasta la tarde en la que denunció constitucionalmente a Dina Boluarte, Alberto Otárola y tres exministros del Interior, chocó estrepitosamente con el de Eficcop. La colisión ha zamaqueado al Congreso y a Palacio de Gobierno, pero el golpe ha sido, en lo esencial, absorbido por la propia Patricia. La institucionalidad del MP es la que más presiona por la purga y está atenta al desenlace.

La fiscal de la nación se puso la soga al cuello pero no encontró, como Pedro Castillo el 7 de diciembre, ni claridad ni energía en la única institución que podía disciplinarla. La JNJ se tomó un día entero para anunciar, sin mayor detalle, que empezaba un proceso disciplinario inmediato. Organismo débil, cuyo colegiado pende de una medida cautelar del Poder Judicial que paralizó un proceso congresal para removerlo, tiembla ante la posibilidad de suspender –tras audiencia del 6 de diciembre- a una enemiga que enerva cualquier decisión que puedan tomar. Benavides, en retaliación, ha pedido a la misma jueza que le otorgó en dos oportunidades medidas cautelares que frenaron las investigaciones de la JNJ contra ella, que extienda sus efectos sobre este proceso, mucho más grave.

Mientras repasan sus filas y bancadas, haciendo el control de daños de lo revelado en los chats de Jaime Villanueva, el Congreso continúa su vida. Tiene agenda para eso. El jueves se cerró el plazo para la votación del presupuesto de la república y este –S/. 241 mil millones- tuvo que ser aprobado con algunos ajustes de última hora que constan con nombre de obra y distrito. Una vez más, quedó de manifiesto que más que el gasto de inversión crece el gasto corriente para el pago de personal. Por ejemplo, de acuerdo a las cifras del MEF, el sector que más absorbe el presupuesto sigue siendo, de lejos, educación (19.3%). El 60.5% de esta asignación se destina al gasto corriente.

En la Comisión de Presupuesto se suelen dar las confluencias más armónicas de todas las bancadas con los funcionarios del MEF que, encabezados por el ministro Álex Contreras. Dejo un solo detalle, que está en los cuadros que el ministro Conteras presentó en su exposición al Pleno (aunque no sabemos si sufrió algún ajuste): El rubro que más ha crecido porcentualmente respecto al 2023 es ‘protección social’, con 19.2%, que corresponde al Midis, el ex ministerio de la presidenta. Ya habrá tiempo para analizar con minuciosidad el porqué de algunos acentos sectoriales y subnacionales. Y, un aumento que nos eriza: el presupuesto del Congreso para el 2024 ha aumentado alrededor del 23% respecto al del 2023, casi el doble que el aumento del presupuesto de la nación que es de alrededor de 12%. Si los peruanos estamos en recesión, el Congreso está en expansión.

"Ayer viernes, el juez Fernando Fernández Tapia, decidió no liberar a Fujimori y devolvió la pelota al TC. Cuando le pregunté a Pacheco qué haría el TC en ese caso, me dijo que esperarían la ‘apelación por salto’ (ese es el concepto) de la defensa"

Las condiciones para pedir un nuevo indulto humanitario a Alberto Fujimori estaban en el aire: 85 años con más achaques y padecimientos a cuestas; un gobierno en buenos tratos con la bancada de Fuerza Popular; un antifujimorismo desmovilizado. Pero la familia sanguínea y política no lo hacía porque estaba pendiente de los habeas corpus y recursos planteados ante el TC. Todo ello se estrella contra la disposición de la Corte IDH que pidió anular el indulto que dio PPK en la navidad del 2017 y que reiteró cuando el TC, en abril del 2022, dijo que el indulto sí procedió y que un juez de la corte de Ica que había aprobado un habeas corpus para liberar a Fujimori, procediera a ejecutarlo. Aquella vez, el gobierno pidió acatar el pedido de la Corte IDH y el juez no ejecutó nada.

Esta vez, el TC, con otra composición, respondió a un pedido de la defensa de Fujimori, aclarando, escuetamente, que la sentencia de abril del 2022, era válida. No dijo textualmente que el juez debe liberar a Fujimori, pero tanto el presidente del TC, como la vicepresidenta y ponente del caso, Luz Pacheco, han dicho sin ambages que Fujimori debe ser liberado. Entrevisté a Pacheco en RPP y le pregunté si no le preocupaba contradecir abiertamente a la Corte IDH. Me dijo que el TC respeta los tratados internacionales pero, en este caso, ella invoca el margen de discrecionalidad que da la normativa de la Convención Americana para ser interpretada en beneficio de los demandantes. En efecto, el Art. 28 de la Convención manda a los estados no interpretarla de tal forma que se suprima o limite derechos. Pero se puede presumir que la Corte IDH también tuvo en cuenta el espíritu de la convención cuando pidió no ejecutar la sentencia del TC. El gobierno, esta vez, ha sido ambiguo y escueto al pedir al juez que verá el caso, que resuelva de acuerdo a la Constitución. Ayer viernes, el juez Fernando Fernández Tapia, decidió no liberar a Fujimori y devolvió la pelota al TC. Cuando le pregunté a Pacheco qué haría el TC en ese caso, me dijo que esperarían la ‘apelación por salto’ (ese es el concepto) de la defensa. Y así andamos de brinco en brinco.