Chinchero empieza a hablar, una crónica de Fernando Vivas

El mayor artífice del lío no es acusado, ni investigado, ni siquiera citado como testigo. PPK se empecinó en sacar adelante el aeropuerto de Chinchero con una adenda que convertía una APP (asociación público privada) cofinanciada, en obra íntegramente bancada por el Perú. Ante esa audacia, tintinearon varias señales de peligro, ‘no firmes la adenda’, ‘no la firmes’, ‘no lo hagas’; pero él las desoyó y contagió a su equipo su sueño aéreo. Hasta compareció, con plumón y pizarra, en un insólito mensaje explicando el supuesto ahorro destrabador.

La jefa de Ositran, Patricia Benavente, el ente regulador del sector, se volvió enemiga de la adenda; el Congreso aprobaba el fondo pero ponía reparos a la forma; el contralor Edgar Alarcón no era digno de fiar; la prensa delataba, entre varios conflictos de intereses, el del primer ministro Fernando Zavala y su hermana Ximena que era gerente de asuntos corporativos de Kuntur Wasi (KW), el consorcio ejecutor. Zavala aprovechó esa circunstancia para hacer un ‘disclaimer’ y un mutis por el foro, y así se redireccionaron los reflectores hacia PPK, que tenía apenas ‘un grado de separación’ con todos los protagonistas de este cuento.

Patricia Teullet, vocera de KW, estuvo en su equipo del MEF durante el gobierno de Toledo, al igual que Cecilia Blume, asesora legal de KW; Carlos Vargas Loret de Mola, el líder de Andino Investment Holding y del consorcio KW, era un ppkausa declarado que estuvo en una reunión de agradecimiento –con fotos al canto- a los aportantes de la campaña. La fiscal Zoila Sueno ha documentado que Andino Investment hizo una donación de $50.000 al Instituto País, cuyo local en San Isidro fue el primer cuartel de la campaña ppkausa.

El ppkausismo hizo oídos sordos a tanta bulla. La entonces viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli, delegada por el ministro Martín Vizcarra, firmó con KW la Adenda 01 el 3 de febrero del 2017. El MTC no estuvo solo. Cuando le pregunté a uno de sus importantes funcionarios de entonces por el origen de la idea del desembolso del Estado, me dijo que la sugirió el ministro de Economía, Alfredo Thorne, en una reunión en el MTC el 1 de diciembre, delante de Vizcarra y su equipo, de Ositran y de Kuntur Wasi.

Consulté a Thorne sobre esta reunión y recuerda que asistió a ella, pero que la idea del ‘financiamiento del Estado como alternativa’ (es el concepto que empleó), partió del equipo del MTC y no del suyo. Camilo Carrillo, quien se encargó del tema en el MEF, y está entre los 13 investigados por la fiscal Sueno, ha dicho a El Comercio que no recuerda de quién fue la idea, pero está seguro de que suya no fue. Donde no discrepan el MEF y el MTC, es en que la elaboración de la adenda sí corrió por cuenta del equipo de Vizcarra en interacción con el consorcio.

En realidad, el destrabe de Chinchero está listado en el Plan de Gobierno de PPK y lo mencionó en varias entrevistas de campaña. Que estaba dispuesto a ayudar a Kuntur Wasi de una forma generosa, se intuye en una temprana entrevista en “Semana Económica” (21/6/2016). Con la frescura de presidente electo no asumido, dijo: “En el aeropuerto de Chinchero, hay que ayudarlos a levantar la plata”. Unos días después de esa declaración pródiga, PPK pasó 3 días en el Cusco, del 23 al 25 de junio, junto a su plancha y su entorno íntimo. También estuvo Cecilia Blume, que bregaba abiertamente por el proyecto.

En esa visita cusqueña PPK se reunió con autoridades y gremios locales, con una agenda amplia en la que figuraba Chinchero, y a todos les ofreció apurar el aeropuerto. Unos días después, el 6 de julio, se reunió con trabajadores de Doe Run en La Oroya y los animó a marchar hacia el Congreso reclamando solución a sus demandas. PPK nos confirmaba que, además de estructuraciones financieras para grandes proyectos, sabía manejar la estrategia de alentar una demanda vocinglera para justificar un proyecto. Algo de eso había sucedido con la IIRSA sur cuando el toledismo jugó a inflamar las expectativas de los departamentos por donde discurriría la carretera; algo de eso sucedió con el gobierno regional de Cusco que entusiasmado con Chinchero compró terrenos para no demorar el movimiento de tierras. Hasta hoy, cuando se le pregunta a algunos de los acusados de colusión, por qué desconocieron las señales de peligro, responden: “Es que los cusqueños nos reclamaban”.

La fiscal Zoila Sueno, que heredó la investigación empezada por José Domingo Pérez contra los responsables de la firma de la adenda (este la dejó cuando pasó a formar parte del equipo especial del Caso Lava Jato en julio del 2018); ha formulado una hipótesis seductora: que los confabulados nos hicieron creer que el contrato de concesión firmado en julio del 2014 durante el gobierno de Humala, era tan perverso e impreciso, que solo se podía salvar con la Adenda 01 que, a su juicio, fue más perversa aún. Algunas de sus evidencias son zafarranchos de combate político y burocrático que  empezamos a desentrañar.

CAF, CAF
Para destrabar, hay que sustentar. El funcionario sabe que su mejor respaldo es un consultor internacional e intachable. El MTC escogió a la Corporación Andina de Fomento (CAF), y esta tuvo listo, el 4 de noviembre (la fecha de recepción en el sello de la mesa de partes del MTC es del 7/11/16), un estudio donde se señala que “el contrato de concesión no define qué es la tasa promedio ponderado anual del cierre financiero de la etapa de ejecución de obras (…) ni establece un procedimiento o fórmula para calcularla. Esto genera un vacío contractual que está sujeto a la interpretación de las partes” (pág. 4).

De ese vacío se aprovechó KW –según la CAF– para hacer un cálculo que “no es utilizado en los mercados financieros (…) es incorrecto y desvirtúa significativamente el costo del endeudamiento garantizado permitido”. En otro pasaje, el estudio dice: “Conciliar estas diferencias entre Proinversión y la concesionaria [KW] va a requerir o va a resultar en un cambio importante de las condiciones contractuales” (pág. 9). Si bien la CAF sugiere renegociar y hace varios cálculos y escenarios alternativos, en ninguna línea insinúa que esa renegociación podría llevar al financiamiento en manos del Estado tal como se planteó en la Adenda 01.

Este informe relativiza el argumento de la falta de tope de interés y la inexistencia de fecha de cierre financiero, que tanto se esgrimieron para justificar la adenda. El principal problema del contrato, según la CAF, no era la ausencia de un tope máximo de interés que haría al Perú víctima de la usura; sino una imprecisión para definir los costos financieros, que fue interpretada abusiva y antojadizamente por KW. Por otro lado, la CAF no señala que hubiese un problema para establecer la fecha del cierre financiero. Como me lo explicó uno de los funcionarios que urdieron el contrato, y cuya investigación por colusión ya fue archivada: “no se puso una fecha determinada pero esta sí era determinable, 30 días antes del inicio de obras”.

La fiscal Sueno no necesitó citar ese estudio para lanzar su hipótesis de que se satanizó el contrato para beatificar la adenda; encontró que los funcionarios de Proinversión ya habían respondido las observaciones que en el 2014, cuando se dio la buena pro, hizo la Contraloría. Y no hubo, en ese momento, réplica de la Contraloría a los respondones de Proinversión. Lo que sí hubo –y me lo esgrime mi fuente del MTC en su defensa– es un oficio del 12/10/2016 dirigido por el contralor Alarcón al ministro Vizcarra en el que dice: “se ha identificado el riesgo potencial de incurrir en una caducidad”. Pero, en lugar de señalar la vía para caducar, recomendó “negociar con el concesionario [KW] la tasa de cierre financiero del pago por avance de obra (PAO)”.

O sea, Alarcón estaba implícitamente de acuerdo con una adenda, pues allí iría a parar una renegociación, aunque no con la forma en que se dio. De todos modos, estos documentos revelan que, antes que control preventivo, el polémico Alarcón acompañó el sueño de Chinchero hasta un punto en que viró y expuso a Alfredo Thorne provocando su caída.

¿Por qué apareció una copia del informe de la CAF en el disco duro incautado a José Balta del Río, gerente de KW, además de un borrador de la adenda y documentación sobre el pliego interpelatorio del Congreso a Martín Vizcarra? En su defensa, un funcionario del MTC me remite al Art. 54 del Reglamento de la Ley de APP. Allí se habla de la ‘fase de transacción’ y de la facultad que tienen los privados a reunirse con las autoridades y “acceder a la documentación pública disponible relacionada con el proyecto”. Ese artículo se refiere a la negociación de contratos de concesión, pero es razonable extenderlo a renegociaciones.

Que Balta tuviera el borrador de la adenda es normal y explicable, pues se construyó entre ambas partes. Pero que el documento de la CAF aparezca en un archivo con fecha del 26 de octubre del 2016, antes de su entrega formal al MTC, que fue el 7 de noviembre; sí es irregular. No era documentación pública, como sí podía serlo la relacionada a la interpelación de Vizcarra. La fiscal Sueno dice en su investigación que la CAF no ha respondido a sus requerimientos de información escudándose en la inmunidad diplomática de sus funcionarios. Sería bueno que abandone su opacidad, pues, a la extrañeza que produce esa difusión previa del informe, se suma la conocida relación amical entre la entonces directora del ente, Eleonora Silva, Blume y Teullet.

El correo delator
Una fuente del MTC me proporcionó un correo que ha provocado un sainete. El 2 de diciembre del 2016, un día después de la reunión donde la adenda se puso por primera vez sobre la mesa amplia, Manuel Carrillo Barnuevo, funcionario de Ositran, le escribió lo siguiente a Yaco Rosas, director de concesiones del MTC: “Ositran está de acuerdo con otorgarle a la empresa un adelanto para iniciar los trabajos”. De esta forma se delata que Ositran, luego opositor, habría estado de acuerdo con la esencia de la adenda. Más no con los detalles, porque, unas líneas más abajo, Carrillo Barnuevo dice: “La opinión de Ositran sobre esta propuesta tal cual se nos presentó ayer no es favorable”.

A pesar de la aclaración, Ositran desconoció cualquier indicio de que alguna vez simpatizó con la esencia, y el MTC de entonces judicializó el caso. El fiscal Jony Peña ordenó un peritaje de la computadora de Yaco Rosas, para demostrar que su colega del Ositran le escribió a Rosas lo que le escribió. Tengo el expediente en mis manos y se lee con una sonrisa la explicación que el fiscal da al MTC acompañada del listado de correos en la PC de Yaco. Sin embargo, esto no salvó a este último de ser uno de los 13 investigados de Chinchero.

Martín pisó el palito
Tras la firma de la adenda el 3 de febrero, Martín Vizcarra siguió defendiéndola algunas semanas más. El 9 de febrero fue a la Comisión Permanente a explicar los alcances y flaquezas de la adenda y recibió fuego graneado de varias bancadas. La mayoría estaba de acuerdo con el proyecto y, algunos, incluso con el financiamiento del Estado; pero les inquietaba que este pecara de generoso con KW y ni siquiera hubiera obtenido la promesa de rebajar la concesión de 40 años. Vizcarra defendió la adenda como lo hacía el resto del Ejecutivo, demonizando el contrato.

La fiscal Sueno describe este episodio y cita a Lourdes Alcorta preguntando al entonces ministro, por qué, si el contrato era tan ruin como lo pintaba, no había denunciado a sus autores. He leído las actas de esa sesión y no solo Alcorta, sino los fujimoristas Luis Galarreta y Freddy Sarmiento, además de Edgar Ochoa de Nuevo Perú, preguntaron lo mismo. Ante estos cuestionamientos reiterados, Vizcarra –cito el acta–:“señaló que había emitido una comunicación al procurador público de su sector para formular las acciones judiciales respectivas contra los funcionarios públicos que participaron en la negociación y suscripción del citado contrato”.

En efecto, al día siguiente, 10 de febrero, una semana después de firmada la adenda, el procurador del MTC, instruido por Vizcarra si nos atenemos a lo que dijo en el Congreso, denunció a los funcionarios de Proinversión que urdieron el contrato de concesión en el 2014. La fiscal Sueno subraya la ironía y la contradicción del acto: si el MTC presume que hubo corrupción en el contrato, ¿por qué, en lugar de buscar su disolución, lo validó con una adenda? La denuncia fue un bumerán. La fiscalía puso a José Domingo Pérez a investigar, este allanó el local de KW y, cuando la Contraloría presentó su informe demoledor sobre la adenda y recomendó denunciar a funcionarios del MTC y del MEF, en la fiscalía ya había Caso Chinchero y pruebas.

La ironía estalló el 21 de mayo con Vizcarra (ya enterado del informe lapidario de la Contraloría) anunciando que se cancelaba contrato y adenda, con su renuncia al día siguiente, y con la difusión del audio entre Thorne y Alarcón el 4 de junio. Pero la ironía recién se coronó con el archivamiento de la investigación preliminar a los supuestos confabulados del contrato y la reciente decisión de la fiscal Sueno de elevar a la fase preparatoria a los presuntos confabulados de la adenda.

Pero Forsyth, tú dijiste…
Con la misma lógica de buscar sustento técnico en el informe de la CAF; el MTC, luego de firmada la adenda, pidió un informe al estudio Forsyth Abogados, para que analizaran las críticas que se hacían a la esta y tenían al ministerio en ascuas. El 7 de abril del 2017, los abogados Albert Forsyth Solari e Isabel Gutiérrez Molina, presentaron un análisis de 50 páginas que termina con esta conclusión: “En nuestra opinión, la Adenda 01 no solo no ha modificado la estructura original de asignación de riesgos del contrato de concesión del aeropuerto, ni ha causado perjuicios económicos o contingencias fiscales al Estado (…), sino que además no ha afectado los factores de competencia del proceso de promoción privada del aeropuerto (…). Dado el nivel de la discrepancia presentada entre el concesionario y el concedente debido a un vacío contractual evidente, esta solo podía ser superada vía un acuerdo entre las partes y/o la decisión de un tercero dirimente a través de un arbitraje”.

A juzgar por lo que se desencadenó después, la opinión de Forsyth es conmovedora. La Contraloría, Ositran y varios expertos sostienen que la adenda sí varió los factores de competencia, pues al optar por el financiamiento del Estado, se alteraron dramáticamente las bases del concurso, cosa que está prohibida por la Ley de APP. En su art. 134 esta dice: “Las partes pueden convenir en modificar el contrato de APP (…), procurando no alterar la asignación de riesgos y la naturaleza del proyecto”. Como lo explica un experto en derecho administrativo: si los otros postores hubieran sabido que al final el Estado hacía el desembolso, variaban sus propuestas.

También llama la atención que Forsyth concluya que la adenda no causa perjuicios al Estado, sin prever que, al cancelarse más tarde, validó el contrato que, con otra estrategia, hubiera podido dejarse caducar sin multas ni arbitrajes. Pero después del lío, ya no valen los informes  compasivos.