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El Poder Judicial reprogramó para el próximo 30 de julio la audiencia en la que se evaluará la prisión preventiva contra la ex primera dama, Nadine Heredia y los exministros Luis Castilla y Eleodoro Mayorga, por su participación en presuntos actos irregulares en la licitación del proyecto Gasoducto del Sur a la empresa Odebrecht.
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Fuentes de El Comercio explicaron que tras iniciarse la audiencia, y la acreditación de las partes procesales, se dio cuenta que tanto la fiscalía como la defensa legal de algunos de los investigados habían incorporado nuevos elementos de convicción.
“Se trata de nuevos elementos de convicción incorporados por la fiscalía y las partes. Tanto la defensa de Mayorga y Castilla”, indicaron.
La audiencia convocada para esta mañana duró aproximadamente 30 minutos. Según fuentes de El Comercio, fue instalada por el magistrado Carlos Sánchez Balbuena con todas las partes procesales, pero no se hizo pública.
A diferencia de otras oportunidades, el Poder Judicial no transmitió la diligencia. Desde la institución, indicaron a este diario que no tenían conocimiento del motivo y que podría tratarse de problemas técnicos.
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El próximo jueves 30 de julio, el magistrado Sánchez Balbuena, continuará con la diligencia programada para las 10 de la mañana.
La fiscal del Equipo Especial Geovana Mori, ha solicitado 36 meses de prisión preventiva contra Heredia Alarcón, Castilla Rubio y Mayorga Alba, quienes vienen siendo investigados por en este caso los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada en perjuicio del Estado Peruano.
Según la hipótesis fiscal, Heredia y los exministros formarían parte de una organización criminal constituida al interior del aparato estatal, donde la ex primera dama tenía un poder de facto. Gracias a ello, habría dado directivas y pactado reuniones con la finalidad de que la empresa Odebrecht, sea favorecida con el proceso del Gasoducto Sur Andino y posteriormente con la licitación del proyecto Gasoducto del Sur.
Lo anterior, según la fiscalía, habría sido en contraprestación de los presuntos aporte ilícitos que la constructora brasileña había realizado durante la campaña electoral del 2011, cuando Ollanta Humala postuló a la presidencia por el Partido Nacionalista.
