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Este lunes se inicia en Brasil una nueva ronda de interrogatorios a exdirectivos de Odebrecht por sobornos en el Perú. Según el cronograma, al que tuvo acceso El Comercio, las diligencias empezarán con la declaración del exdirectivo de la constructora Eleuberto Martorelli en la sede de la procuraduría de Paraná a las 2 p.m. Él debe brindar información sobre el caso de la carretera San José de Sisa, en el que se investiga el presunto pago de US$320.000 al ex primer ministro César Villanueva.
En agosto, El Comercio publicó este informe sobre alguna de las imputaciones que recaen en César Villanueva, que ayudan a comprender la complicada situación legal del ex jefe del Gabinete Ministerial.
El fiscal anticorrupción de Tarapoto José Villalta Arriaga halló presuntas irregularidades cometidas por tres exfuncionarios del Gobierno Regional de San Martín (GRSM) en la investigación al proceso de licitación y ejecución de la carretera Cuñumbuque–Zapatero–San José de Sisa, adjudicada a Odebrecht en octubre del 2008, durante la gestión del congresista y ex primer ministro César Villanueva.
De acuerdo al documento de formalización de investigación al que accedió El Comercio, Juan Carlos Páucar Guerra, Juan Carlos Silva Dávila y Marcos Díaz Espinoza, los tres exfuncionarios del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM), habrían participado en una presunta aprobación irregular de resoluciones a favor de Odebrecht. Para la fiscalía, su conformidad permitió que la empresa entable un arbitraje contra el GRSM para exigir el reconocimiento de S/44’900.000.
“Este accionar de los funcionarios del proyecto [PEHCBM] de avalar una solicitud elaborada por la empresa Odebrecht […] a sabiendas de la falsedad de sus afirmaciones, denotaría el animus de perjudicar al Estado en su patrimonio”, se lee en la resolución del fiscal Villalta.
A ello se suma que un tribunal arbitral ad hoc resolvió en el 2013 que el PEHCBM debía pagarle a Odebrecht más de S/25 millones. Los tres árbitros que tomaron esa decisión son investigados por el equipo especial Lava Jato, por los delitos de lavado de activos, asociación ilícita y cohecho, por presuntamente haber favorecido a la empresa brasileña en distintos arbitrajes contra el Estado.
—El reclamo y el fallo— En el 2012, la constructora brasileña solicitó el inicio de un arbitraje contra el PEHCBM –entidad perteneciente al GRSM– por diversos aspectos, como “la mayor permanencia de los equipos movilizados por Odebrecht en la zona de la obra”.
Por este requerimiento, se formó un tribunal arbitral ad hoc que estuvo integrado por los árbitros Mario Castillo Freyre, Alfredo Zapata Velasco y Ricardo Espinoza Rimachi. En el 2013, ellos concluyeron que el PEHCBM tenía que pagarle S/25’922.630 a Odebrecht.
El 7 de enero del 2015, la entonces procuradora del GRSM, Sonia Linares, apeló la decisión arbitral y pidió anularla. En diálogo con El Comercio, Linares declaró que Carlos Ulloa, su antecesor en la procuraduría durante la gestión de Villanueva, fue quien buscó ocultar información para no impugnar la decisión que favorecía a Odebrecht. “Fue asquerosa la forma como se llevó la defensa del laudo”, sostuvo.
El 6 de agosto pasado, el exjefe de Odebrecht en el Perú Jorge Barata declaró ante la fiscalía que la constructora entregó US$60.000 a Villanueva por la adjudicación de la carretera San José de Sisa. El congresista ha negado que haya recibido ese dinero y ha asegurado que fue clave para que la empresa “pierda S/85 millones [en un laudo arbitral]”.
—Arbitraje en suspenso— Entre el 2013 y el 2014, el tribunal arbitral emitió tres resoluciones que disponían el reconocimiento de mayores gastos a favor de Odebrecht.
En el 2015, la Segunda Sala Comercial de Lima anuló estos fallos y Odebrecht apeló ante la Corte Suprema.
En el 2017, la máxima instancia judicial desestimó el pedido y exigió que el expediente volviera a ser evaluado por el tribunal arbitral, pero dos de los tres árbitros renunciaron. “Nos quedamos en una situación de incertidumbre. El proceso arbitral no ha terminado”, precisó el actual procurador del GRSM, Germán Bedoya.
—Descargos— En comunicación con este Diario, Marcos Díaz, exgerente del PEHCBM, aseguró que las resoluciones del tribunal –que reconocían los reclamos de Odebrecht– fueron “de acuerdo a ley”.
Por su parte, Páucar Guerra, exdirector del proyecto, se negó a declarar, aduciendo que es funcionario en Provías Nacional. “Debo enfatizar que la fiscalía viene investigando [el caso]”, dijo.
Actualmente, Páucar es investigado por el fiscal Germán Juárez, del equipo especial, por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada, en el caso denominado ‘club de la construcción’. El funcionario fue presidente del comité de licitación en tres obras de Provías Nacional que para Juárez son “altamente sospechosas”.
Silva Dávila no respondió a nuestras llamadas ni a los mensajes que recibió.
En tanto, el árbitro Castillo Freyre negó haber recibido algún soborno a cambio de su decisión. Remarcó: “[Los árbitros] le hemos dado alrededor del 60% de la pretensión a Odebrecht y denegado el 40%”. Castillo fue uno de los que renunció.
Espinoza Rimachi, otro de los árbitros, señaló que en el primer fallo tuvo una posición en contra del pedido de la empresa. “En el laudo final, le di la razón a Odebrecht porque las bases del concurso establecían que el contratista tenía derecho a que se le reconozca el mayor pago por derecho de maquinaria”, explicó.
El Comercio buscó la versión del árbitro Zapata Velasco en su domicilio, pero no obtuvo respuesta.
El exprocurador Ulloa negó a este Diario haber puesto obstáculos al avance del proceso arbitral, como aseguró su sucesor, y dijo que en su período este no concluyó.
