La elección de miembros del Tribunal Constitucional (TC) —incluyendo el enredo legal propiciado por una resolución judicial de la víspera— ha vuelto a poner en la mesa el reiterado debate en torno a su idoneidad y legitimidad, en gran parte debido a factores procedimentales y, sobre todo, políticos.
No está de más reiterar la importancia de la institución, como “órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad” (TC), para lo que mantiene autonomía e independencia (Constitución, 201-202). Es una de las garantías del Estado constitucional de derecho y, en tiempos recientes, ha puesto coto a varios estropicios originados en el fuero parlamentario.
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Esta condición ha hecho que el TC haya sido, desde sus orígenes, fruto de diversas batallas políticas, incluyendo aquella que originó el cierre del Parlamento, en el 2019. En la década de 1990, su descabezamiento parcial originó las primeras protestas políticas de considerables dimensiones que enfrentó el Congreso, dominado por el oficialismo. Más recientemente, protestas ciudadanas revirtieron el acuerdo político forjado en el Congreso en el 2013, bautizado como “la repartija”.
¿Hay espacio para una elección perfecta? Se ha querido solucionar este vacío con concurso de méritos. Pero los parámetros que se utilizan, en manos de instancias que no se especializan en eso, pueden terminar siendo cuestionables. La votación calificada de alguna manera busca también un mínimo de acuerdo, pero este no se basa necesariamente en la calidad profesional de los postulantes.
Por lo demás, el nombramiento, tal como está, es inevitablemente político. El Congreso (el saliente y el entrante) cuentan con la legitimidad constitucional, algo que no debe desconocerse en ningún caso. Lo criticable es que muchas veces las negociaciones abren espacio a acuerdos que le dan margen a motivaciones subalternas.
La acción de amparo sin duda pone en situación incómoda al Parlamento y abre el debate sobre el equilibrio de poderes. Pero hay reiterados antecedentes (nuevamente en el Estado constitucional de derecho) propios de un régimen democrático que no han sido espacios exentos de control.
Al cierre de esta columna, no se había alcanzado la votación calificada para tres de los quince postulantes que habían llegado a la instancia final. El Congreso fragmentado que se instalará el 26 de julio próximo hace prever que en pocos meses estará enfrentando una situación similar, en un contexto en el que la polarización persistirá y la sensatez seguirá brillando por su ausencia: críticas con cariz de berrinche, desprestigio de los acuerdos o concesión a intereses oscuros en aras de llegar a consensos mínimos.
Si se quiere evitar una prolongación insensata de mandato en el TC (el mandato expiró hace más de dos años), ¿por qué persistir en el mismo mecanismo? Una cita que se atribuye con frecuencia a Albert Einstein describe así la locura: “Hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”. ¿Qué oculto encanto tiene la locura para mantenerse atado a ella?
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