Pedro Castillo: su intento por asilarse en México y otros argumentos del PJ para ampliar su prisión preventiva

Nuevo revés. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria amplió por 14 meses la prisión preventiva dictada contra Pedro Castillo por el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre del 2022. El juez Juan Carlos Checkley determinó que el nuevo plazo se compute desde el 7 de junio del 2024 hasta el 6 de agosto del 2025.

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Castillo enfrenta un pedido fiscal de 34 años de prisión por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. El proceso se encuentra en etapa de control de acusación, fase previa al juicio oral.

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Pedro Castillo tiene una segunda orden de prisión preventia por 36 meses en su proceso por organización criminal y corrupción (casos Puente Tarata, Petro-Perú y Anguía).

En su resolución, el Poder Judicial mencionó la intención de Pedro Castillo de asilarse en México como elemento del peligro de fuga. Enfatizó que ello también fue determinante y quedó evidenciado cuando se evaluaron tanto la detención preliminar en flagrancia como la prisión preventiva, en diciembre del 2022.

Remarcó que, si bien se considera como familia a los padres y hermanos, “no se puede negar que la nuclear, la que depende de él” son su esposa (Lilia Paredes) e hijos que “hoy se encuentran en calidad de asilo en México”.

“El potencial asilo, hoy no descartado, fue evidenciado con la concurrencia de un diplomático mexicano que acudió a la sede policial donde se encontraba recluido Castillo Terrones y por el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador”, indicó el PJ, que incluyó un link de youtube con las declaraciones del ahora saliente gobernante mexicano.

Por tanto, estableció que el argumento de la defensa de Castillo no tenía sustento. Justamente, en la edición del domingo El Comercio dejó en evidencia que Pedro Castillo negó haber pedido asilo a México en un intento por evitar la prolongación de su prisión preventiva, pero el propio López Obrador y una carta lo desmentían.

Para el juzgado, también “debe tenerse en cuenta” la “gravedad” de la pena solicitada por la fiscalía y del delito “en cuanto a la magnitud del daño causado”.

“Debe tenerse también en cuenta que tanto la gravedad de la pena solicitada por la fiscalía (34 años de pena privativa de la libertad) y del delito (en este caso se trata de tres delitos) en cuanto a la magnitud del daño causado, si bien por sí solas no son criterios para imponer una prisión preventiva y en consecuencia prorrogarla, sumadas a la falta de arraigo y al factor relevante como es la posibilidad de asilo latente, suman como elemento de respaldo al peligro de fuga ya referido”, remarcó.

Si bien el Ministerio Público pidió que la prisión preventiva contra Castillo se extienda en 18 meses, el Poder Judicial consideró que esta solicitud “no es proporcional” y dispuso que el plazo se amplíe solo por 14 meses.

Para el PJ debe tenerse en cuenta que se está “frente a un caso complejo”, no solo por el número de acusados, sino porque se trata de un expresidente procesado por el delito de rebelión.

La decisión judicial responde a un requerimiento de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios, que fue evaluado el pasado jueves 6 de junio. El Ministerio Público pedía que la prisión preventiva contra el exgobernante se amplíe por 18 meses.

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Los detalles de la audiencia en la que se evaluó el pedido

Durante la audiencia del jueves pasado, la fiscal suprema Galinka Meza Salas argumentó que el plazo de 18 meses solicitado era “razonable” por tratarse de un proceso judicial complejo. “Es necesario asegurar la presencia del acusado Castillo Terrones toda vez que aún el proceso se encuentra en etapa intermedia [control de acusación] y esta podría prolongarse”, afirmó.

Por otro lado, sostuvo que “sigue latente” el peligro de que Pedro Castillo fugue del país si no está en prisión, tomando en cuenta que su esposa y sus hijos están en México desde diciembre del 2022. Además, citó los informes periodísticos que dan cuenta de que su esposa, Lilia Paredes, recibiría US$ 10,000 dólares mensuales de ese gobierno.

Por su parte, el abogado de Castillo, Walter Medrano Girón, pidió que se rechace la ampliación y sugirió que sea procesado en libertad, bajo comparecencia con restricciones. Además, argumentó que no existió un pedido de asilo político a México.

Esto pese a que el propio presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que Pedro Castillo llamó para avisar que iba a la embajada de México para solicitar asilo. El entonces embajador mexicano en el Perú también confirmó esa información y detalló que el pedido fue ratificado por el expresidente desde prisión.

El Comercio intentó contactarse con el letrado para recoger sus comentarios sobre la decisión del Poder Judicial, pero al cierre de este informe no respondió.

En la audiencia del 6 de junio, el abogado de Castillo, Walter Medrano, sostuvo que la posibilidad de que Castillo sea condenado por este caso es “una especulación” y planteó que Pedro Castillo sí tiene arraigo familiar porque sus padres y sus hermanos están en el Perú, y porque “el hecho que estén allá, no significa que no puedan volver su esposa y sus hijos”.

Todos los argumentos de la defensa fueron desvirtuados por el juez al ampliar el plazo de prisión preventica