El jueves, el pleno del Congreso aprobó, en primera votación, el dictamen referido a los requisitos de inscripción y las causales de cancelación del registro de organizaciones políticas.
Se eliminó el requisito de firmas de adherentes para la inscripción y se estableció la presentación de un padrón de afiliados; pero a diferencia de lo propuesto por la Comisión de Reforma Política, se elevó el número de estos de unos 14 mil a más de 22 mil para los partidos y se mantuvo y amplió el requisito de la existencia de comités provinciales (nosotros pensamos que era mejor dar libertad a las organizaciones para que se organicen como estimaran conveniente).
De otro lado, se acogieron casi todas las propuestas del proyecto del Ejecutivo en cuanto a las causales de cancelación, salvo uno muy importante: no superar el 1,5% de los votos en las elecciones primarias. Finalmente, no queda claro cómo los partidos ya inscritos se adecuarán a los nuevos requisitos.
Pero el jueves también debió aprobarse la propuesta de reforma constitucional que busca impedir que los sentenciados en primera instancia por delitos dolosos puedan postular a cargos de elección popular: apenas pudo alcanzarse el quórum, y la votación debió suspenderse.
Hablando de fechas, considerando que los proyectos deben tener segundas votaciones, y que la legislatura termina el 25 de julio, esto implica que solo hasta el 18 podrían aprobarse los proyectos que faltan. Atención con eso.
De otro lado, el martes la Comisión de Constitución aprobó un nuevo dictamen sobre la democracia interna en las organizaciones políticas, que contiene algunos elementos preocupantes. La Comisión de Reforma Política planteaba elecciones internas simultáneas, abiertas y obligatorias para elegir candidatos, lo que luego permitiría eliminar el voto preferencial.
Se nos criticó diciendo que sería costoso sumar la elección interna a las elecciones generales que ya conocemos, y que estaríamos copiando un modelo cuestionable, las PASO de Argentina. Nuestra respuesta fue que el problema allá es que en varias provincias los partidos presentan listas únicas cerradas, lo que hace que los electores no tengan posibilidades de elegir, de allí que algunos propongan cancelar las PASO cuando no exista competencia.
Nosotros no tendríamos ese problema, porque propusimos una votación por candidatos individuales, siguiendo nuestra tradición de voto preferencial.
El dictamen aprobado, si bien aceptó la realización de elecciones primarias simultáneas, abiertas y obligatorias, estableció que para el 2021 los partidos ya inscritos podrían tener una elección más, una interna de candidatos solo para afiliados; de allí saldrían listas únicas y cerradas que irían a las primarias.
Es decir, se terminó haciendo precisamente aquello que se criticaba. El problema es que, si la elección interna implica la eliminación del voto preferencial, esto podría ser visto como un retroceso: antes teníamos la posibilidad de elegir a los candidatos dentro de una lista, ahora no necesariamente.
De otro lado, se permite que los partidos que no pasen el 1,5% de los votos en la elección primaria mantengan la inscripción (lo que pierden es el derecho a participar en la elección general), lo que no tiene sentido considerando que los que no obtienen el 5% en la elección del Congreso la pierden.
Corremos el riesgo de que en el 2021 los ciudadanos perciban que la reforma ha sido un retroceso parcial, y que los legisladores han privilegiado la sobrevivencia de sus organizaciones antes que la necesidad de renovar la representación política.