Rosa Bartra: “Hay suficiente plazo para aprobar [la reforma política]”

Sebastian Ortiz Martínez / María Alejandra Campos

La presidenta de la Comisión de Constitución del Parlamento, Rosa Bartra (Fuerza Popular), adelantó que su grupo debatirá el retorno a la bicameralidad, medida que fue rechazada en el referéndum de diciembre.

— La Comisión de Constitución ha incluido los 12 proyectos del Ejecutivo sobre la reforma política dentro de un paquete de 138 iniciativas. ¿Eso es darle prioridad?
La dinámica que acompaña la aprobación de un proyecto de ley, de reforma constitucional o no, exige que se deban acumular todos los demás proyectos de ley alrededor de esa materia. Es imposible que yo pueda hacer una discriminación positiva para uno y negativa para otros, excluyendo los demás proyectos de ley. Lo que se ha hecho es acumular todos los proyectos de ley alrededor de las iniciativas del Poder Ejecutivo. Así que sí, sí están priorizados en cumplimiento de lo que establece el reglamento del Congreso.

— Este martes [ayer] solo se aprobó un artículo de un proyecto y, de acuerdo con su cronograma, para este miércoles [hoy] se deben tener listas 10 iniciativas del Ejecutivo. Claramente, esos plazos no se van a cumplir…
Estamos haciendo el máximo esfuerzo. Lo mismo se decía respecto a la reforma constitucional, que fueron cuatro [proyectos] que se aprobaron y se votaron en el referéndum. [Algunos] manejaban el mismo escenario, decían “no van a llegar”, bueno, pues, llegamos.

— Es probable que con la estructura de su cronograma se llegue a un escenario de confrontación. ¿No es mejor que las reformas constitucionales del Ejecutivo estén más adelante?
[Las reformas del Ejecutivo] no tienen ni un mes de haber ingresado al Congreso. El 16 de abril, al día siguiente de su presentación, tuvimos al presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política [Fernando Tuesta] y al ministro de Justicia [Vicente Zeballos]. Y ni 24 horas después de haber terminado con la presentación se inició el proceso parlamentario que lleva a la votación de un dictamen […]. Y [los que critican] solo se centran en el cronograma, pero no se fijan en que ya estamos debatiendo, que hoy ingresó otra reforma constitucional a la agenda del día y que mañana [miércoles] están para el debate dos más. Entiendo el afán del Poder Ejecutivo de recuperar tribuna, de recuperar el aplauso y de subir puntos en las encuestas, pero inventar una urgencia que no va a operar hasta el 2022, en el caso de dos reformas constitucionales, no solamente no ayuda, sino empeora lo que el país necesita en este momento.

— ¿Sin un acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso es difícil que la reforma política se concrete?
Creo que el Poder Ejecutivo haría mucho bien si contribuye al debate. El Ministerio de Justicia jamás ha dejado de participar en las mesas técnicas, así que espero que sigan contribuyendo, pero de manera informada. Más bien, yo creo que el problema viene al más alto nivel cuando tenemos al primer ministro desinformando, hablando de que no se le da prioridad [a la reforma política] y al presidente repitiendo eso. Más que voluntad de consenso [de parte del gobierno], hay una desinformación bastante grande. Espero que ahora, con la información completa, puedan contribuir, porque construir al clima que necesitan las reformas constitucionales requiere de máximo consenso.

— La percepción de que la Comisión de Constitución no le está dando prioridad a la reforma no solo es del Ejecutivo, sino también de congresistas que se oponen a Fuerza Popular. ¿A qué se debe?
Insisto en que hay un afán distractor para poder presentar información equivocada con respecto a lo que se está haciendo [en la comisión] para generar una confrontación que finalmente pueda traducirse en una mejora en las encuestas. Se está tratando de orientar o formar una opinión de que la Comisión de Constitución no está trabajando.

— ¿Qué beneficio pueden sacar los parlamentarios al desprestigiar al Congreso?
Bueno, si yo veo al presidente del Congreso [Daniel Salaverry], quien debería defender el fuero congresal, atacando con mentiras al Parlamento con respecto a la extradición [del ex juez supremo César] Hinostroza, qué podemos esperar de congresistas desinformados.

— ¿Por qué dice que Salaverry ataca con mentiras al Congreso? ¿No es cierto que ustedes no aprobaron acusar a los ex consejeros del CNM por crimen organizado?
El Congreso hizo su trabajo. La justicia española, basándose en el cuaderno de extradición, que fue elaborado por la fiscalía y el procurador [Amado Enco], ha dicho que no hay elementos suficientes que acrediten el delito de organización criminal [en la situación de Hinostroza], ha dicho que el que [los ex consejeros del CNM e Hinostroza] se llamen con tratos coloquiales o que almuercen juntos no son elementos que conducen a que se ha cometido el delito de organización criminal […]. Es más, [los jueces españoles] dicen que si los integrantes del CNM hubieran sido acusados por organización criminal, tampoco configuraría [ese delito], porque el que se digan “hermanito” no es un elemento de convicción suficiente.

— El fallo de la justicia española justifica su decisión en dos elementos: uno es el cuaderno de extradición y el otro es la decisión del Congreso de no acusar por organización criminal a los ex consejeros del CNM. Es decir, los responsables son la fiscalía y el Poder Judicial, pero también el Parlamento.
Yo no lo admito así. No había elementos de convicción para que el Congreso [aprobara la denuncia]. El Congreso, repito, no Fuerza Popular y el Apra, porque siempre se trata de llevar a ese terreno.

— La mayoría de los votos en abstención en esa votación en el pleno fue de Fuerza Popular. Si el fujimorismo respaldaba las denuncias, otro hubiera sido el panorama de los ex consejeros del CNM.
Reclame a cada uno por su voto.

— Si las reformas constitucionales no se aprueban hasta abril del año que viene, no podrán entrar en vigencia para las elecciones generales del 2021. ¿No se está arriesgando su comisión en no aprobarlas en esta legislatura?
Hay tres legislaturas por delante, esta [que concluye en julio], la de agosto a diciembre y la que empieza en marzo del año que viene. Incluso, se puede tener una legislatura extraordinaria. No, no me preocupa el plazo, creo que hay suficiente plazo para aprobar [la reforma política].

— Fernando Tuesta afirmó que la madre de toda la reforma era la bicameralidad, pero este proyecto no fue enviado por el Ejecutivo. ¿Esta es una reforma huérfana?
Me sorprende que Fernando Tuesta, quien ahora le reclama al Poder Legislativo, no le haya reclamado al Poder Ejecutivo que haya mutilado lo que él mismo llama “la madre de toda la reforma”. En el Congreso hacemos la tarea y hay más de siete proyectos de ley presentados alrededor de la bicameralidad, que tenemos el deber de debatir. Vamos a debatirlo inmediatamente después del dictamen sobre la inmunidad [parlamentaria].

— Si el dictamen sobre la bicameralidad es aprobado, ¿este debe permitir la reelección de congresistas?
Soy presidenta de la Comisión de Constitución, tengo un deber de neutralidad respecto a la posición de los demás, no puedo exhibir mis posiciones.

— Desde el punto de vista técnico, ¿la no reelección parlamentaria puede ser debatida, pese a que en el referéndum se aprobó esta figura?
Absolutamente, es absolutamente viable desde lo técnico y legal.

— ¿Las bancadas tienen la voluntad para aprobar este tipo de reformas?
Casi todas las bancadas han presentado un proyecto de ley alrededor de la materia.

— Sobre la bicameralidad, pero no sobre la no reelección...
El proyecto de ley sobre la bicameralidad en realidad es un proyecto de ley integral que modifica más de 70 artículos de la Constitución, supongo que dado el momento se tendrá que tratar el tema [de la no reelección].

— El predictamen de la Comisión de Constitución autoriza a la Corte Suprema abrir proceso a altos funcionarios, pero no a levantar la inmunidad a los congresistas. ¿Por qué esa diferencia?
El fuero parlamentario o la inmunidad le asisten al Congreso; el análisis, si se levanta, no es del congresista, es del Congreso. ¿Quiénes levantan la inmunidad a los miembros del Tribunal Constitucional? El mismo Tribunal Constitucional. Entonces, en un sistema republicano como el nuestro, donde la independencia de poderes es fundamental, no puedes recortarle atribuciones a un poder del Estado para dárselas a otro, porque entonces rompes el equilibrio de poderes.

— Pero el Congreso sí tiene la potestad para levantar la inmunidad de los jueces supremos, que pertenecen a otro poder del Estado.
Hay un derecho de antejuicio que está establecido en la Constitución y así ha venido funcionando. Precisamente, se quejan que el Congreso hace abuso de eso, como los casos [respecto a los ex integrantes del CNM] que hemos visto. Pero en este caso concreto la inmunidad parlamentaria, de acuerdo al dictamen de la comisión que está sujeto a debate, va a ser levantada por el Congreso, como se ha hecho antes y como se hace en la legislación comparada en el mundo.

— ¿A qué se debe esa doble evaluación: por un lado los altos funcionarios y por el otro los congresistas, que mantienen su inmunidad?
Repito, la inmunidad parlamentaria es una garantía del ejercicio de la función del congresista, no se puede vulnerar sometiéndola a otro poder del Estado que, además, va a juzgar. Mucho se dice que la inmunidad no debe proteger de delitos cometidos antes del ejercicio de la función y eso me parece correcto. ¿Pero por qué al presidente de la República sí se le protege e incluso se archivan sus casos?

— ¿Que el Parlamento tenga 30 días útiles para levantar la inmunidad de arresto de un congresista no beneficia a esta persona, quien puede fugar en ese tiempo, como sucedió con Edwin Donayre?
Agradezco la pregunta, porque ahora se habla [que el levantamiento de inmunidad] sería más rápido si se traslada al Poder Judicial. ¿Sabe cuántos años tardó el Poder Judicial para sentenciar al congresista Donayre? Catorce años. ¿Sabe cuánto tiempo demoró el Congreso para levantar su inmunidad tras una sentencia firme? Cuarenta y ocho horas. ¿Realmente hay demora en el Congreso? Es realmente absurdo el argumento de que hay demora.

— El Congreso debió levantar la inmunidad de arresto de Donayre en agosto o setiembre. El Código Procesal Penal de 1940, bajo el cual fue procesado Donayre, indica que la pena debe ejecutarse con el primer fallo pese a que exista recurso de nulidad…
Hay todo un debate alrededor de eso que tiene como correlato lo que han determinado en procesos parecidos de suspensión de autoridades, que ha sido suscrito por [los jueces supremos] César San Martín y Víctor Prado Saldarriaga. Ellos dicen que una sentencia de primera instancia en el Código de Procedimientos Penales no debe aplicarse para la suspensión de una autoridad local, sino esperar la sentencia firme, eso lo hemos analizado. El Congreso ha hecho lo que está establecido en su reglamento y eso es lo correcto.

— La Comisión de Constitución mantiene la incapacidad moral como motivo de vacancia presidencial. ¿No cree que esta figura deba aterrizar al 'impeachment', como ocurre en Brasil?
Nos encontramos debatiendo eso, de hecho todavía no está aprobado, pero eliminar [la vacancia por incapacidad moral] sin dejar ninguna alternativa no es algo que la comisión haya considerado viable.

— También incorporan dos modificaciones que fueron rechazadas en el referéndum. La primera es que si la confianza le es rehusada a un Gabinete, ninguno de sus integrantes puede ejercer el cargo de ministro durante un año; y el otro que indica que no procede la cuestión de confianza sobre iniciativas legislativas…
Está en debate en este momento y será la comisión y el pleno los que tomen la decisión.

— ¿No cree que estos cambios puedan generar un nuevo enfrentamiento con el Ejecutivo? ¿O puedan trabar la reforma política?
Estamos en pleno proceso de debate. Será la comisión la que tome la decisión. No es un dictamen que esté ahorita aprobado por el pleno del Congreso, está en proceso de socialización.

—Elección de la Mesa Directiva—

— ¿Tiene la intención de ser la candidata de Fuerza Popular a la Presidencia del Parlamento?
No.

— ¿Lo descarta en este momento? ¿No va a postular?
No puedo descartar ni afirmar en el sentido en el que me preguntas. En mi partido ese tema se trata en julio. En este momento no es un tema que se esté tratando, no es un tema que yo haya pensado, no es un tema que me motive siquiera a pensarlo en este momento. Estoy concentrada en mi trabajo en la Comisión de Constitución.

— ¿Fuerza Popular debe ceder la dirección de la Mesa Directiva a otra bancada?
Desde mi punto de vista, no. Nosotros vivimos en un sistema de democracia representativa, el pueblo ha votado por darle una mayoría a Fuerza Popular en el Congreso, debemos respetar la voluntad del pueblo.

— En ese sentido, ¿usted no estaría de acuerdo con que Fuerza Popular respalde una eventual candidatura de Víctor A. García Belaunde o Juan Sheput a la presidencia del Congreso?
No puedo vetar absolutamente a nadie. De hecho, creo que tanto Víctor A. García Belaunde como Juan Sheput podrían ser excelentes cartas para la presidencia del Congreso. No me corresponde a mí ejercer el veto sobre absolutamente nadie.

— ¿Qué puede hacer Fuerza Popular para recuperar la confianza que tenía hace tres años, cuando casi la mitad del país votó por ustedes?
Trabajar y eso es lo que venimos haciendo.

— ¿No siente que Fuerza Popular ha perdido el capital político que tenía en el 2016?
Creo que ante un ataque brutal, con un encarcelamiento injusto, publicitado ampliamente, arbitrario, de nuestra lideresa [Keiko Fujimori], y con miles de militantes siendo procesados, obviamente hay un desgaste. Cuando tú tienes a un sector, que ahora se ve que era bastante corrupto, señalando solamente a un partido político, tiene que haber un impacto en la población.

— ¿Fuerza Popular intenta posicionarse como un partido conservador para recuperar capital político?
No, no, ahí están poniendo la situación como que los principios que defiende Fuerza Popular son producto de un cálculo para recuperar capital y eso es completamente lejano a la realidad. Nuestra defensa de los valores, como el derecho a la vida del concebido, viene desde la Constitución de 1993. La defensa de la vida, de la familia, de los valores fundamentales no es producto de un cálculo político.