Yenifer Paredes: PJ rechaza hábeas corpus para anular investigación y prisión preventiva

El Poder Judicial rechazó el recurso de hábeas corpus que presentó un abogado a favor de la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, y que planteaba anular toda la investigación en su contra, incluyendo la orden de prisión preventiva aprobada en su contra.

MIRA AQUÍ | Yenifer Paredes: los 10 principales elementos que presentó la fiscalía para pedir su prisión preventiva

El juez constitucional Jonathan Jorge Valencia López declaró como improcedente el recurso que presentó el abogado Marco Hillmer Riveros Ramos y que estaba dirigido específicamente contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides; y el magistrado Johnny Gómez Balboa.

Este último, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada, fue quien aprobó la detención preliminar por diez días y, luego, 30 meses de prisión preventiva contra Yenifer Paredes y José Nenil Medina.

El hábeas corpus pedía anular todo lo actuado por considerar que debía ser la fiscal de la Nación y un juzgado de la Corte Suprema quienes investiguen y procesen a la cuñada de Pedro Castillo, por supuestamente ser parte de la misma organización criminal por la que se ha abierto una indagación contra el jefe de Estado.

“Por simple lógica se estaría frente a un caso en el que existen dos fiscalías y dos jueces que conocen la misma y única presunta organización criminal”, señaló el recurso.

LEE MÁS | Los papeles de Yenifer Paredes: detalles sobre los cuadernos y documentos hallados en la casa de Anguía

El magistrado que evaluó el pedido rechazó todos los argumentos planteados por el abogado al indicar que a Yenifer Paredes le corresponde ser procesada por un juzgado de investigación preparatoria, porque no tiene investidura ni prerrogativa funcional.

Asimismo, rechaza que haya algún tipo de “discriminación política” contra la cuñada de Pedro Castillo al aseverar que, por estar sometida a un proceso judicial, cuenta con la garantía de un debido proceso y una tutela de sus derechos.