Geiner Alvarado: la tesis fiscal y las declaraciones que comprometen al ahora censurado ministro | INFORME

La indagación preliminar contra el hoy titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones está relacionada a su etapa al frente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). La carpeta fiscal se inició en su etapa preliminar el pasado 11 de agosto e incluye al propio mandatario.

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Por el mismo caso por el que el Ministerio Público lo investiga, el Congreso aprobó dos mociones de interpelación para que Geiner Alvarado responda este lunes 5 de septiembre ante el pleno. En esta nota, repasa los hechos que le atribuyen a nivel fiscal y las declaraciones que comprometen al hoy ministro de Transportes y Comunicaciones.

A inicio de julio de este año, la difusión de un video donde se ve a Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, ofreciendo obras de saneamiento en un centro poblado de Chota llevo a que a la fiscalía inicie una investigación preliminar. El caso, que poco después pasó a ser competencia del equipo especial, no tardó en poner los reflectores sobre actividades vinculadas al MVCS.

En particular, la investigación fiscal incluye la publicación del Decreto de Urgencia N° 102-2021, suscrito por Pedro Castillo y Geiner Alvarado el 29 de octubre del 2021, y destinado a la inversión pública para proyectos de saneamiento rural y urbano, así como para infraestructura vial.

De acuerdo con documentos fiscales, mediante los anexos de ese decreto, el gobierno central “destinó presupuesto para obras y servicios a favor de la Municipalidad distrital de Anguía a cargo del ahora investigado José Nedil Medina Guerrero, por la suma total de S/ 15′276 200 soles, cifra que resulta ser un presupuesto codiciado para cualquier empresario, incluyendo a las empresas fachadas”.

Culminada la investigación preliminar y formalizada la investigación preparatoria del caso, la fiscalía pidió prisión preventiva para Yenifer Paredes y José Nenil Medina.

En el requerimiento de prisión preventiva, la fiscalía afirma que “se ha podido identificar la existencia y permanencia” de una presunta red criminal que involucraría al presidente Pedro Castillo, a la primera Dama Lilia Paredes Navarro, y a sus hermanos Yenifer Paredes Navarro, David Paredes Navarro, Walther Paredes Navarro, y alcalde José Nenil Medina.

Para la fiscalía, esta red habría “concertado para realizar, asesorar, ejecutar y obtener, diversas licitaciones públicas a favor de municipios”, todo esto “con el concurso de también, altos funcionarios de Estado, esto es, el ministro de la cartera de Vivienda y Construcción, Geiner Alvarado López”.

La presunta participación de Pedro Castillo y Geiner Alvarado es investigada, en una carpeta independiente, por la fiscal de la Nación. Sin embargo, el nombre del todavía ministro es mencionado en repetidas ocasiones a lo largo del requerimiento de prisión preventiva contra Yenifer Paredes y Nenil Medina.

Por ejemplo, al momento de detallar que la presunta red criminal habría buscado “copar importantes estamentos estatales” con personas de confianza, se señala que una de ellas era el MVCS, cuyo titular era Geiner Alvarado, y que “desde dichos estamentos se favorecería la ejecución de diversas modalidades delictivas entre ellas, la modalidad denominada ‘licitaciones públicas fraudulentas’”.

En concreto, se le señala, junto a Nenil Medina, como uno de los dos ‘lugartenientes’ de la presunta red. “El primero es el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geíner Alvarado López, quien por orden del cabecilla direcciona los recursos públicos asignados a su cartera amparándose en normas extraordinarias para ejecución de obras de saneamiento y otros a las municipalidades, cuyas autoridades se han coludido en el direccionamiento de las licitaciones a empresas y consorcios que son utilizados de fachada”, sostiene la fiscalía.

Documentos revisados por El Comercio, vinculados a la investigación de este caso, dan cuenta que son al menos cuatro testimonios los que comprometen a Geiner Alvarado con este caso, en particular por sus presuntos vínculos con Nenil Medina y un grupo de personas a las que la fiscalía se refiere como el “gabinete en las sombras”, quienes lo habrían recomendado para el cargo.

Son los testimonios del investigado Hugo Espino en su confesión ante el Ministerio Público, la de un testigo protegido y la de dos colaboradores eficaces.

En su declaración del 14 de agosto último, en la que reconoce haber sido parte de hechos ilícitos como el pago de S/ 200 mil a Nenil Medina, Hugo Espino afirmó que Geiner Alvarado era uno de los altos funcionarios del gobierno con quien el alcalde de Anguía le dijo tener cercanía.

“Los resultados que obtenía respecto de las obras de Anguía salían favorables y rápido en los Decretos de Urgencia, por ellos sé que su cercanía con el presidente ha dado buenos frutos para las obras que yo he participado”, afirmó.

En otro momento, le escuchó decir a Nenil Medina que era uno de los que había puesto a Geiner Alvarado como ministro y a Salatiel Marrufo como asesor en el MVCS.

Además, refirió que vio a Alvarado en una fiesta en Los Olivos por el cumpleaños del alcalde de Anguía, a la cual también asistieron Marrufo, Yenifer Paredes y su primo Rudbel Oblitas Paredes. “Tenían gestos de aprecio con Nenil Medina como abrazos y buenos deseos, notando que entre ellos había mucha confianza”, refirió.

Lo afirmado por Hugo Espino se complementa con lo declarado por un colaborador eficaz al equipo especial. Según dijo, Medina es “amigo personal” de Pedro Castillo por haber apoyado económicamente su campaña y por su cargo como alcalde de Anguía. Esta relación, agregó, le permitió tener relaciones cercanas con altos funcionarios, entre ellos Geiner Alvarado.

Este colaborador también declaró que Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Sarratea, le pidió a Pedro Castillo que ponga a Geiner Alvarado como ministro de Vivienda y que luego él mismo direccionaba procesos de contratación y nombramientos de funcionarios en el sector. Sánchez, en una reciente entrevista en RPP, negó estas alegaciones.

Un segundo colaborador eficaz dio declaraciones en la misma línea. Según su manifestación, Nenil Medina “era el nexo con el Ministro de Vivienda, junto con Abel Cabera [empresario chotano], quien fue la persona que recomendó a Geiner Alvarado”. “Por eso, manejaban esa cartera [el MVCS] a su antojo, sacaban licitaciones y todo eso”, expresó.

La fiscalía también tiene el testimonio de un testigo protegido, quien refirió haber participado en una reunión en la que funcionarios del MCVS hicieron una exposición que estaba planeada para el presidente Pedro Castillo ante un “buró político”.

De acuerdo con su versión, allí estuvieron Abel Cabrera, Nenil Medina y Alejandro Sánchez. Este último ha confirmado que se reunión se dio.

Añadió que este último le dijo que “eran amigos y paisanos del presidente de la República que estaban en Lima para apoyarlo”. Para el Ministerio Público, todo esto evidencia que “quienes realmente manejaban los proyectos de Vivienda eran los amigos” y paisanos de Pedro Castillo.

Las respuestas de Alvarado

Ministro niega se parte de presunta red

El ministro Geiner Alvarado y su defensa legal han negado la imputación fiscal que lo señala como parte de una presunta red criminal en su sector. "Rechazo tajantemente ser parte de una organización criminal y solicito al Ministerio Público esclarecer el caso con prontitud, a fin de no afectar la dignidad de las personas", afirmó Alvarado el pasado 10 de octubre. En conversaciones previas con El Comercio, su abogado ha afirmado que están dispuestos a colaborad con las indagaciones, pero reiteró que su defendido mantiene su inocencia frente a las imputaciones.

El ministro también a respondido ante los fiscales del equipo especial como testigo. En su declaración del 16 de agosto, afirmó que el cuestionado Decreto de Urgencia 102-2021 nació "de un informe del Ministerio de Economía" del 12 de octubre de ese año. Añadió que los criterios de priorización de proyectos los manejó el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) y el Programa de Saneamiento Urbano (PSRU). 

Cuestionado sobre cuál fue el sustento para que 95 de las aproximadamente 262 obras y servicios a ejecutarse descritas en los anexos del decreto correspondan a Cajamarca, respondió que "el criterio fue estrictamente técnico y las obras fueron seleccionadas por cada comisión en los que no he intervenido, ya no es mi función".