Pedro Castillo suma la sexta investigación fiscal en su contra: ¿de qué casos se trata?

El presidente Pedro Castillo tiene solo un poco más de un año de Gobierno y acaba de sumar este viernes 11 de agosto su sexta investigación fiscal. Esta vez la pesquisa alcanza también al actual ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado, y es por el delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal.

El 22 de julio, se conoció la decisión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de reactivar las pesquisas por presunto tráfico de influencias en el caso de compra de Biodisel por parte de Petro-Perú.

Solo unos días antes, la más reciente era por presunto encubrimiento real relacionado a los cambios en el Ministerio del Interior y la abrupta salida del cargo de Mariano González.

Cinco de estas pesquisas están relacionadas a actos presuntamente cometidos por Pedro Castillo durante su periodo como jefe de Estado. Por lo tanto, están a cargo de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. La otra está relacionada a hechos anteriores a su gobierno, por lo que es vista por una fiscalía provincial común.

Durante la gestión de Zoraida Ávalos como fiscal de la Nación, se decidió abrirle dos investigaciones al mandatario: una por el caso PetroPerú-Puente Tarata y otras por los ascensos en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la entonces titular del Ministerio Público dispuso suspenderlas hasta que termine su mandato. De estas dos, la primera continúa suspendida.

En mayo de este año, a partir de informes de la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro y de la fiscal contra el lavado de activos Luz Taquire, ambas vinculadas a la licitación ganada por el consorcio Puente Tarata III, el entonces fiscal de la Nación Pablo Sánchez dispuso incluir a Pedro Castillo en una investigación por presunta organización criminal, colusión y tráfico de influencias.

La tesis fiscal es que el presidente habría liderado una presunta mafia al interior del Ejecutivo que buscaba favorecer a empresarios que apoyaron su campaña presidencial. Para ello, habría contado con operadores como el exministro Juan Silva Juan Silva, Bruno Pacheco, Zamir Villaverde y su sobrino Fray Vásquez.

A diferencia de su antecesora, Zoraida Ávalos, Pablo Sánchez decidió que la investigación no debía suspenderse, sino que debía avanzar dada la gravedad de las imputaciones. El caso se había abierto a inicios de ese mismo solo contra el exministro Juan Silva y seis congresistas de Acción Popular como investigados.

La defensa de Pedro Castillo intentó anular esa indagación con un recurso de tutela de derechos que fue rechazado en primera instancia y actualmente está a la espera de ser visto en una audiencia de apelación en la Corte Suprema. El juez que la desestimó determinó que un presidente en funciones sí puede ser indagado, aunque solo en etapa preliminar, si los hechos lo ameritan. No hacerlo, consideró, podría generar impunidad.

Es por este mismo caso que a Juan Silva se le impuso un impedimento de salida del país y una orden de detención preliminar a inicios de junio. Esta medida, sin embargo, continúa sin poder ser ejecutada: el exministro continúa prófugo de la justicia. Por esta investigación, además, Pedro Castillo fue interrogado el mes pasado por la fiscal de la Nación.

En julio de este año, Patricia Benavides asumió como fiscal de la Nación. Como nueva titular del Ministerio Público, optó no solo por continuar la línea de Pablo Sánchez en la investigación a Pedro Castillo, sino también por dejar sin efecto lo resuelto por Zoraida Ávalos e iniciarle indagación preliminar por el caso de los ascensos en las FF.AA. y las Policía.

En esta carpeta, a Pedro Castillo se le imputa tráfico de influencias junto a su exministro de Defensa Walter Ayala y su exsecretario del Despacho Presidencial, el prófugo Bruno Pacheco. De acuerdo con disposición fiscal, Benavides atribuye al mandatario el presunto liderazgo de una organización criminal que habría intervenido en ascensos militares y policiales el año pasado.

La tesis del caso apunta a que los tres habrían solicitado de forma indebida ascender al grado de general a los oficiales Ciro Bocanegra Loayza y Carlos Sánchez Cahuancama en el Ejército, Edgar Briceño Carnero, Carlos Castillo Ruiz y Helber Vilca Vargas en la Fuerza Aérea, y Manuel Rivera López y Nicasio Zapata Súclupe en la PNP. Además, los tres habrían buscado beneficiarse económicamente con los ascensos.

Dentro de las diligencias por este caso, esta semana declararon Zamir Villaverde y Karelim López ante el despacho de la fiscal de la Nación. También se ha citado al propio Pedro Castillo para el 4 de agosto, a Bruno Pacheco para el 3 de ese mismo mes y a seis oficiales del Ejército del Perú.

La defensa del presidente presentó un recurso a la fiscal de la Nación para anular la nueva investigación. Sin embargo, Patricia Benavides se ratificó en su decisión. Se prevé que, como en el caso anterior, los abogados del presidente recurran al Poder Judicial mediante una tutela de derechas para lograr su propósito.

El martes 19 de julio, El Comercio informó que a solicitud de la fiscalía, el entonces ministro del Interior, Mariano González, aprobó la creación de un equipo especial de la Policía que apoye al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder, el cual tiene a su cargo casos vinculados al entorno del presidente.

Ese mismo día, por la noche y de forma abrupta, el presidente Pedro Castillo anunció vía Twitter la salida de Mariano Gonzáles del Mininter. En entrevistas posteriores, González atribuyó su salida a la creación de ese equipo especial de la policía y los cambios en el sector para capturar a los prófugos Juan Silva, Bruno Pacheco y Fray Vásquez. Para él, su salida fue acto de obstrucción a la justicia.

Al día siguiente, Mariano González fue citado por el despacho de la fiscal de la Nación para rendir su declaración por estos hechos. Según fuentes de El Comercio, el exministro se ratificó en su versión. Fue así que este jueves, Patricia Benavides dispuso abrir una nueva investigación al presidente Pedro Castillo por el presunto delito de encubrimiento real.

La cuarta indagación que el presidente tiene abierta es por hechos previos a su gestión. En mayo, el dominical Panorama advirtió presuntos plagios en la tesis de maestría que firmaron el presidente y su esposa, Lilia Paredes, en el 2012 ante la Universidad César Vallejo. El 5 de mayo, la fiscalía de Tacabamba (Chota) abrió investigación preliminar a ambos por presunto plagio agravado, falsedad genérica y cobro indebido.

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En los días posteriores, la Universidad César Vallejo dijo que tras una revisión interna, se detectaron un 43% de similitudes con otras obras, pero que la tesis mantenía su “aporte de originalidad”. Luego, la universidad envió a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) un documento donde admite la existencia de similitudes en el texto de la tesis de maestría.

A fines de junio, se conoció que la fiscalía de Tacabamba derivó la investigación de este caso a una fiscalía penal de Trujillo, en La Libertad. Sin embargo, una copia de la tesis también se compartió a la fiscal Luz Taquire, quien tenía a su cargo la colaboración eficaz de Karelim López, debido a que este declaró que el trabajo fue gestionado por Bruno Pacheco. Esa carpeta hoy está en manos del equipo especial.