Nos acercamos a cerrar el primer semestre del año, y el debate entre economistas y especialistas gira en torno a los cambios de escenarios, la recesión y las medidas económicas implementadas ante del COVID-19, y lo que se requiere para generar una real y oportuna reactivación económica que reduzca el impacto sobre las personas vulnerables. De hecho, el presupuesto para el 2020 aprobado el año pasado, ha sufrido más modificaciones de lo usual, con las asignaciones determinadas para atender la emergencia y las reducciones en las arcas del tesoro. Ante ello ¿qué rol juega el Congreso?
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Además de debatir y aprobar el presupuesto público, el Congreso debiera ser ese contrapeso del Ejecutivo, un espacio para el monitoreo de la ejecución presupuestal y la generación de debate técnico para que se cumplan los objetivos de las políticas públicas (como una mejor salud y educación para todos) teniendo al presupuesto como instrumento. Sin embargo, lo que vemos usualmente del Congreso y su Comisión de Presupuesto es un visible y noticioso movimiento durante el debate y aprobación del presupuesto del siguiente año, seguido de un silencio en el monitoreo de la ejecución del gasto, salvo cuando se cita a los ministros o ministras de turno para que expliquen alguna medida que llama su interés. Y en ese escenario, la ciudadanía no es tomada en cuenta. Hasta el día de hoy, por ejemplo, no existe en la página web de la Comisión de Presupuesto información de su plan de trabajo o las agendas de las sesiones.
De acuerdo con la Encuesta de Presupuesto Abierto 2019 – un estudio que mide la transparencia, participación ciudadana y el control del presupuesto en 117 – el rol del Congreso peruano es adecuado en el momento de aprobación del presupuesto (76 sobre 100 puntos) pero recomienda que se debe “debatir la política presupuestaria antes de que se presente el Proyecto de presupuesto del Ejecutivo y aprobar las recomendaciones del próximo presupuesto” y que la Comisión de Presupuesto “debe examinar la implementación del presupuesto durante el año y publicar los informes con sus hallazgos en línea”. Ello en mi opinión, requiere contar con un servicio parlamentario independiente, técnico, meritocrático y permanente.
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¿En qué ayudaría a la ciudadanía estas medidas? A que realmente podamos contar con una mayor transparencia y predictibilidad del Congreso en sus labores de cara al presupuesto público; que se reduzcan espacios grises en el momento de la aprobación – mucho se ha hablado de cómo se negocia la aprobación presupuestal a cambio de determinados proyectos, aunque no hay certeza de ello – y que no se requiera de nuevas leyes fuera del presupuesto para alcanzar los objetivos de políticas públicas, o peor aún, que surjan leyes que afectan el presupuesto sin ningún sustento técnico.
Confío que el actual Congreso avance hacia estos cambios antes que se inicie el siguiente ciclo presupuestal.
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