El Congreso ya tramita un proyecto de Ley para regular precios de los medicamentos.
El Congreso ya tramita un proyecto de Ley para regular precios de los medicamentos.
Mario Zúñiga
Mario Zúñiga

Dentro de la gran dificultad e incertidumbre que constituye para cualquier Estado y para cualquier sociedad el lidiar con la pandemia del —un virus cuyos efectos todavía estamos conociendo— una ventaja que tenemos en el Perú es que ésta llegó después que a otros países. Podemos, si queremos, aprender algo de ellos si analizamos las medidas que están tomando y los impactos que están teniendo (al menos en el corto plazo).

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Preocupado por algunos reportes de venta de medicinas a precios exorbitantes y escasez, el Poder Ejecutivo ha señalado que “revisará (la) normativa sobre especulación de medicamentos” —y estaba preparando un proyecto de Decreto Legislativo para reinstaurar el delito de “acaparamiento” y para volver a hacer efectivo el delito de “especulación” que finalmente no vio la luz—. El no se ha quedado atrás y ya tramita un proyecto de Ley para regular . Obviamente, no se ha especificado cómo se hará: ¿costos de producción más un margen razonable de ganancias?, ¿precio del mercado de origen?, ¿canasta de precios referenciales de otros países?, ¿precios de productos comparables en el país? Regular precios no es fácil. Fiscalizarlos en una realidad tan informal como la nuestra aún menos.

Más allá de que hay mucha evidencia empírica sobre el impacto de la regulación de precios, en términos de escasez, menor innovación y mayor tiempo de ingreso al mercado de nuevos medicamentos (pensemos en las personas que pueden fallecer o permanecer enfermas mientras esperamos por un nuevo tratamiento), se creería que a los peruanos nos bastaría recordar lo que vivimos a mediados y fines de los años ochenta con la regulación de precios: escasez, colas, hiperinflación y mercados negros. Algunos dirán que no teníamos una pandemia, y que el control de precios sería excepcional para un “bien esencial” como son las medicinas.

¿Por qué no miramos, entonces, lo que ha pasado recientemente en Italia y España? Ambos países fijaron precios máximos para la comercialización de mascarillas y lo que consiguieron no fue precisamente beneficioso: los productores locales recortaron la producción, los que estaban exportando hacia dichos países destinaron sus mascarillas a otros países. Eso precisamente puede pasar en nuestro país. Importamos medicinas más de lo que producimos. Si un precio regulado hace la exportación al Perú menos rentable, ¿qué obliga a los laboratorios a seguir trayéndolos?

Ahora bien, si dejamos que el sistema de precios funcione, ¿los más pobres se quedarán sin medicinas? ¿qué pasa si compra los medicamentos no quien más los necesita sino quien tiene más recursos? El Estado tiene herramientas mucho más precisas y que no distorsionan los mercados para evitar esas situaciones indeseadas.

Angus Deaton, premio Nobel de Economía 2015, ha propuesto por ejemplo (Economist, 11 de abril de 2020) que el Estado compre directamente grandes cantidades de bienes esenciales en esta pandemia y los distribuya directamente. El “principio de subsidiariedad” contemplado en nuestro régimen económico permite al Estado comprar medicinas y otros dispositivos médicos, y distribuirlos gratuitamente o subsidiados a la población. Esto permite, además, priorizar la entrega a los sectores más vulnerables o a aquellos que por su rol en la lucha contra la pandemia deberían tener atención preferente (personal médico, por ejemplo).

Para implementar respuestas exitosas contra la epidemia debemos prestar atención a los fracasos del pasado, propios y ajenos. Digo, si queremos.

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