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David Tuesta

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El sistema de pensiones en el Perú requiere reformas profundas. Los problemas de fondo ya están claramente diagnosticados: un sistema dislocado con dos regímenes antagónicos, baja participación dada la informalidad laboral existente, reducida cobertura de los mayores de 65 años, pensiones insuficientes; y mejoras en la eficiencia de su funcionamiento. Todo esto requiere abordarse integralmente y de manera técnica, con el objetivo central de beneficiar al ciudadano. Sin embargo, nuestro Congreso ha querido lanzarse otra vez por su cuenta, presentando un Proyecto de Ley (PL) que pondría en serio riesgo los ahorros de los afiliados en el sistema privado de pensiones.

En efecto, el PL 118 presentado hace pocas semanas, busca crear un “sistema de financiamiento y aseguramiento previsional mixto”, basado en un capital semilla financiado por el Gobierno, junto con un porcentaje del IGV. Sin intención de entrar a analizar estos dos ejes ahora, pues requiere una discusión más profunda, llama poderosamente la atención la incorporación de un artículo que busca que las entidades financieras privadas como la banca, participen administrando las cuentas de ahorro de los afiliados.

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Como ya lo dijera el regulador al Congreso anterior, lo que señala el artículo mencionado mezcla dos negocios de naturaleza, no sólo diferente, sino opuestas en muchas situaciones, hecho que abre la puerta a varias cuestiones. Por un lado, traería menor rentabilidad para los afiliados. Esto debido a que el objetivo de la banca es brindar financiamiento, con cuyos intereses luego paga las tasas a sus ahorristas. Y estos intereses anuales son hoy -en el mejor de los casos- la mitad de la rentabilidad promedio anual que brindan las AFP (10,3%).

El rol de un sistema de pensiones es orientar adecuadamente al afiliado hacia donde este se vea más beneficiado y evitar que se vea perjudicado. La legislación no puede dejar a su suerte al afiliado para que termine colocando sus ahorros en una institución que le va a pagar la mitad de la rentabilidad que le dan las AFP. Esto tendría una repercusión enorme a largo plazo, pues la rentabilidad en el sistema privado de pensiones representa cerca de dos tercios del total que el afiliado logra ahorrar. Además, que estos intereses bajarían considerablemente si la banca de pronto se viese inundada por el dinero de los afiliados.

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Por otro lado, este peligroso artículo incorpora un riesgo de pérdida para los ahorros previsionales, un riesgo que los sistemas de pensiones buscan evitar, y que surge cuando los ahorros del afiliado entran a formar parte de los balances de las entidades financieras. Esto contrasta con el hecho de que, en el sistema privado de pensiones, el fondo pertenece al trabajador y se busca blindarlo y diversificarlo en una amplia gama de activos financieros.

Como comenzábamos diciendo, avanzar con reformas parciales y poco meditadas -por más buenas intenciones que se tengan- pueden terminar haciendo más daño que bien. Este proyecto, sin duda, tiene que someterse a la opinión de expertos en pensiones, así como al MEF, el BCR y la SBS. De hecho, esta última ya se pronunció sobre la gravedad de la aprobación de una medida de estas características con ocasión de un proyecto anterior. Esperemos que finalmente prime la sensatez.

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