FOTOS: JULIO REAÑO /GEC
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/ JULIO REAÑO
Jorge Toyama
Jorge Toyama

El último sábado, 13 de noviembre, se reinstaló el Consejo Nacional del Trabajo (CNT), con presencia del presidente de la República, la presidenta del Consejo de Ministros y la ministra de Trabajo más los representantes de los gremios sindicales y empresariales.

Tras algunos años, se reactiva esta instancia de diálogo que debería ser la mayor voz de “persuasión” laboral para la emisión de normas y políticas. El Congreso y el Poder Ejecutivo deben acudir al CNT para escuchar y acoger, hasta donde resulte posible, todos los puntos de vista. Inclusive, los consensos entre empresas y sindicatos deberían ser vinculantes.

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Al día siguiente, 14 de noviembre, el Poder Ejecutivo publicó, sin pasar por el CNT, dos normas que tienen impactos relevantes en el mercado de trabajo. Considero que se perdió una maravillosa oportunidad para, sabiendo que se emitirían normas de aplicación no inmediata, consultarlas con las partes sociales.  Ojalá fuera la primera y última vez.  Ojalá, por el bien del diálogo tripartito, para marcar distancia sobre los gobiernos precedentes.  No es muy difícil pedir opinión, escuchar y luego publicar las normas.

Una norma se relaciona con las vacunas ().  A partir del 15 de diciembre, las empresas con más de 10 trabajadores sólo pueden operar presencialmente si todo el personal acredita las dos dosis de vacunación. Además, se indica que toda persona debe acreditar las mismas dosis de vacunación más mascarilla si desea ingresar a un espacio cerrado.

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Si bien no existe obligación de vacunación, las empresas no podrán dejar ingresar a quienes no tengan vacunas completas y tendrán que contratar a otros trabajadores para sus reemplazos. La gran pregunta es ¿cuál es la consecuencia para los no vacunados?   ¿Licencia sin goce de haberes?  ¿Despido? ¿Licencia compensable con goce de haberes?  Ojalá que el Estado no disponga la licencia remunerada pues sería un incentivo para no vacunarse, además de un recargo injustificado a las empresas por una libre decisión de los trabajadores, tal como viene ocurriendo con el grupo vulnerable que gozan de licencia remunerada a pesar de que están vacunados.

La otra norma () establece el pago de un bono extraordinario por el Estado a los trabajadores que ganan menos de S/ 2.000 mensuales.   Estamos ante un subsidio estatal único de S/ 210 para los trabajadores que estuvieron laborando en planillas entre julio y septiembre de este año. Hasta donde parece, este beneficio no se relaciona con el anuncio del subsidio para que el mínimo vital suba de S/ 930 a S/ 1000; pero, dada la genérico de la medida, hay dudas y se debe aclarar.

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Esta norma beneficia inclusive a los trabajadores que ganaron más durante la pandemia, pero no incluye a quienes estuvieron en suspensión perfecta o fueron liquidados.  Tampoco beneficia a las microempresas que contratan trabajadores desde octubre de este año. Estamos ante una disposición que no incentiva la reconstrucción de empleos destruidos en la pandemia ni, menos todavía, la creación de empleo con protección social.

Si el gobierno quiere dejar un legado, debe comenzar escuchando, emitiendo normas razonables que promuevan la creación de empleo formal sostenible, fomente el aseguramiento y desincentive la falta de un seguro. Con normas alejadas del diálogo social, poco claras sobre su implementación y sin una estrategia sostenible, lo que seguirá creciendo son la informalidad y las enormes brechas de desprotección social.

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