El miércoles 22 de julio, Jenny Ramírez (52 años) acompañó a su padre Emigdio Ramírez Palomino (75 años) a internarse por estar contagiado de coronavirus en el Hospital I Selva Central y Enfermedades Tropicales –administrado por el Seguro Social de Salud (Essalud)– en La Merced (Chanchamayo).
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Al día siguiente, una empleada del personal de salud le dijo a Jenny que su familiar requeriría una cama de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en los siguientes días, pero en el nosocomio no contaban con estas.
Donde sí había plazas era en el Hospital Regional de Medicina Tropical Dr. Julio César Demarini Caro, ubicado a menos de cinco minutos de la sede de Essalud.
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Un miembro del hospital regional se lo confirmó a Jenny. Pero las esperanzas de concretar el traslado se disolvieron ante los desacuerdos administrativos de ambos nosocomios. Pero alrededor de las 3 de la mañana del domingo 26, le comunicaron a Jenny que su padre había fallecido.
“La traba fue entre las direcciones. Me dijeron que no accederían porque aún no les pagaban el ‘daño resuelto’. A mi padre no le dieron la oportunidad de luchar. Él me dijo que no nos diéramos por vencidos”, narra Jenny.
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El martes, en su mensaje a la nación, el presidente Martín Vizcarra reconoció que el trabajo “bajo diferentes lógicas no les permite [a los peruanos] acceder a todos los servicios públicos disponibles”. En esta línea, anunció la construcción de un sistema de salud unificado.
“[Esto busca que se] garantice la prestación universal de este servicio para los peruanos de manera eficiente, transparente e igualitaria”, manifestó, añadiendo que “para julio del 2021 todos los peruanos estarán afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS)”.
Pilar Mazzetti, titular del Ministerio de Salud (Minsa), indicó que este es un “proceso complejo” que sin duda demandará más de dos años debido a que para intercambiar prestaciones de forma horizontal se requieren diversas acciones como, por ejemplo, consensuar una forma de “medir las tarifas”, el cual sería “el paso más duro”. Aun así, dijo que llevarán a cabo “avances progresivos”.
APUNTES
Sobre el proceso para que se concrete un sistema eficiente, Abel Salinas, exministro de Salud, observó el anuncio de sumar afiliados al SIS –que hoy cuenta con casi 21 millones, en su mayoría subsidiados–.
En su lugar, dijo que se debería apuntar a tener un mayor grupo en el seguro social, lo que significaría avances en el empleo.
“Sumando personas al SIS y no sincerando los afiliados, lo único que estamos haciendo es quitarle los recursos a los más pobres”, dijo.
A su turno, Virginia Baffigo, expresidenta de Essalud, indicó que esta afiliación masiva responde a la fragilidad de la economía y su impacto en el empleo –que en muchos casos es inestable–, pero coincidió en que, en paralelo, debe fortalecerse el empleo dependiente, pues la forma más segura de proteger a las personas es “vía el seguro social”.
EL MODELO DE GESTIÓN
En línea con Mazzetti, los expertos coincidieron en que la principal barrera será la financiera.
Baffigo recordó que durante su gestión intentaron firmar convenios de intercambios prestacionales con unidades de los gobiernos regionales, pero no se pudo llegar a una tarifa porque estos últimos no tenían costeado estos servicios.
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Salinas, por su parte, remarcó que se debe implementar un modelo único de gestión de financiamiento, en el que se establezcan objetivos en materia de infraestructura, equipamiento y recursos humanos, por ejemplo.
“Esto servirá para decidir dónde se necesita cada recurso”, señaló Salinas, añadiendo que esto, a su vez, facilitará establecer un tarifario para concretar el intercambio prestacional.
En tanto, Baffigo agregó que debe abordarse el déficit del personal de salud. “Hay personal que podría trabajar, si ellos quieren, además del Minsa en Essalud o viceversa. Debe aprovecharse ese elemento”.
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