Diecisiete regiones han gastado menos del 50% de los recursos para enfrentar el COVID-19

El último fin de semana, Celia Capira corrió varios metros detrás del vehículo que trasladaba al presidente Martín Vizcarra, durante su visita a Arequipa, buscando ser escuchada.

“Señor presidente, tiene que ir a ver la carpa. Tiene que ver la realidad que estamos viviendo en Arequipa”, gritaba la mujer en un claro estado de desesperación y haciendo referencia a una de las áreas del hospital regional Honorio Delgado, donde los ciudadanos habrían observado la falta de implementos de salud, como nanómetros y tanques de oxígenos, entre otros, para la atención de paciente con coronavirus.

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Minutos antes de este suceso, el presidente había dado una explicación ante la serie de demandas que escuchó.

“El sistema de salud funciona de manera descentralizada. El Ministerio de Salud transfiere todo a los gobiernos regionales y estos son los que tienen que transferir directamente a los hospitales”, detalló el mandatario.

De acuerdo con el portal de transferencia del Ministerio de Economía y Finanzas, la región de Arequipa, gobernada por Elmer Cáceres Llica, ha recibido S/25,4 millones para gastos relacionados directamente al COVID-19. Pero ha gastado solo el 51% hasta el 19 de julio.

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Los mayores recursos lo tiene Salud Red Periférica Arequipa con alrededor de S/7,1 millones, pero ha gastado solo el 17,3%. El segundo peor registro en el marco de los recursos COVID-19 es el de la Sede Central con un avance de 23,8% de S/1,4 millones.

En el caso del Honorio Delgado, el presupuesto es de S/5,6 millones y el avance es de 71%. Pero el asignado para la compra de bienes (entre ellos suministros médicos) es de S/1,7 millones y el avance es solo de 30%.

Sin embargo, este no es un caso aislado y la misma figura -y peores- se repiten en otros puntos del país.

FLOJOS DESEMPEÑOS

En general, el Ejecutivo ha dispuesto, al 19 de julio, que los gobiernos regionales dispongan de S/770,6 millones para gastos relacionados directamente a enfrentar al COVID-19.

Pero de las 26 unidades ejecutoras que cuentan con estos recursos, 17 regiones han gastado menos del 50%.

En tanto, 14 regiones se encuentran por debajo del promedio en la ejecución de presupuestos (40,6%). Los peores escenarios son de Pasco y Moquegua con presupuestos aproximados de S/18,5 millones y avances que no superan el 25%.

En Pasco, se asignaron S/1,8 millones para la compra de suministros médicos y se ha gastado solo el 38%, es decir, menos de S/4 por cada S/10.

En tanto, específicamente para la adquisición de mobiliario, equipos y aparatos médicos se fijaron S/7,1 millones y la capacidad de gasto ha sido solo de 18,5%.

Por el lado de Moquegua, para la adquisición de bienes y servicios relacionados al COVID-19 se fijaron S/12,8 millones y el avance es de 35%.

En detalle para la compra de suministros médicos se dispuso de S/3,2 millones y el gasto es de casi 70%. Mientras que para la adquisición de mobiliario, equipos y aparatos médicos se dispuso de S/508 mil y solo se gastaron S/1.200, es decir, el 0,2%.

En esta región también figuran S/5,1 millones para la construcción de infraestructura vial.

Al respecto, Pablo Lavado, exviceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, explicó que, por un lado, debe considerarse que este tipo de compras no responden a una evolución lineal, sino que los diferentes trámites se programan en diversos plazos.

Pero también remarcó que los gobiernos regionales no están actuando con la urgencia que requiere el estado de emergencia. “No son eficientes como se quisiera”, precisó.

Lavado agregó que otra razón de este lento avance respondería al “miedo de los gobiernos por acelerar procesos”, pues la Contraloría tiene un rol activo en este contexto.

“La Contraloría está detrás de ellos y así se genera una paralización porque a veces injustamente se toman los procesos como irregulares y se sabe que el que firma tiene que asumir la culpa”, precisó.

En esta línea, el también economista indicó que el rol de la Controlaría debería alinearse a darle celeridad a los procesos, haciendo un acompañamiento de control concurrente. Esto, debido a que en los controles posteriores, a veces, “lo que piensa la entidad de control sobre el proceso es muy literal”.

“Con el control concurrente se puede evitar [estas paralizaciones]. En este sentido, la Contraloría puede tener un rol más activo de apoyo. La cuestión es que a este tipo de centros, como la Contraloría o Sunafil, les gusta castigar, pero no acompañar. La idea con esto último es que se tenga un proceso cuyos trámites pasaron por varios ojos”, remarcó Lavado, añadiendo que para el mediano plazo también se debe volver más eficiente la programación de las compras.

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