Plan del Gobierno considera la construcción de 7 proyectos mineros hacia el 2025

Este jueves, el Ejecutivo anunció el lanzamiento de Plan Unidos, con 25 propuestas multisectoriales para reactivar la económica, y que cuenta con dos ejes de acción: el impulso a la inversión privada y la protección de la cadena de pagos e impulso sectorial. El plan fue presentado durante una conferencia de prensa presidida por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola y el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras.

Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), saludó el plan y afirmó que, estructurar las medidas que en principio lucen bien pensadas es una señal positiva a lo que se venía reclamando que era la falta de un rumbo hacia los poco más de 30 meses que le quedan al gobierno.

Por otro lado, Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y director de Videnza Consultores, señaló que, si bien hay puntos positivos como evitar seguir con una política asistencialista, muchas de estas medidas pudieron haber sido anunciadas hace tiempo y no esperar a casi cerrar el año.

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En el eje de impulso a la inversión privada, el plan considera el destrabe de proyectos mineros y la construcción de siete proyectos hacia el 2025 con una inversión de US$ 4.646 millones.

En el 2023 por US$ 2.419 millones, la ampliación de Toromocho Fase II, en Junín (actualmente se encuentra en construcción) y la reposición de Antamina, en Áncash. En el 2024 por US$ 964 millones, Yumpag (Pasco), Romina (Lima), Corani (Puno) y Chalcobamba (Apurímac). En 2025 por US$ 1.263 millones, Zafranal (Arequipa).

Para Gallardo, el que se haya planteado el desarrollo de Zafranal para el 2025 significa un riesgo, pues este proyecto recién iniciaría operaciones en el 2028 y, con ello, llegaría 10 años tarde. Si bien considera que es una buena noticia que los siete proyectos salgan a la luz, el reto es grande, dijo.

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“Entre los buenos deseos y que se concrete hay todo un reto para todo el aparato público involucrado en que estos proyectos salgan adelante. Eso es en general lo que ocurre con la cartera que presenta el Minem (...) e involucra una pérdida de PBI, empleo, recaudación y personas que no salen de la pobreza”, agregó.

Sobre esto, Carlos Casas, profesor principal del Departamento Académico de Economía e Investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, agregó que a los inversionistas mineros les preocupa los trámites que se llevan a cabo, los permisos y las entidades involucradas, así como los conflictos sociales.

“Si se van a reducir los requisitos ambientales, la consulta previa, entre otros, creo que puede ayudar bastante (con el destrabe)”, dijo.

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Para Castilla, el destrabe de proyectos pasa por uniformizar los criterios y es una tarea que involucra conciliar las agendas del Ministerio del Ambiente, Cultura, Agricultura, en manejo de conflictos a cargo de la PCM.

“No veo al Minem muy promotor de nada. Dice cosas pero no las concreta. Está bien que se anuncie, pero son anuncios de cuestiones que se han hablado hace mucho tiempo sin mayor resultado a la fecha. Lo novedoso hubiese sido que digan que luego de un arduo trabajo han logrado viabilizar una mesa de trabajo que sacará adelante proyectos complejos”, agregó.

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Inversión privada

Uno de los eje del paquete se trata de medidas de impulso a la inversión privada y, además del destrabe de los proyectos mineros, incluye en otras cosas, un shock simplificador, facilidades para la obtención de estudios de impacto ambiental, impulso a las alianzas público - privadas (APP), aceleración de la ejecución de proyectos de infraestructura en agua y alcantarillado y el lanzamiento de Servicios por Impuestos.

Para Gallardo, esta serie de propuestas sobre intervenciones en inversión pública y APP tiene varios retos por delante. Por cada S/ 5 de inversión, S/ 4 son inversión privada y es lo que hay que mover, resaltó.

“(El ministro) ha hablado de una cartera de 40 proyectos APP por casi US$ 8 mil millones para el 2024, pero eso es un buen deseo. Lo que hemos visto en el pasado es que 40 proyectos es lo que saca todo un gobierno a lo largo de sus 5 años. Parece algo difícil de lograr”, comentó.

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Sin embargo, reconoció que el número de proyectos adjudicados por año se ha elevado en este 2023, pero en proyectos de telecomunicaciones y electricidad, que son los que siempre suelen ser adjudicados, dijo.

Otro punto resaltante, según Gallardo, son los Servicios por Impuestos, un tema que no hay que perder de vista, pues el BID y la Cooperación Suiza han documentado la implementación de bonos de impacto social en Colobmia, México, Brasil y Chile. Estos bonos reflejan cómo el sector privado se compromete a proveer un servicio, un tercero evalúa el cumplimiento y el Estado paga, explicó.

“La ventaja es que el Perú ya cuenta con un marco normativo que es el de Obras por Impuestos y, bajo esa misma idea, podría ser en este caso. Que el privado ejecute un servicio y que se involucre más con el desarrollo de sus zonas de influencia me parece un anuncio positivo y algo que podría avanzar”, señaló Gallardo.

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Protección de la cadena de pagos

En este eje del Plan Unidos se encuentra la ejecución de megaproyectos de infraestructura hídrica, entre ellos, Chavimochic, para el que el ministro Contreras señaló que, si este mes no se presenta alguna propuesta de algún gobierno interesado en continuar las obras, se optará por viabilizar el proyecto vía obra pública con adjudicación directa, así la mega infraestructura se adjudicará en febrero del 2024.

Para Casas, este tema es interesante, pero, por los plazos, se tendrá que correr y ver cómo se logran reducir los trámites. En tanto, Gallardo se mostró escéptico sobre los procesos.

“Hoy [el ministro] habló sobre Chinecas, Majes Siguas y son proyectos que se tratan de impulsar hace varios años. No es la primera vez que se anuncia que Chavimochic, Majes Siguas y Chinecas se van a acelerar o a concretar (...) esperemos con optimismo que lo logre por el bien de la región La Libertad”, añadió Gallardo.

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En tanto, Casilla anotó que esto muestra que hacer APP con gobiernos regionales es una mala idea, pues los proyectos de irrigación como Majes Siguas o Chavimochic, por las razones que fueren, han tenido retrasos importantes.

“Todo proyecto APP significativo o concedido a un gobierno regional no ha funcionado porque (el gobierno regional) no tiene la madurez ni la capacidad técnica para manejar una APP de envergadura”, añadió.

Así, explicó que, en lugar de recurrir a la obra pública, se debe replantear otro mecanismo APP donde el concedente sea el Ministerio de Agricultura.

En esta parte del plan también se plantea la ampliación del programa Impulso Myperú de S/ 5 mil millones a S/ 15 mil millones, menores tasas para la Mipyme, la ampliación del Bono Familiar Habitacional por S/ 200 millones, incentivos para el sector agropecuario y agroexportador, entre otros.