¿Qué hacer con los fondos concursables del Ministerio de Cultura ante el COVID-19?

El financiamiento de proyectos culturales de la sociedad civil a través de fondos concursables es una política pública que se expandió terminada la Segunda Guerra Mundial. El Consejo de las Artes de Gran Bretaña (hoy Consejo de las Artes de Inglaterra), creado en 1946 por el economista John Maynard Keynes, fue la institución que definió el modelo, adaptado luego por los países iberoamericanos y de otras partes del mundo. Actualmente, este tipo de fondos tienen una amplia legitimidad social y consolidada institucionalidad internacionalmente, lo que explica que se hayan convertido en instrumentos claves para responder ante la crisis económica desatada por la pandemia del COVID-19. Muchos países los han utilizado para convocar concursos con el fin de apoyar empresas, organizaciones y trabajadores culturales.

Desde el 2018, en el Perú contamos con los Estímulos Económicos para la Cultura, mecanismo de financiamiento que beneficia a todo el ecosistema cinematográfico y audiovisual, escénico y visual, musical y del libro y la lectura. Sin tener que descartar otras medidas, resulta imprescindible que también sean usados para responder al desplome de los mercados. Son un canal ya constituido de gasto público, capaz de llegar de forma directa a los ciudadanos.

Adecuar, no eliminar

Dadas las urgencias desatadas, un primer paso que podría dar el Ministerio de Cultura en esa dirección es hacer ajustes en los planes anuales de los Estímulos Económicos para la Cultura en 2020. En otro artículo, publicado en El Comercio, aludí a lo mismo, pero cometí el error de formular una frase ambigua y utilizar la palabra “suspender”, lo que indujo a interpretaciones ajenas a las implicancias de mi argumento. La propuesta no es ni eliminar ni canibalizar el presupuesto de la cinematografía y la actividad audiovisual para dárselo a otros sectores sino adaptar las bases de los concursos vigentes a las exigencias de la emergencia sanitaria.

Ello no, necesariamente, exige hacer cambios estructurales en todos los casos. En algunos, todos los asociados a la producción, la gama de opciones pasa por solicitar a los ganadores el cumplimiento de protocolos de salud en actividades sociales como los planes de rodaje, ampliar los plazos de ejecución de los proyectos o posibilitar que los jurados tomen decisiones a distancia.

En otros casos, los vinculados a la distribución o exhibición, las bases requieren ser replanteadas, parcialmente, para eliminar requisitos y permitir modalidades virtuales; o integralmente, para destinar ayudas a la sobrevivencia, adaptación o creación bajo las nuevas condiciones. Los estímulos a la distribución cinematográfica y a la circulación internacional para las artes, por ejemplo, exigen a los postulantes presentar cartas de compromiso de espacios de exhibición o festivales, cuando podría ser imposible conseguirlas, dada la incertidumbre que tiene la organización de eventos masivos en el futuro próximo.

Según un estudio de la Universidad de Harvard, publicado en la revista “Science”, la aplicación de períodos de distanciamiento social será intermitente hasta el 2022. Incluso, si ese escenario se concreta y no pueden realizarse de forma física, festivales como el de Cannes ya han anunciado que no tendrán versiones digitales.

Resulta razonable, por lo mismo, analizar caso por caso y ajustarlos al contexto. Las decisiones que se tomen siempre tendrán riesgos y costos. Por eso deben ser evaluadas y aprobadas en coordinación con los gremios o representantes de cada sector, como ha sido hecho hasta ahora. Ese diálogo es imprescindible para llegar a consensos que optimicen el uso del dinero público.

Crecimiento presupuestal, crecimiento institucional

A pesar de su necesidad, los cambios que se hagan a los concursos vigentes no son la principal ruta para atender la emergencia y reactivación a través de los Estímulos Económicos para la Cultura. La profundidad de la crisis demanda que, mediante un marco legal específico, les sean inyectados recursos adicionales de una magnitud significativa.

Debe tenerse en cuenta que el Perú, a escala latinoamericana, está en el fondo de la tabla de inversión pública en cultura. El presupuesto que gestiona los fondos concursables peruanos (US$7 727 000) representa la mitad de los de Colombia (US$14 360 000) y la quinta parte de los de México (US$35 500 000) y Chile (US$ 38 000 000, aproximadamente) *. Ya en situaciones normales, los artistas, gestores culturales y ciudadanos peruanos tienen menos oportunidades para participar en la vida cultural que nuestros pares de los países de la Alianza del Pacífico. La pandemia no evade desigualdades, las exacerba. Sin una intervención decidida del gobierno peruano, estas desventajas están destinadas a profundizarse.

También resulta importante tener presente que el financiamiento público de la cultura no solo tiene asidero por la urgencia de salvar empleos y ponerle el respirador artificial a empresas, organizaciones y trabajadores culturales. Los subsidios son necesarios, además, porque contribuyen a que los ciudadanos puedan expandir sus libertades al beneficiarse de los proyectos apoyados como “Wiñaypacha”, película que ofrece la oportunidad de conocer una historia narrada en aimara; o la biblioteca comunitaria de Barrio Quijote (Puente Piedra), responsable de la ampliación de la imaginación y del vocabulario de muchos niños. Evitar el colapso de la oferta cultural es una manera de impedir que los ciudadanos vean restringidas sus opciones para ser y hacer lo que valoran en la vida.

Además, utilizar los Estímulos para canalizar parte del apoyo a la emergencia y reactivación tiene una gran ventaja: el rol que cumplen los jurados en la selección de los beneficiarios. El modelo instituido por el Consejo de las Artes de Gran Bretaña en 1946, darle a la sociedad civil el poder de asignar los subsidios para que el dinero público se mantenga a la “distancia de un brazo” de los funcionarios, permite evitar presiones políticas sobre los contenidos, paternalismos y corrupción.

La mejor manera de aprovechar la asignación de nuevos recursos, sin embargo, es hacer que sirvan para expandir los alcances de los Estímulos. Conseguirlo implicaría abarcar, a través de una simplificación administrativa y estrategias de comunicación, a las comunidades creativas que el Ministerio de Cultura no suele atender (músicos de cumbia y folclor, intérpretes de danza tradicional, gestores culturales de regiones); y favorecer a otros campos de la vida cultural que han sido afectados como los museos o las artesanías.

Los museos privados, por ejemplo, reciben muy poco apoyo del Estado peruano. Los alcances de la Dirección General de Museos del Ministerio de Cultura se agotan en gestionar y mantener los 56 museos públicos bajo su responsabilidad. Abrir una línea de financiamiento en su campo contribuiría a fortalecer las políticas de promoción del patrimonio cultural. Además, le daría oxígeno a diferentes instituciones y trabajadores independientes de la comunidad museística, asfixiados por el distanciamiento social y la evaporación de la demanda turística.

Finalmente, el círculo llegaría a completarse si el Congreso de la República acompaña la inversión del Ejecutivo con la promulgación de la Ley de promoción de la actividad cinematográfica y audiovisual. El marco legal de los Estímulos discurre por sus artículos. La decisión evitaría los trámites administrativos y la incertidumbre que genera su continuidad, ya que dependen de ser incluidos año a año en las leyes de presupuesto del sector público. Por este motivo, no solo es el fondo concursable de más reciente creación en la región (Argentina creó el suyo en 1958, 60 años antes) sino el que tiene la institucionalidad más precaria.

La atención de la emergencia sanitaria, en ese sentido, es una oportunidad para fortalecer, presupuestal e institucionalmente, a los Estímulos Económicos de la Cultura. A lo largo de la historia, las crisis muchas veces han motivado este tipo de procesos. De hecho, el Consejo de las Artes de Gran Bretaña tuvo como antecedente el Consejo para el estímulo de la música y las artes (CEMA, en inglés), organismo creado en 1939 para proveer de empleo a los artistas y alentar el consumo cultural, debido a la recesión generada por la Segunda Guerra Mundial y las restricciones impuestas a las actividades públicas por la amenaza de los bombardeos.

En tiempos de guerra se preparó el camino para la promoción de los derechos culturales en tiempos de paz. En circunstancias extremas como la actual, no hay que apuntar, entonces, a regresar a la normalidad sino a reinventarla.

*Fuente: Elaboración propia en base a Fondos de Cultura de Chile (2020), Fondo Nacional de la Cultura y las Artes -FONCA (2020) y el Instituto de Cinematografía de México (2020), el Programa Nacional de Estímulos (2020) y el del Fondo de Desarrollo Cinematográfico (2019) de Colombia, y los Estímulos Económicos para la Cultura del Perú (2020).

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