La Libertad es una mina de oro. Y lo es en sentido literal: entre enero y setiembre de este año, el 32,5% de la producción nacional de ese codiciado metal –casi la tercera parte– provino de esa región.
“A nivel departamental, La Libertad se posicionó en primer lugar […] de la producción aurífera total, destacando la participación de Compañía Minera Poderosa”, informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem) en un boletín.
El nombre de Poderosa ha saltado a las páginas policiales. La madrugada del sábado 2, presuntos mineros ilegales e integrantes de una banda criminal mataron a nueve trabajadores del proyecto que la compañía administra en la provincia liberteña de Pataz.
No es un hecho aislado, sino una nueva señal de alerta. Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de la empresa, narró a este Diario que antes del reciente atentado, fueron “víctimas de actividades violentas”, las cuales causaron las muertes de siete trabajadores en un período de 18 meses.
Según De la Flor, debido al incremento de la violencia en la zona, Poderosa contrató a mil “efectivos de seguridad patrimonial” de una agencia privada, adicionales a los 200 agentes con los que ya contaba.
José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental, explica que Pataz es un caso particular, puesto que ahí “la minería formal convive con la informal”. Esa convivencia –añade– “ha sido un poco tensa, pero se ha vuelto más complicada en los últimos años”.
Hay un elemento adicional: la violencia. “Lo de Pataz puede ser una nueva minería, la cual prioriza criminalidad. Se ven violencia extrema, bandas organizadas, ya sean contratadas [por mineros] o bandas que tratan de controlar el negocio. Creo que está en otro nivel”, opina De Echave.
El Comercio informó esta semana que en La Libertad operan por lo menos ocho organizaciones dedicadas a la extorsión y otros delitos. Algunas han encontrado en la minería un negocio rentable.
Rubén Vargas, experto en crimen organizado, comenta que la minería ilegal en la región no solo se ha expandido, sino que se ha complejizado.
“Tienen brazos armados y contratan a sicarios para competir con otros mineros ilegales y con la minería legal. El fin es controlar más territorio”, asevera.
Según el anuario de la policía, La Libertad fue en el 2022 la región en la que hubo más personas detenidas por extorsión y minería ilegal: 240 y 102, respectivamente.
Los detenidos por extorsión en esa región del norte representan el 32,65% del total. En el caso de minería ilegal, son el 18,37%.
Además de Poderosa, en Pataz funcionan los proyectos mineros de Horizonte y Marsa. Entre enero y setiembre, las tres compañías produjeron juntas 529.306 onzas de oro, según el Minem. Al cierre de este reportaje, el valor de la onza ascendía a US$2.041,40 en Londres y US$2.025,10 en Nueva York.
Poderosa (8,30%), Horizonte (6,60%) y Marsa (6,20%) son tres de las cuatro compañías con mayor participación en la producción nacional del referido mineral. Su presencia en el sector es fundamental. El interés del crimen en el rubro no es casual.
El subgerente de Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional de La Libertad, Luis Mendoza, indicó: “Hay mineros informales que contratan a los ‘chalecos’ [personas que ofrecen protección a cambio de dinero] con otros fines. No solo hay asesinatos, sino otros delitos. Lo que ocurre en esa zona es muy complejo, por lo que el gobierno regional está coordinando con el Ejecutivo para un tratamiento más fino e integral en Pataz. Si esto se deja, va a crecer más”.
En este escenario existe un factor todavía más peligroso: la influencia y poder que la minería ilegal adquirió con los años. “Los límites de lo legal y lo ilegal son muy flexibles. Esto hace más difícil enfrentar el problema”, sostiene Maritza Paredes, especialista en sociología política y medio ambiente de la PUCP.
En octubre pasado, el coronel de policía Miguel Balta Paredes, entonces jefe de la División de Orden Público y Seguridad de La Libertad, y Raúl Ataya Neyra, exgerente regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de La Libertad, fueron detenidos en la provincia de Otuzco durante un megaoperativo contra La Gran FA, banda criminal dedicada a la minería ilegal, entre otras actividades.
Pero los tentáculos de la minería ilegal se han extendido mucho más allá, a instituciones y autoridades regionales y nacionales. Si su avance no se contiene a tiempo, puede ser irreversible.
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