La inseguridad ciudadana es el segundo problema más importante del país. En el primer semestre del 2023, el 30,2% de peruanos consideró al aumento de la delincuencia como la mayor dificultad que debe afrontar, solo por debajo de la corrupción (54%), según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Asimismo, la institución estima que por lo menos ocho de cada 10 personas mayores de 15 años se sienten inseguras en las calles.
Si bien en los últimos años hubo un aumento sostenido en el monto asignado al Ministerio del Interior (Mininter), su participación en el presupuesto público total bajó de 6,7% en el 2019 hasta 4,7% en el 2023. Este año, el presupuesto del sector cerrará en S/11. 715 millones, 14% menos que al finalizar el 2022 (S/13.659 millones).
El presupuesto público aprobado por el Congreso de la República para el 2024 contempla una asignación inicial de S/10.942 millones para el Mininter
Pese a la ola delincuencial creciente en las ciudades (la victimización por arma de fuego en mayores de 15 años aumentó de 11,3% a 13,4% en el último año), solo el 3% del monto anual que dispone el ministerio (S/337 millones) se ha destinado a gastos de capital, partida que involucra la construcción o remodelación de comisarías e infraestructura, la compra de vehículos o armamento, así como otras inversiones.
La mayor cantidad de recursos (97%) está orientada al pago de salarios a policías o personal administrativo, cobertura de pensiones y contratación de bienes o servicios [ver gráfico].
Según estimaciones del sector, en el 2024 harán falta 128 comisarías adicionales a las 1.323 ya existentes para garantizar una atención mínima a la población.
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Acciones pendientes
¿Cómo optimizar el uso de los recursos asignados para enfrentar la inseguridad y reducir las brechas existentes? Karla Gaviño, profesora de la escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, señala que la preocupación expresada por el Gobierno frente a la delincuencia no se ha reflejado en un aumento de recursos o acciones específicas. Además, recomienda priorizar la inversión en la prevención del delito y fomentar la participación del sector privado para la ejecución de proyectos.
“No hay gastos relacionados con la prevención a nivel multisectorial que involucre al Mininter con sectores como Educación o Trabajo para identificar los grupos etáreos o zonas donde se puedan generar inseguridad, solo estamos reaccionando. Se puede contar con apoyo privado para dar celeridad a proyectos, así como mejorar estudios de preinversión”, anota.
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Para Eduardo Pérez Rocha, exdirector general de la PNP, el ministerio debe emplear mecanismos más eficientes para la adquisición de vehículos y equipamiento, incluso proponer desde el Ejecutivo nuevas formas de financiamiento a la policía y las Fuerzas Armadas, mediante impuestos a obras públicas o al patrimonio.
“En ningún país la policía alquila o renta vehículos para el patrullaje, como se viene haciendo acá. Todos necesitan características especiales según la zona. En el gobierno de Ollanta Humala, la PNP dio los requerimientos, se aprobó un presupuesto y se convocó a licitación, pero no se consideraron repuestos o mantenimiento. [...] El Mininter debería sugerir el aporte de, por ejemplo, el 5% de las obras públicas para la compra de patrulleros o equipamiento, como se hizo en Colombia en 1992″, opina.
Mira aquí el especial completo de ECData “A más crimen, menos recursos”.
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