Periodista Paola Ugaz afronta desde mañana un nuevo juicio en su contra

En los cinco años que han transcurrido desde que la periodista Paola Ugaz publicó el libro “Mitad monjes, mitad soldados”, investigación que realizó junto a Pedro Salinas sobre abusos dentro del Sodalicio de Vida Cristiana, ha sido blanco de más de una decena de denuncias en su contra. La más reciente es una querella por difamación que mañana tendrá su primera audiencia judicial.

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El nuevo proceso, a cargo del juez Rómulo Chira, titular del Noveno Juzgado Penal de Lima, fue abierto en octubre del año pasado a raíz de la denuncia por difamación interpuesta en 2019 por Luciano Revoredo Rojas, director del portal web LaAbeja.pe y excandidato al Congreso por Solidaridad Nacional, por el presunto delito de difamación agravada. Revoredo acusa de Ugaz de calificar a su portal como un “medio difamatorio” y por ello pide una condena de tres años de prisión para la periodista, 365 días multa y una reparación civil de S/200.000.

En la diligencia de mañana se presentarán los cargos formales. Salinas participará como testigo de Ugaz.

Para la periodista, se trata de un nuevo intento de intimidarla para que no publique su próximo libro sobre los negocios y el poder económico del Sodalicio. En diálogo con este Diario, cuestionó que el juez haya abierto el proceso penal pese a que es ella quien es constantemente mencionada en el medio que dirige Revoredo.

“En LaAbeja.pe hay más de 40 editoriales y artículos donde me dicen hipócrita, corrupta, me acusan de comercializar uranio y plutonio. Que se abra un juicio contra mí por esto es grave. No veo ninguna certeza de imparcialidad, mi pronóstico es el peor”, dijo a El Comercio.

Este Diario se contactó con Mario Camacho Perla, abogado de Revoredo, para conocer su versión sobre el proceso, pero decidió no declarar para esta nota.

Denuncias que no terminan

Las disputas en el ámbito legal contra Ugaz se iniciaron en el año 2018, cuando José Antonio Eguren Anselmi, arzobispo de Piura y miembro del Sodalicio, presentó una querella por difamación agravada contra ella y Salinas a raíz de sus declaraciones en un informe realizado por la cadena de televisión internacional Al Jazeera sobre presuntos vínculos entre dicha organización religiosa y el tráfico de terrenos en Piura.

Al año siguiente, con una sentencia condenatoria en primera instancia, Eguren retiró la demanda. Sin embargo, Ugaz señala que ese fue el primer paso de lo que califica como una “campaña de desprestigio” en tribunales, redes sociales y algunos medios de comunicación. “Durante el 2020 aparecí en cinco portadas en los diarios Expreso y La Razón en la que se me acusa de ser ‘La reina del sur’, que tengo una red de lavado de activos con gente que no conozco y en momentos en que no he estado en el país”, dice.

En la actualidad tiene vigentes otras dos demandas presentadas por Carlos Alberto Gómez de la Torreo, ex presidente de la Asociación Civil San Juan Bautista, sociedad vinculada al Sodalicio que fue mencionada en el reportaje de Al Jazeera. Una de las acusaciones, por difamación, se presentó en Lima y la otra, por el delito de falso testimonio, en Piura. De acuerdo con Ugaz, en el primero de los casos el juez decidió no abrir proceso, pero el denunciante apeló. Mientras que la demanda en Piura aún no tiene un fallo.

“Además, Edgardo Palomino Martínez [columnista de LaAbeja.pe y ex candidato al congreso por Solidaridad Nacional] ha presentado más de 7 demandas y apelaciones ante la fiscalía que dirige Rafael Vela [Caso Lava Jato] para que me incluyan como parte de la presunta organización criminal de Susana Villarán”, agrega Ugaz.

Por esta suma de denuncias, en setiembre del año pasado, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), por sus siglas en inglés) instó a las autoridades peruanas a tomar medidas para detener lo que llamaron una “campaña de acoso legal” contra Ugaz.

“El empleo de las demandas penales por difamación para intimidar y acallar a periodistas peruanos como Paola Ugaz ha continuado por demasiado tiempo […] Las autoridades deben poner fin a estas demandas transparentemente selectivas y tomar medidas sin dilación para adecuar las disposiciones penales sobre la difamación de Perú a la normativa internacional”, declaró entonces Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ.

A esta situación se suma que, en octubre pasado, Ugaz acudió a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional para denunciar que era víctima de amenazas de muerte y reglaje a la vivienda de Pedro Salinas en Mala. Pese a que el caso fue presentado en Lima, la fiscalía derivó la denuncia a Cañete.

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