La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que acatará parcialmente la disposición de teletrabajo obligatorio establecida para el sector público entre el 9 y el 13 de marzo, medida adoptada por el Gobierno ante la crisis de abastecimiento de gas natural. No obstante, aseguró que continuará garantizando la prestación de los servicios esenciales en la ciudad.
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A través de un comunicado, la comuna señaló que comprende la actual situación energética y respeta las medidas dictadas por el Ejecutivo. Sin embargo, precisó que algunas áreas municipales deberán continuar operando de forma presencial para asegurar la atención a la ciudadanía.
Según indicó la institución, por disposición del alcalde Renzo Reggiardo se mantendrán en funcionamiento servicios como seguridad ciudadana, fiscalización y control, limpieza pública, ordenamiento del tránsito, mantenimiento de vías y atención en salud.
La municipalidad también señaló que los procedimientos administrativos seguirán desarrollándose con normalidad, con el objetivo de evitar la paralización de trámites y servicios municipales durante el periodo de emergencia.
La decisión municipal se produce luego de que la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) formalizara el teletrabajo obligatorio para las entidades del sector público durante seis días, como parte de las acciones para enfrentar la crisis energética vinculada al suministro de gas natural.
La medida busca reducir la movilidad de trabajadores en la ciudad y así disminuir la demanda energética, permitiendo priorizar el uso del gas para el transporte público masivo.
De acuerdo con la normativa, algunas instituciones del Estado continuarán operando de manera presencial o bajo esquemas mixtos debido a la naturaleza de sus funciones.
Entre ellas se encuentran los organismos del sistema electoral, como la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones y el Reniec, así como los establecimientos de salud del Ministerio de Salud y de EsSalud, que deberán mantener la atención directa a la población.
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La resolución también contempla a entidades de fiscalización y supervisión como Indecopi, Sunafil, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), que podrán definir qué personal resulta indispensable para continuar con labores presenciales mientras dure la emergencia energética.
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