Granadas, homicidios y disputas territoriales: el lado oculto del estado de emergencia en Lima

Este último viernes concluyó el estado de emergencia en 13 distritos de Lima y uno del Callao, después de 105 días de vigencia. Esta medida, que fue inicialmente decretada el 27 de septiembre por un plazo de 60 días calendario mediante el Decreto Supremo N° 100-2024-PCM, se aplicó como respuesta una serie de crímenes registrados en la capital. Posteriormente, se prorrogó por 45 días adicionales en noviembre a través del Decreto Supremo N° 129-2024-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano.

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Los distritos incluidos en la medida fueron Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho-Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa, Villa El Salvador y Ventanilla. Según el Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) de la Policía Nacional del Perú (PNP), en estas jurisdicciones se reportó una disminución de denuncias por robo, hurto y extorsión; sin embargo, los homicidios aumentaron hasta un 27% en comparación con 2023.

A nivel nacional, la Policía Nacional del Perú anunció que para finales de 2024 se registraron 2.126 casos de homicidio. Del total, al menos 1.125 correspondían a sicariato, en su mayoría relacionados con ajustes de cuentas. El 84% de los homicidios se cometieron con arma de fuego, mientras que un 4% se atribuyó a agresiones físicas. Además, la motocicleta fue el vehículo más utilizado para cometer estos crímenes, los cuales ocurrieron en la vía pública en el 58% de los casos.

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En los 14 distritos que estuvieron en estado de emergencia, los homicidios aumentaron en un 27% respecto al año anterior. Datos policiales revelaron que de enero a diciembre de 2024, se reportaron 666 homicidios en estas zonas, mientras que en 2023 alcanzaron los 524. San Juan de Lurigancho lideró la lista con 155 casos, seguido por Comas (93), San Martín de Porres (71), Ate (68) y Puente Piedra (59).

Cabe resaltar que desde el 19 de setiembre de 2023 hasta aproximadamente el 19 de enero de 2024, se aplicó la el estado de emergencia en los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, y en siete distritos de Sullana. En tanto, el Cercado de Lima y Lince también fueron decretados en emergencia desde el 10 de octubre de 2023 hasta el 8 de diciembre del mismo año por inseguridad ciudadana.

Para Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, la reducción de denuncias por robo, hurto y extorsión no refleja una disminución de la violencia. Explicó que los niveles de victimización continúan en aumento. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 27,1% de la población mayor de 15 años fue víctima de un delito en 2023, cifra que aumentó a 27,4% en 2024.

Zevallos también destacó que, aunque el homicidio suele ser denunciado, la mayoría de los delitos no lo son. “Se sabe que 9 de cada 10 personas no denuncia un hecho delictivo. El homicidio es un panorama diferente, porque sí se denuncia. Hay un problema serio de inconsistencia porque por un lado se demuestra más violencia y por otro menos robos. En tanto, tenemos al INEI con las cifras que demuestran una tendencia en los niveles de victimización. No podemos hablar de un impacto positivo en estos últimos meses”, dijo.

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En paralelo, las denuncias por robo y hurto experimentaron una reducción del 29% y 3%, respectivamente, durante 2024 en comparación con el año anterior. San Juan de Lurigancho fue el distrito con mayor número de denuncias, alcanzando 7.787 por hurto y 4.877 por robo, seguido por San Martín de Porres, Ate y Los Olivos.

Una situación similar ocurrió con las denuncias por extorsión, que disminuyeron en un 19%, pasando de 5.602 en 2023 a 4.536 en 2024. Al igual que en los robos y hurtos, San Juan de Lurigancho lideró las cifras con 1.192 denuncias, seguido por Comas (607), Ate (396), Carabayllo (295) y Puente Piedra (269).

El experto en seguridad ciudadana, Frank Casas, coincidió con Nicolás Zevallos sobre el impacto real del estado de emergencia en los 14 distritos donde se implementó. Señaló que considerar como un “éxito” la reducción de denuncias es un contrasentido, ya que lo que realmente se necesita es que más personas denuncien los hechos de los que han sido víctimas. “El indicador de denuncia significa estar atento al malestar que sufre el ciudadano quien decide colocar su registro de que algo malo le está sucediendo”, dijo.

Casas también sugirió que la disminución de las denuncias podría estar relacionada con la desconfianza de los ciudadanos hacia las autoridades. “La reducción de la denuncia no significa menos inseguridad, sino menos atención al ciudadano para que pueda registrar su queja o su malestar por una afectación asociada a algún tipo de delito”, agregó.

El alcalde de Puente Piedra y líder de la Mancomunidad de Lima Norte, Rennan Espinoza, declaró que si bien durante el estado de emergencia hubo una cantidad considerable de policías y militares patrullando las calles, se aplicó en menor cantidad la investigación policial y las acciones de inteligencia. Indicó a El Comercio que no se aplicó la inviolabilidad de domicilio para combatir la delincuencia por falta de investigaciones y trabajos previos.

“El estado de emergencia solamente ha servido para que las Fuerzas Armadas tengan la autorización de salir a patrullar. Ahora, eso ha tenido un efecto visual y disuasivo, pero que no perdura en el tiempo. Cuando los delincuentes se familiarizan con la presencia militar, pierde su nivel disuasorio. Entonces, si las Fuerzas Armadas ya no salen, no es necesario tener una declaratoria de emergencia porque no se requiere estado de excepción para patrullar con la policía”, declaró el vocero.

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En tanto, el burgomaestre señaló que como resultado de la medida sí ha percibido una reducción de los delitos contra el patrimonio, como el robo y hurto en su distrito. Además, subrayó que ha conocido casos de personas que no han querido denunciar que han sido víctimas de un hecho delictivo, por lo que desde su municipio han impulsado campañas para incentivar las denuncias.

El alcalde de San Juan de Lurigancho, el distrito más afectado por diversos delitos, declaró que inicialmente el estado de emergencia no tuvo mucha coordinación por parte del Ejecutivo con su gobierno local. No obstante, para la segunda declaratoria, en la prórroga, la comunicación mejoró.

Al igual que el alcalde Espinoza, Maldonado resaltó que si bien hubo un buen despliegue de las fuerzas del orden para el patrullaje, no se reflejó la misma efectividad en las investigaciones policiales. “Quien tiene que conducir el estado de emergencia es la presidenta Dina Boluarte porque ella debería sacar a las Fuerzas Armadas, no el alcalde. Segundo, debería sentarse de manera inmediata con el Ministerio Público y el Poder Judicial porque en el caso de San Juan de Lurigancho tenemos dos penales que pertenecen al Instituto Nacional Penitenciario y están elaborados para ser escuelas delictivas”, declaró Maldonado.

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Hace cinco días, cuando el estado de emergencia aún estaba vigente, unos delincuentes lanzaron una granada tipo piña en el frontis de la casa de los padres del alcalde Maldonado, en San Juan de Lurigancho. El burgomaestre indicó que este atentado es uno de los que viene sufriendo por parte de criminales en respuesta a las acciones de fiscalización que viene aplicando en su jurisdicción para liberar espacios públicos que están lotizados por mafias, cobradores de cupo y extorsionadores dedicados al ‘gota a gota’. Indicó que estas acciones son parte de una estrategia que viene aplicando en su comuna.

“Nosotros hemos recuperado una zona donde había aproximadamente entre 3.500 y 2.000 comerciantes ambulantes donde se realizaban extorsiones a los transportistas, se lotizaban las calles y los vehículos no podían transitar. Esto le quitó aproximadamente S/4.000 diarios a los delincuentes. Como ahora no tienen dinero, no pueden comprar balas, armas, granadas, tampoco para contratar abogados para defenderlos. Cortarle el caño del dinero a la delincuencia es una estrategia que hemos aplicado en el distrito”, concluyó.