:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/QVFKJUFPNBGRRDF32RTGTXDXME.jpg)
El más reciente motín sucedido en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, ha puesto una vez más en total alerta a la ciudad tanto por el foco de violencia social que parece estar allí incubado como por la evidencia de que en materia de seguridad ciudadana el Estado sigue clamorosamente extraviado.
El domingo cientos de jóvenes internos se rebelaron en esta correccional porque 32 de ellos iban a ser trasladados a un penal de mayores: Piedras Gordas II, en Ancón.
Un incendio provocado alarmó a los vecinos, quienes por tercera vez en los últimos años sintieron la inminencia de su peligrosidad muy cerca, amenazando entrar en sus casas.
Los vecinos de San Miguel están ahora protestando enérgicamente. Piden que se traslade Maranguita a una zona alejada por la inseguridad que ocasiona y por el enorme caos que genera en los días de visita.
Maranguita es uno de los 10 centros de rehabilitación juvenil que existen en el Perú. En todo el país, según la Defensoría del Pueblo, teníamos 2.278 internos menores al 2012, de los cuales cerca de 800 estaban en el establecimiento de Lima. En el mismo reporte, la defensoría se preocupa por la sobrepoblación de Maranguita, excedida en más del 32% con respecto a su capacidad instalada.
Con el hacinamiento, Defensa Civil identificó por su parte gruesas fallas de infraestructura y de instalaciones eléctricas. Ello, sin embargo, no es lo más peligroso. Lo grave es la forma como se ha puesto en un solo régimen de encierro a jóvenes infractores de faltas comunes junto a delincuentes avezados de la talla del tristemente célebre ‘Gringasho’.
¿Qué hacen juntos en el mismo patio un adolescente capturado por robo de carteras con un frío sicario con varios asesinatos por encargo en su haber? Uno aprende del otro, echando a perder las cortas posibilidades de su resocialización.
Apenas el 6% del total de los internos juveniles son considerados de alta peligrosidad. Estos ‘Gringashos’, dada la gravedad de sus casos, tienen muy poca posibilidad de ser readaptados. No así el restante 94%, los mismos que por ley deberían tener la oportunidad de acceder a trabajos comunitarios.
La mala noticia es que apenas 3 de cada 10 de estos, a decir de Federico Tong, asesor de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, tienen la fortuna de encontrar un trabajo comunitario. El 67% no encuentra oferta alguna, con lo cual esta falta de implementación anula cualquier intento de política reformadora.
La ausencia de políticas especializadas en centros de rehabilitación como Maranguita es sintomática del extravío del Estado en seguridad ciudadana. Y es que, con su lentitud, está dejando clamorosamente suelto uno de los eslabones más importantes en la generación del crimen organizado: el de las acciones preventivas.
Como enfatiza Tong, es impostergable la implementación de mecanismos de reinserción social, porque así se corta la continuidad en una trayectoria delictiva. Una línea de carrera que encuentra en el motín exitoso el pasar su primer examen.
