San Juan de Lurigancho, el distrito de Lima con más infectados por COVID-19

La avenida Héroes del Cenepa, en San Juan de Lurigancho, está tomada por comerciantes ambulantes. Muchos de ellos se desplazan al lado de los fiscalizadores municipales (que no son ni cinco) empujando su mercadería en carretillas para materiales construcción, carritos de supermercado y hasta coches de bebé. Un par de vendedores de piña se sienta sin temor en los bordes de las veredas dejando que las frutas también toquen el suelo.

Vidal Pérez, un vecino de 62 años, los observa con desesperación. “La gente no toma conciencia", dice mientras huye de la muchedumbre. Ha salido para comprar en la bodega avena para toda su familia (son seis en casa), condimentos y otras cosas que su madre, de 92 años, requiere. “Tengo que cuidarla. Salgo con miedo”, dice. Además de la mascarilla, el hombre usa un protector de ojos que compró en una ferretería cercana y que es parecido a esos que se usan para bucear.

Vicente Palomino, mototaxista de 50 años, se detiene a unos metros con el rostro desencajado. “Lo que pasa es que hoy no están los militares. Cuando vienen ellos no está tan desordenado”, explica.

Palomino vive cerca, en la urbanización Santa María. No ha dejado de trabajar durante la cuarentena y tiene jornadas de hasta siete horas. En otras circunstancias le sería muy conveniente la multitud.

“Cada hora voy a mi casa para bañarme, desinfectarme. Trato de seguir las recomendaciones del gobierno y no dejo subir a nadie que no use mascarilla”, asegura. Cuando termina el día lava el vehículo con lejía. Pero sabe que nada de eso le garantiza que podrá sortear al coronavirus, ese enemigo que mide apenas 0,00001 centímetro y que el año pasado inicio un viaje alrededor del mundo desde Wuhan, una ciudad china a orillas del Yangtzé.

¿Cómo llegó a atravesar el río Rímac e instalarse en San Juan de Lurigancho? Dante Cerso, jefe de la Unidad de Inteligencia de Essalud, explica que el COVID-19 se dispersó en los vehículos de transporte público, principalmente en medios masivos y en las rutas hacia los centros de abasto.

En menos de dos meses (hasta el lunes 20 de abril) Lima tenía 11.297 infectados, según el Ministerio de Salud. San Juan de Lurigancho, el más poblado de los 43 distritos de la provincia (según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, tiene 1′162.000 habitantes), concentraba también el mayor número de enfermos por COVID-19: al menos 582.

El resultado no es solo una cuestión de proporcionalidad. Es también la falta de fiscalización en mercados y negocios. "Al alcalde Álex Gonzales no lo vemos y no hay suficientes serenos ni fiscalizadores para evitar que la gente se aglomere. Así que eso de la distancia social no se cumple”, dice Teo Ancas Quispe, dirigente vecinal.

El regidor de la comuna Neil Herquinio indica que hay apenas 80 agentes de Serenazgo para un distrito de 131,25 km2.

“En el mercado Mariano Melgar dos comerciantes han fallecido por coronavirus. Uno era un vendedor de pollo. Otro, un vendedor de verduras. Al día siguiente fue la municipalidad a baldear. Pero lo que necesitamos es desinfección. ¿Acaso nuestra vida no vale?”, se pregunta Ancas.

Vivir al día

Además de la poca capacidad de fiscalización en el distrito, hay otra razón por la cual no se ha respetado el aislamiento: la desesperación por la comida. Ancas explica que la mayoría de los vecinos trabaja de manera independiente, sin mayor posibilidad de ahorro. Más del 65% se ‘recursea’ en el transporte público y en el comercio ambulatorio, o desempeñan oficios cuyas remuneraciones son por jornada y al mes no llegan a cubrir ni un salario mínimo (S/930).

“Hay mucha necesidad de alimento, de agua potable, de jabón. Sobre todo en las comunas 13, 15, 17, en los asentamientos Cruz de Motupe, Juan Pablo II. Yo no soy una persona en extrema pobreza pero me duele lo que veo. Muchos vecinos están poniendo banderas blancas en sus casas en señal de falta de víveres”, dice.

De acuerdo con el INEI, ninguno de los residentes de este distrito percibe un salario mayor a los S/2.192,20 mensuales. Apenas el 1,9% gana entre S/1.330,10 y S/2.192,19. El 32,8% percibe ingresos de S/899,00 a S/1.330,09 mensuales. El grueso de la población (44%) llega a juntar entre S/575,70 y S/898,99.

Los que sobreviven con menos que eso forman parte de un terrorífico 21%.

“Hay que tener en cuenta que ganan poquísimo en empleos informales y viven hacinados. Hay viviendas con una sola habitación donde duermen cuatro, seis personas. En hogares así es imposible exigir una cuarentena perfecta”, dice Hugo Ñopo, economista e investigador de Grade.

Para casos de extrema pobreza, el Ejecutivo destinó bonos de S/ 380 por familia y destinó partidas de hasta S/2 millones (como es el caso de SJL) para que los municipios locales pudieran repartir canastas. Sin embargo, varios dirigentes vecinales aseguran que esta no han llegado a los más necesitados.

"Me preocupa que los dirigentes se vayan a levantar, porque han estado hablado de querer hacer una huelga –dice el regidor Herquinio–. El problema es que, por lo que me dicen, las canastas no llegan a los más necesitados, pero sí a los que viven en casas de dos pisos, a personas que tienen tiendas”.

“Hasta donde tengo entendido, la Contraloría ya está verificando qué criterios de calificación tuvo el municipio para el empadronamiento”, dice Manlio Álvarez, representante del Defensor del Pueblo en Lima Este. “Los vecinos se sienten olvidados y si esto pasa con los connacionales, menos se ha podido atender la demanda de la población extranjera. San Juan de Lurigancho es uno de los distritos que más venezolanos ha recibido”, añade.

“Por los reservorios no llega la municipalidad a desinfectar ni a llevar canastas", dice Pamela Vilca, vecina de 39 años, señalando los cerros de Bayóvar, donde se ha establecido el asentamiento Balcón de Bayóvar. "Hay muchos ancianos y la gente se muere de hambre. Yo vivo más abajo y entre los vecinos estamos viendo para pagar 9 soles por casa para que una empresa nos desinfecte las fachadas. Pero si arriba no tienen para comer, menos para pagar por desinfección”, lamenta.

Salvados por las multas

Antes del 14 de abril, cuando el gobierno reglamentó las multas para quienes incumplieran el aislamiento, la Comisaría de Canto Grande era un loquerío. “Teníamos 50, 70 y hasta 100 detenidos por día”, dicen los agentes. Y eso que, aseguran, no contaban –ni cuentan– con apoyo municipal para realizar los patrullajes.

Pero, desde que el Ejecutivo dio luz verde a las papeletas, la dependencia se ha quedado libre de detenidos y el riesgo de infección, creen, ha disminuido. Así que ahora los policías tienen otro semblante. Además, hace poco les hicieron las pruebas para descartar la infección y dieron negativo. Para mantener la cifra en cero, desinfectan y fumigan la dependencia de manera constante.

Asimismo, los agentes han formado grupos de Whatsapp con los vecinos de varios barrios como Santa María y San Martín, para poder vigilar mejor esas zonas. “Nos informan sobre lo que ocurre en sus barrios y también les damos consejos. Si hay muchachos jugando fulbito durante el toque de queda, los del chat se organizan, van a la loza y les quitan la pelota”, cuentan.

De otra forma no se darían abasto.

Según el censo policial del 2017, hay 1.339 policías para todo el distrito. Es decir, casi uno por cada 800 personas, todas potenciales infractores.

Últimamente ya no reciban denuncias por robos (que antes eran una cosa cotidiana), pero continúan atendiendo llamadas por violencia familiar. Solo en el primer mes de la cuarentena, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, fueron presentadas 204 denuncias de este tipo en SJL y el Ministerio Público investiga 23 de esos casos.

En la Comisaría de Bayóvar ya tampoco tienen detenidos. A los últimos intervenidos por violar la inmovilización social, cuentan los agentes, los soltaron el 15 de abril. Pero no falta quien se acerque con la intención de pedir autorizaciones ‘especiales’. Un sujeto solicita delante nuestro hablar con el comisario. Cuando le preguntan cuál es la urgencia, responde:

–Quiero un permiso para vender cosas...

–Acá no damos eso, señor –le contesta un suboficial.

El hombre pretende insistir, pero el policía le pide que vaya a su casa y voltea la cara.

Pronóstico reservado

Dante Cerso, de Essalud, explica que es posible que las cifras de hospitalizados y fallecidos por COVID-19 aumente significativamente en las próximas semanas en aquellos distritos con más hacinamiento, donde la incidencia de TBC es mayor y donde históricamente se ha registrado más víctimas de neumonía. Este año el Centro Nacional de Epidemiología del Minsa identificó a San Juan de Lurigancho como el distrito con más habitantes en riesgo por neumonía. Sumaban 87.183.

"Acá la situación es difícil. El Hospital de San Juan de Lurigancho siempre ha estado hacinado. No hay ventilación ni extractores en el área para COVID-19 y no tenemos suficientes trajes y mascarillas para cambiarnos cuando vamos a atender a otro paciente. Si salimos a almorzar, debemos regresar y colocarnos los mismos mandiles”, dice una obstetra del establecimiento, quien prefiere mantener su identidad en reserva.

Las batas y las mascarillas les deben durar 24 horas. “Y eso que estamos en una zona de alto riesgo. El personal de limpieza pasa por el medio del área materna con todos los residuos de las salas de operaciones y de parto”, se queja. Por eso varios trabajadores de ese centro de salud han comprado sus propios protectores faciales.

“Los administrativos no entienden lo que necesitamos para trabajar. Más de tres colegas se han infectado. Este mes contrataron personal CAS especialmente para atender los casos COVID-19, pero no sé si hubo una correcta capacitación. Hace unos días una compañera estuvo trabajando a seis metros de cuatro cadáveres COVID-19. Veinticuatro horas estuvieron los cuerpos ahí. El olor era fuerte. Ahora ella está con tos. No ha regresado al trabajo”, cuenta.

Dice que el personal ya no tiene confianza ni para usar los platos y cubiertos del comedor. Algunos han comenzado a llevar sus propios recipientes.

Este Diario solicitó desde el jueves 16 una entrevista con el Ministerio de Salud. No hubo respuesta.

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