Los menores del pabellón San Francisco de Maranguita recuperan los ambientes luego del incendio que causaron el pasado 28 de octubre. (Anthony Ramírez / El Comercio)
Los menores del pabellón San Francisco de Maranguita recuperan los ambientes luego del incendio que causaron el pasado 28 de octubre. (Anthony Ramírez / El Comercio)

Cinco días después del último motín en Maranguita, los internos del pabellón San Francisco continúan reparando los daños. Deben limpiar el hollín de las paredes, lijarlas un poco y darles una mano de pintura.

“Ellos hicieron los destrozos y deben ser parte de la recuperación”, dice el director del centro, Guillermo Cavero, que tiene menos de un mes en el cargo. Los menores se le acercan para saludarlo. Él le rasca la cabeza a uno de ellos, que se encoge y sonríe.

“La mayoría viene de familias disociales. No han recibido cariño. Han pasado frío y hambre, se han refugiado en las drogas y han caído en la delincuencia. Hay casos en los que los mismos padres han avalado los delitos por el dinero”, cuenta Cavero.

El pasado 28 de octubre, 15 chicos armaron una reyerta y prendieron fuego a camarotes y colchones. Fue el segundo incendio causado por los jóvenes en los dos últimos meses en este reformatorio oficialmente llamado Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. Protestan contra las revisiones a las que deben someterse sus visitas, durante las cuales, muchas veces, les pasan celulares y hasta droga. Además, exigían el “derecho” al encuentro íntimo con sus parejas, tal como se les otorga a los presos en las cárceles. “Esa petición está fuera de toda negociación”, sostiene Julio César Magán, gerente de Centros Juveniles del Poder Judicial.

EN CIFRAS

1.035 menores, en el ámbito nacional, viven en reformatorios por haber cometido robos simples y agravados.
371 adolescentes recluidos en centros del país cometieron violación sexual.
149 internos de Maranguita tienen primaria incompleta, mientras que 24 ingresaron sin saber leer ni escribir.

El funcionario explica que un buen porcentaje de los muchachos tuvo su primera relación sexual a los 10 u 11 años. “Algunos ya tienen hijos, pero nosotros no podemos normalizar esa situación”, insiste.

En San Miguel, los vecinos siguen preocupados. El alcalde del distrito, Eduardo Bless, teme que se repita la violencia y ha pedido que Maranguita se traslade a otro lugar.

No es una solicitud descabellada. La respaldan los funcionarios de los centros juveniles. “Falta inversión en infraestructura. Todos los centros de rehabilitación funcionan en antiguos albergues. Ningún local ha sido construido ad hoc”, explica Magán. Maranguita no es la excepción. Fue construido con otros fines en 1902. En 1945 comenzó a funcionar como correccional. Hoy alberga a 953 jóvenes cuando solo tiene capacidad para 560. La sobrepoblación es de 70%.

Los mismos reclusos deben transformar sus camarotes de dos pisos y añadirles un tercero para que entren todos sus compañeros. Lo hacen en el taller de carpintería metálica fuera del cual ahora se observan todas las estructuras quemadas durante el motín.

Mientras tanto, otro grupo de internos ayuda a distribuir los nuevos colchones que han llegado a Maranguita. Los dejan en medio del patio y varios compañeros aprovechan para tirarse sobre ellos. A eso del mediodía, los menores corren a bañarse a las duchas comunes. Luego, vuelven a colocarse el buzo y las sandalias (no pueden usar otro tipo de calzado por medidas de seguridad), y quedan listos para recibir a su visita de los jueves.

—Problemática nacional—
En el país hay 2.145 menores en reformatorios. Las infracciones más comunes son robo, violación sexual y homicidio.

En 1.489 de los casos, se trata del primer ingreso del menor a un centro; pero hay 64 muchachos que consignan seis entradas. “Trabajamos con una población complicada y no contamos con personal de seguridad capacitado. Algunos han sido guachimanes de discoteca”, se queja Magán.

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