“Si no nos mata el covid, nos mata el olor”. Roxanita Rengifo no tiene agua potable, su hija de 3 años sufrió varios meses de dermatitis por exposición a aguas servidas, su bebé de 6 meses ha empezado a mostrar sarpullido en el rostro, al negocio de su familia le robaron cuando trataban de limpiar el último aniego que inundó su casa y vive con el constante temor de que el colector de desagüe ubicado al frente vuelva a colapsar. Ya ha pasado al menos cuatro veces en los últimos dos años y medio, reclama. Pero lo que la supera es ese olor nauseabundo que inunda todo cada mañana a las 10 a.m., cuando un hidrojet bombea la materia fecal de la tubería en reparación desde hace más de dos años. No puede comer, dormir, vivir tranquila.
Ella es una de las vecinas de la cuadra 12 de la Av. Próceres de la Independencia, en San Juan de Lurigancho (SJL), que han visto sus vidas alteradas desde que el 13 de enero del 2019 el colector Canto Grande inundó sus viviendas. El último sábado, volvió a anegar todo con aguas servidas.
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Junto a ella está Delia Gastañadui, que ha perdido mercadería de su tienda y tiene un intenso escozor en brazos y pies; también está Alejandra Huallpa que vio las naranjas de su negocio de venta de jugo sumergidas en el agua contaminada, y Luis Tunque, cuyas prendas que confecciona terminaron bañadas por el agua pestilente. Todos agregan que han presentado intensos dolores de cabeza por el mal olor, infecciones, hongos y alergias.
Con ellos, cientos de familias de SJL han sido afectadas por el corte del servicio de agua potable a raíz del aniego. Desde el sábado, forman largas colas para conseguir agua de cisternas habilitadas por Sedapal, que ha indicado que el servicio se restablecería recién en una semana. El distrito más poblado de Lima enfrenta sin agua la pandemia.
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Varios involucrados
En un comunicado, Sedapal informó que el último aniego se produjo cuando se realizaban pruebas del Sistema Alterno de Emergencia, como parte del cambio de 3.5 km de tubería de la red de alcantarillado en la Av. Próceres de la Independencia.
Estas obras buscan solucionar las fallas derivadas del primer aniego del 2019, cuyas causas fueron atribuidas a las empresas involucradas en la reubicación y mantenimiento del colector Canto Grande, cuyo trazo original tuvo que ser modificado por la ubicación del Metro de Lima. El informe de la comisión del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) creada para ese fin determinó en marzo de ese año que hubo responsabilidades de Sedapal y de la empresa Acciona S.A., encargada del mantenimiento, en el aniego. Pese a ello, esta última ha seguido contratando con la empresa estatal.
Según el portal de proveedores del Estado, Acciona S.A. ha firmado cuatro contratos con Sedapal por S/589 millones en los últimos dos años. El primero de estos contratos, por la ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en Ventanilla, se firmó apenas tres meses después del aniego. Los siguientes, por “Servicio de Actividades Comerciales y Operativas”, son de agosto del 2019 y dos de junio de este año, con vigencia hasta el 2024.
De acuerdo con el informe final de la comisión, Sedapal y Accion “ocultaron información” sobre los trabajos para atender los primeros forados registrados en la cuadra 8 y 9 de Tusílagos días antes del aniego principal. El documento indica que Acciona S.A. habría realizado excavaciones que dañaron la tubería matriz. Como prueba de ellos, el informe mostraba imágenes de un video en el que se observaba a un operario de esta empresa colocando un panel de madera sobre el colector para presuntamente tapar una fisura y evitar el ingreso de material, algo que habría desencadenado el colapso.
Dichas imágenes, captadas por una cámara de vigilancia del Metro de Lima, también fueron compartidas por el entonces ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce, quien indicó en conferencia de prensa que demostraban la responsabilidad de la empresa Acciona en el aniego. “El video muestra la manera negligente en que fue tratada esta emergencia, lo que coincide con el informe final de la investigación que se realizó”, dijo en dicha ocasión Bruce.
Pero no esa es la única empresa involucrada. Otro informe, esta vez de la Contraloría, determinó el año pasado que siete funcionarios de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE) y Sedapal habrían incurrido en irregularidades en los trabajos de reubicación de redes primarias (entre el 2011 y 2013) que a la larga derivaron en el aniego. De hecho, ya el informe de la comisión ministerial señaló dos años antes que la tubería matriz de un metro y medio de diámetro colocada por el consorcio Tren Eléctrico, conformado por Odebrecht S.A. y GyM S.A., no fue la adecuada para la obra. “La utilización de una tubería inapropiada por su poca hermeticiadad, poca resistencia y fragilidad, contribuiría en incrementar la vulnerabilidad del sistema”, decía el informe.
A eso se suma que según la Contraloría, dos funcionarios de la AATE habrían favorecido al favorecido al Consorcio Tren Eléctrico, al permitirle que contrate directamente a una tercera empresa (IVC Contratistas Generales SRL) sin contar con el marco legal y sin controles para que ejecute los trabajos de reubicación de interferencias con las redes primarias de agua potable y alcantarillado. “Lo señalado ha ocasionado que las redes primarias de alcantarillado en los tramos Bayóvar - Santa Rosa, Caja de Agua y Pirámide del Sol, actualmente evidencien deformaciones y desalineamientos horizontales y verticales”, agrega el informe.
Después del escándalo de Lava Jato, la primera dejó de contratar con el Estado. GyM tampoco ha tenido licitaciones desde el 2017. GyM S.A. era un consorcio de Graña y Montero con la razón social CUMBRA PERÚ S.A.. Esta empresa no tiene licitaciones ni contratos ganados en los últimos dos años. IVC Contratistas Generales SRL, por su parte, firmó un contrato con el MTC para obras de mejoramiento de una carretera en Áncash.
Este Diario intentó comunicarse con Acciona SA, pero al cierre de esta nota no fue posible. También se solicitó una entrevista con voceros de Sedapal, pero optaron por no brindar declaraciones.
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