Lamsac: todo sobre la controversia por la reducción del cobro de peajes

La empresa Lamsac, que administra las garitas para el cobro de peajes correspondientes a la concesión del proyecto Línea Amarilla, aseguró en un comunicado que desde hoy aplicará la reducción en su tarifa de S/5,70 a S/5,20 en los 11 puntos de cobro situados en lo largo del proyecto vial.

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Ello, luego de que ayer Lamsac fuera notificada con la resolución judicial que establece la referida reducción de S/0,50. El mandato indica que la medida regirá al día siguiente de que la concesionaria sea notificada.

La solicitud para que quede sin efecto el “reajuste ilegal” de la tarifa del peaje del proyecto Línea Amarilla fue formulada por la procuraduría ad hoc del Caso Lava Jato ante el Poder Judicial.

Sin embargo, Lamsac consideró que la resolución es “contraria al régimen legal vigente” y vulnera la seguridad jurídica de los contratos de concesión. La empresa informó, además, que apelará el fallo en el plazo de ley. Remarcó que solo un tribunal arbitral tenía la jurisdicción exclusiva para resolver este tema tarifario.

Fuentes en la procuraduría ad hoc indicaron a este Diario que, tal como lo contempla el fallo, en caso la empresa no ejecutara la orden judicial, debe ser denunciada por el Ministerio Público bajo la causal de desobediencia a la autoridad.

—El caso—

La procuraduría ad hoc señaló que obtuvo la orden de reducción del costo del peaje en Línea Amarilla, a partir del proceso penal en contra de Domingo Arzubialde, exgerente de Inversión Privada de la Municipalidad de Lima (funcionario durante la gestión de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán), quien, en mayo del 2019, fue condenado a cuatro años de prisión por negociación incompatible.

El Poder Judicial determinó que Arzubialde favoreció indebidamente a Lamsac con un reajuste indebido del precio del peaje.

“El señor Arzubialde cometió un delito”, manifestó el procurador ad hoc del Caso Lava Jato, Jorge Ramírez.

En ese sentido, la procuraduría subrayó que como parte del proceso seguido a Arzubialde logró incorporar a la empresa como tercero civilmente responsable del caso.

Con ello, la procuraduría quedó habilitada para plantear un pedido de reducción en la tarifa del peaje como el que ordenó el Poder Judicial (S/0,50). Según se detalló en la procuraduría ad hoc, si bien la actuación de Arzubialde generó otros aumentos tarifarios, en el caso específico por el que él fue condenado se le atribuye un incremento correspondiente al citado monto.

“Nuestra tesis en procuraduría es que si aquella actuación [del exfuncionario Domingo Arzubialde] fue delictiva, quiere decir que el reajuste del peaje también es ilegal. Por lo tanto, para que no se siga perjudicando a los ciudadanos, pedimos el cese del cobro que estaba vigente”, dice Ramírez.

El procurador precisó que la reducción de las tarifas de los peajes de Lamsac debería ser mayor a los S/0,50 dictados por el Poder Judicial. Pero que aquello sería posible a partir de otras investigaciones (al menos dos en curso) que sigue el Ministerio Público, en torno al Caso Lava Jato, y que también están vinculadas al cobro de peajes. “El Ministerio Público está trabajando colaboraciones eficaces, pero sobre esos procesos no me puedo pronunciar”, refirió.

En el 2009, cuando se firmó el contrato de concesión con la Municipalidad de Lima, durante la gestión de Luis Castañeda, la constructora brasileña OAS era dueña del 99% de Lamsac. Desde el 2016, la firma francesa Vinci Highways tomó el control de la concesión tras comprársela a Invepar, que la recibió de OAS en el 2012.