Los ‘dueños de la Javier Prado’: ¿Qué harán la ATU y el Corredor Rojo ante caos por minivanes informales?

Tras la publicación del informe de la campaña #NotePases de El Comercio, que revela la existencia de los ‘Dueños de la Javier Prado’, un grupo de 9 personas que tienen a su nombre una gran flota de minivanes que hacen taxi colectivo en dicha avenida, así como una deuda millonaria por papeletas impagas, tanto la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) como el concesionario del Corredor Rojo se manifestaron al respecto, aunque el segundo fue más enfático en cuanto a las medidas que se piensan tomar.

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Este Diario analizó placa por placa un total de 230 minivanes que recorren la Javier Prado haciendo transporte informal. Tras verificar en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la ATU y los Registros Públicos, se descubrió que en promedio, por cada 100 vehículos se generan casi 1 millón de soles en papeletas sin pagar. Además, cerca de la mitad de los choferes analizados manejan sin brevete habilitado.

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Sin embargo, el principal descubrimiento tiene que ver con un grupo de nueve personas que tienen a su nombre 77 unidades que hacen taxi colectivo en una de las vías con mayor flujo vehicular y de peatones de todo Lima. Estos vehículos son manejados por choferes que encubren una serie de prácticas que bordean la ilegalidad, poniendo en riesgo tanto a pasajeros como peatones cada día.

Al respecto, Ángel Mendoza, representante del Corredor Rojo, indicó que corresponde “tomar acciones legales en contra de los responsables (colectiveros) en materia penal, civil y administrativo”, ya que el concesionario evidentemente está siendo objeto de una competencia desleal por la existencia de toda una empresa ilegal que ofrece el servicio de colectivo en su ruta.

“A través del informe -y la campaña (#NotePases)- se ha identificado bien los principales problemas que genera el taxi colectivo: congestión vehicular, contaminación, desorden, rompimiento del principio de autoridad, a fin de que la ciudadanía los conozca más a fondo. Iniciar acciones legales es algo que por responsabilidad contractual y de gestionar eficientemente el sistema de corredores estamos en la obligación ambas partes, tanto el concedente que es la ATU como los concesionarios. Comentaré con el presidente de ATU a fin de tomar acciones”, señaló a El Comercio.

Asimismo, Mendoza dijo que es responsabilidad tanto de los operadores como de la ATU cumplir con las obligaciones del contrato de concesión, a fin de que se pueda alcanzar el tan ansiado ordenamiento del transporte y un sistema integrado del mismo.

“Las obligaciones principales del concedente es velar por la intangibilidad de las vías, fiscalizar la informalidad, racionalizar las rutas convencionales para que no se superpongan al corredor, generar condiciones para que el sistema sea eficiente a través de mejoras operativas, como la ampliación de los carriles segregados para los buses de los corredores”, mencionó.

En esa línea, agregó que los operadores de los corredores vienen trabajando de manera conjunta con la ATU y que se está avanzando en el cumplimiento de estos propósitos. Detalló que tanto la fiscalización de autos colectivos como otros puntos se han plasmado en una agenda como parte de las mesas de diálogo con el nuevo presidente de ATU.

“Efectivamente estamos trabajando de manera conjunta y se está avanzando. “Creemos que se está recobrando el principio de autoridad; la ATU está dando soluciones técnicas y poniendo mano dura contra la informalidad, no solo a través de una mejor capacitación y mayor número de inspectores, sino que está recurriendo a algunas ayudas tecnológicas, como el convenio con los municipios de La Molina y San Borja, por el cual se han puesto cámaras que permiten tomar fotopapeletas a informales cuando invaden paraderos o carriles segregados de Javier Prado”, precisó Mendoza.

El representante del Corredor Rojo comentó también que la ATU viene ampliando los carriles segregados en más de 7 kilómetros en los tres corredores existentes (Rojo, Azul y Morado). En el caso del rojo dijo que se acaba de implementar 2,5 km de ampliación de carriles exclusivos con la finalidad que los buses vayan a mayor velocidad y de forma segura. “De esta manera, el usuario se ahorra en promedio 15 minutos de ida y 15 minutos de vuelta. Esto se está dando porque hay un mayor control”, consideró.

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“Sabemos que la informalidad sigue coexistiendo, persistente, pero creemos que, en un tiempo corto, con estas medidas, estamos camino a que efectivamente se logre la eficiencia en el servicio de los corredores. Hay mucho más por hacer, obviamente”, resaltó.

Vale precisar que a la fecha, el Corredor Rojo cuenta con una flota de 225 buses operativos. Además, posee 20 buses adicionales listos a prestar servicio en caso se requiera. Mendoza señaló que el intervalo entre cada unidad es de aproximadamente 2 minutos en hora punta. Sin embargo, El Comercio pudo comprobar que esta frecuencia no se cumple eficientemente, sobre todo en horas pico: 6pm, 7pm y 8am. El tiempo de espera de un bus puede tardar incluso hasta 6 minutos.

Tras consultar por las acciones a tomar tras la publicación del informe Los ‘dueños de la Javier Prado’, la ATU no brindó una respuesta concreta a este Diario. Lo que sí detalló a modo general fueron las medidas que vienen tomando en las rutas correspondientes a los corredores complementarios a fin de erradicar el transporte informal.

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En el caso específico del Corredor Rojo, sostuvo que ha reforzado los operativos de fiscalización. Indicó que en lo que va de este año, hasta el 15 de julio, sus fiscalizadores impusieron 2.468 actas (papeletas) por informalidad, mientras que 323 vehículos fueron enviados al depósito.

Además, dio cuenta del trabajo de fiscalización electrónica que viene ejecutando. En el marco de los convenios suscritos con las municipalidades de La Molina y San Borja, informó que se logró detectar 75 vehículos que trasladaban pasajeros de manera ilegal, bajo la modalidad de taxi colectivo.

“Entre el 13 y el 21 de junio de 2023, el personal de fiscalización de la ATU obtuvo videos y fotografías que evidencian que las señaladas unidades realizaban el servicio de transporte de pasajeros en una modalidad no regulada (colectivo), entre los cruces de las avenidas Javier Prado, La Floresta y La Molina”, agregó.

Por otro lado, la ATU detalló que ha aumentado la longitud de los carriles exclusivos. “En total, se trata de 2,4 km de nuevas vías segregadas que se encuentran en varios tramos de la Av. Javier Prado, como en los cruces con las avenidas La Molina, Guardia Civil y Navarrete, y entre la av. Manuel Olguín y el óvalo Monitor (junto a la Universidad de Lima). Asimismo, en la av. Faustino Sánchez Carrión, cerca de los cruces con las avenidas Gregorio Escobedo y Salaverry y con el jirón comandante Jiménez”, puntualizó.

Patricia Alata, directora técnica de ‘Lima Cómo Vamos’, indicó a este Diario que la investigación muestra que no se trata de un conjunto de individuos que de forma particular se articulan en este sistema como una forma de vida, sino que es un proceso mucho más armado y estructurado con una toma de decisiones claras detrás. “Uno comprende que esto (las minivanes informales) es consecuencia de un sistema de transporte público que no ofrece lo que la ciudadanía necesita”, sostuvo.

La especialista precisó que una de las complicaciones que tiene la formación de un sistema de transporte público integral es el costo. Por ejemplo, es un gran limitante para muchas personas tomar el Metropolitano por ser un servicio caro en comparación a otros modos de viaje. Aquí el costo es los más valorado. Sin embargo, en el caso del taxi colectivo no pasa ello, ya que no es más barato que un corredor.

“En este caso particular las personas no optan por el colectivo por el costo, sino por el tiempo de viaje. Más aun en una avenida como Javier Prado, una vía particularmente útil para movilizarse por trabajo o estudio. El transporte público de corredores no permite prever el tiempo que va a tomar el viaje. La ATU tiene mucha responsabilidad en esto, pues debe garantizar que se den las condiciones respectivas para que el tiempo de viaje se cumpla. Esa oferta, lamentablemente, la están dando los colectivos”, señaló.

En esa línea, Alata consideró que si bien se le da foco a la fiscalización de la informalidad, algo que está muy bien, también se debe proveer la infraestructura adecuada que requiere nuestro transporte público.

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“Ya hemos visto que se imponen papeletas y estas se acumulan, no es un factor que disuada a estas personas de ofrecer este tipo de servicio ilegal. Se debe priorizar también la mejora de la infraestructura. Vemos que los “carriles exclusivos “de los corredores son pequeños separadores en los paraderos que en realidad no delimitan la ruta de los buses. Estas unidades al final circulan por carriles donde se meten taxis, motos y autos privados”, dijo.